Amparos

Analiza Coparmex posibles amparos para diferir impuestos

 

AGENCIA SIM

Playa del Carmen.- Aclarando que no se pretende evitar pagar, sino solo aplazar las fechas de cumplimiento, Marcos Gutiérrez Martínez, tesorero de Coparmex Riviera Maya, confirmó que hay empresas que analizan posibles amparos para lograr esto, tal como ocurrió en San Luis Potosí.
En entrevista luego de una conferencia virtual organizada por esta cámara patronal, el tesorero señaló que una empresa en San Luis Potosí obtuvo una suspensión, sin todavía tener sentencia definitiva, por la que un juez obliga a que se generen lineamientos para el diferimiento de impuestos, durante la actual emergencia sanitaria nacional.
No obstante, Presidencia ya emitió un comunicado en donde señalan que esa suspensión ya fue modificada y no tiene los efectos que se han difundido en medios de comunicación.
Sería en este sentido que empresas podrían buscar ampararse, indicó el tesorero, en la búsqueda de lineamientos para prórrogas, pero no en la condonación de impuestos, pues eso vulneraría el estado de derecho e iría en contra de los valores de Coparmex.
“Sería importante que el presidente se pronuncie y facilite la situación. Hay un video de cuando fue la contingencia por la influenza AH1N1, que fue más leve que la actual, en donde lo primero que él menciona es ‘¿dónde están los apoyos a pequeñas y medianas empresas?, ahora se le hace la misma pregunta a él”.
Gutiérrez Martínez lamentó que se pretenda distraer con grandes empresas y los impuestos que no han pagado, cuando lo que se plantea es auxiliar a las Pymes, para así preservar las fuentes de empleo.
El tesorero de la Coparmex confirmó que la temporada de verano no está garantizada en Quintana Roo, en vista de la crisis económica generada a nivel mundial por la pandemia, pero pese a ello, todos los socios hacen un esfuerzo extraordinario para mantener a su plantilla de colaboradores.

Lanza PRD campaña de amparos para abasto de medicamentos

Cancún.- En conferencia de prensa, la dirigencia del PRD en Quintana Roo anunció su adhesión a la campaña nacional de su partido, titulada “Yo te defiendo”, en el que tramitarán amparos para quienes les sean negados medicamentos, por situaciones de desabasto.
Rafael Esquivel Lemus, dirigente del Partido de la Revolución Democrática en el estado, señaló que ayer se promovió un recurso en el sur del estado, mientras que en Cancún ya tienen nueve casos que serán defendidos.
Los perredistas acusaron una falta de transparencia en la transición hacia el Instituto de Salud del Bienestar (Insabi), al carecer de tabuladores y cuotas de recuperación, además de tener un desabasto de medicamentos que viola el Artículo 4 Constitucional.
A través de un recurso judicial, se obliga a la instancia de salud a proporcionar los medicamentos requeridos, o a entregar el dinero para su compra.

Antonio Medina Trejo, director de Diversidad Sexual del PRD acusó que también hay desabasto en los antirretrovirales para el tratamiento del VIH, tema grave, porque si no se da continuidad al tratamiento, se genera una resistencia a este fármaco.
“Eso es quitarle vida a mexicanos por decisiones políticas”, lamentó.
Recordó que con base en tratados internacionales firmados por México, se obligó a administraciones anteriores a brindar este tratamiento en sus centros de salud, por lo que lamentó que en esos gobiernos, sin compromiso, se brindaba mejor cobertura que ahora.
“No es posible que hayamos avanzado tanto contra gobiernos conservadores, para tener ahora uno más conservador y neoliberal, al implementar estrategias que violan los derechos de las personas”, se quejó.
A nivel nacional, ya se tienen siete amparos colectivos, para 80 personas, con un número igual ya en trámite.

