Sigue Gobierno de Q Roo de panzazo en evaluación penitenciaria

en CHETUMAL

Por Guillermo Miranda

Chetumal.- Sin mejorar la situación en las cárceles públicas en la entidad, por el contrario bajando centésimas en calificación de acuerdo al Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2018 emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) por segundo año consecutivo en descenso.
De acuerdo a lo que informó este medio de comunicación, las recomendaciones hechas por la CDHEQROO no todas han sido acatadas, por lo que las quejas en cuanto presuntas violaciones a los derechos humanos tanto de los internos en las cárceles públicas, como de los familiares de los mismos que sufren vejaciones y todo tipo de tropelías en las horas de visita, siguen sin ser atendidas al 100 por ciento.
De acuerdo a la opinión de los internos e internas que fueron encuestados sobre la atención recibida en áreas jurídicas, médica, educativa, psicología y trabajo social en su mayoría reprobó a las autoridades carcelarias en los diferentes centros de reinserción social.
El presidente de la CDHEQROO, Marco Antonio Tóh Euán emitió el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2018, cuya calificación fue de 6.00, bajando cuatro centésimas en relación con el año anterior, observándose resultados mixtos para cada cárcel y en cada rubro analizado.
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA CDHEQROO
El Centro de Reinserción Social (CERESO) de Chetumal tuvo una calificación aprobatoria pero con alerta de riesgo de 6.78, mejorando comparativamente que en 2017, ya que se aprobaron cuatro de cinco rubros: condiciones de gobernabilidad, los aspectos sobre las garantías a la integridad física y moral, estancia digna así como el de la reinserción social.
Por otro lado, el aspecto con deficiente desempeño fue el de los grupos de personas privadas de la libertad con requerimientos específicos, especialmente de la población LGBTTTI y de personas con adicciones, es decir, no hay una adecuada atención sobre todo en aquellos enfermos de SIDA.
El Diagnóstico emitido precisa que en el Centro de Reinserción Social en Benito Juárez siguen prevaleciendo las deficiencias en las condiciones del mismo, lo que se refleja en la calificación de 5.55. El aspecto más determinante para este resultado, son las condiciones de gobernabilidad, especialmente por el insuficiente personal de seguridad y custodia. En tanto que en el caso mejor evaluado y con calificación aprobatoria fue el derecho a la reinserción social, en razón de la integración y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario.
En cuanto a Cozumel se observa una desmejora, siendo que el año pasado se encontraba aprobado y como el mejor calificado. La calificación de aprobado pero con alerta de riesgo de 6.47 en 2018, se da por la queja constante sobre las condiciones de alimentación por parte de la población penitenciaria, así como la inexistente separación entre la población procesada y sentenciada. Sin embargo el mejor desempeño se obtuvo en las condiciones de gobernabilidad.
Para el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen la calificación fue de 6.26, continuando como aprobatoria pero con alerta de riesgo, con cuatro rubros por encima de 6 y uno con 5.72 correspondiente al aspecto de reinserción social de la persona privada de su libertad.
La Cárcel Pública de Felipe Carrillo Puerto, sigue estando en condiciones reprobatorias dada por la falta de prevención y atención de incidentes violentos, la escasa normatividad que rige el centro, la inexistente separación de población sentenciada y procesada, así como de acciones relacionadas con los beneficios de libertad anticipada y la escasa atención grupos con requerimientos específicos como el de las personas mayores.
En el diagnóstico de manera general se emitieron las conclusiones pertinentes, destacando que el insuficiente suministro de alimentos, las condiciones materiales y de higiene, el hacinamiento y la sobrepoblación (en Cancún), la gobernabilidad y seguridad, el personal de seguridad y custodia, el tema de la atención a la salud, las actividades laborales y de capacitación, la prevención y tratamiento de la tortura, y la atención de las personas privadas de la libertad con requerimientos específicos, son los puntos más urgentes a atender a fin de garantizar la dignidad humana. Es por ello que también en relación a cada uno de estos puntos mencionados, se le hicieron llegar una serie de propuestas a la Secretaría de Seguridad Pública con el fin de que se mejore dichos centros.

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