Niegan playenses que amparos contra parquímetros no procedieran

 

Playa del Carmen.- En rueda de prensa, las organizaciones que han interpuesto los amparos contra la operación de parquímetros en Solidaridad desmintieron lo declarado por el representante de la empresa, en el sentido de que los amparos habían sido sobreseídos. Estos siguen su curso, aseguraron los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, la cooperativa pesque Mar Caribe y del Movimiento Ciudadano Ecologista (Moce) Yax Cuxtal.
“Queremos aclarar, en primer término, porque hay videos donde estuvo el representante de la empresa de parquímetros que dijo que se habían sobreseído los amparos, lo cual es mentira; los tres amparos los hemos presentado quienes estamos aquí: el Consejo Coordinador Empresarial, la cooperativa pesquera que encabeza José Burgos y Moce Max Cuxtal, que está su presidenta Laura Patiño; todo0s han seguido su curso”, apuntó el dirigente del CCE, Lenin Amaro Betancourt.
Dice que, de hecho, el juez ha solicitado a todas las autoridades involucradas presentar un informe detallado sobre la situación.
“Es decir el gobierno municipal, el Periódico Oficial del Estado, el gobierno estatal, la Secretaría de Gobierno estatal e incluso la empresa de parquímetros; después de esta parte que se ha presentado el jueves se iba a tener la audiencia del CCE y luego los otros dos amparos; las tres han sido diferidas porque las autoridades no han cumplido con estos informes.”, apuntó.

EN PROCESO
Pero aclara que no es porque las autoridades no quieran cumplir, sino que están en espera de que las notificaciones lleguen por correo certificado tanto a la capital del estado como a Solidaridad. Quien ya entregó el informe fue el director del Periódico Oficial del Estado luego de la aprobación de esta concesión, en el gobierno de Cristina Torres Gómez.
“Hoy por hoy, no se ha dado la suspensión provisional, porque los tres amparos colectivos entraron por interés legítimo y por eso la forma de dar la suspensión es a partir de la audiencia constitucional y eso no se ha llevado a cabo”, añadió.
Los inconformes siguen confiando en que les diste la razón, pues incluso luego de una búsqueda exhaustiva sigue sin hallarse la supuesta licitación nacional mediante la cual las anteriores autoridades municipales aseguran obtuvo la concesión la empresa.

HERMETISMO
Por su parte la abogada Sonia Gutiérrez Ávalos, que ha acompañado en este proceso a los empresarios y organizaciones, explicó que las anteriores autoridades municipales manejaron este tema con sumo hermetismo, puesto que la información no fue pública hasta que se empezó a hablar de amparos. De hecho, este mismo dato lo confirmó ya el titular del Periódico Oficial, que asegura el Ayuntamiento no publicó las actas donde se votó la aprobación.
Dijo que si el primer acto estuvo viciado, lo mismo aplica para todo lo demás. Además, como todo se manejó con sigilo, pasaron los 30 días naturales para que cualquier persona que se sintiera afectada con la medida pudiera interponer una queja, lo que se llama amparo contra leyes. Y fue hasta que los medios dieron cuenta de los hechos que se pudo iniciar los trámites. Ante ello la alternativa ha sido tramitar los amparos por un interés legítimo, esto es, de acuerdo a los intereses colectivos.
Concluye diciendo que, pese a lo que pueda decir el abogado de la concesionaria, lo cual es de acuerdo a sus intereses, es el juez y solo el juez el que decidirá qué procede con los amparos, los cuales no se sobreseyeron, sino que fueron admitidos. Y hasta que tenga todos los informes será el juez quinto el que decida.

Trabajan 38 ministeriales reprobados con amparos

Cancún.- Hay más de 60 agentes de la Fiscalía General del Estado, entre Ministerio Público, Policía Ministerial y peritos, quienes reprobaron su examen de control y confianza, y quienes serán nuevamente evaluados, con el riesgo de ser dados de baja, si nuevamente fracasan.
Así lo reveló el fiscal general, Óscar Montes de Oca, quien indicó que hay 38 que trabajan en el organismo con un amparo, el que impide que la autoridad realice lo conducente en sus casos.

Sobre las evaluaciones futuras, indicó que toca al Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) emitir las citas, pues evalúan a muchos elementos.
Por otro lado, confirmó que continúa la reorganización de los Ministerios Públicos y aseguró que todos estos agentes ya cumplen con los requisitos que exige el cargo, faltando únicamente el que se aprueben estos exámenes.