Falsifico

Magistrado Aguilar Laguardia falsificó documentos, afirma empresario; pide que no lo reelijan

Chetumal.- Un empresario ingresó documentos al Congreso del Estado que demuestran que el magistrado Mario Aguilar Laguardia carece de ética y honradez, por lo que no debe ser reelecto a su cargo, pues falsificó documentos para intentar obtener un amparo.
Héctor Peza Romero entregó estos documentos en la Oficialía de Partes, para que sean entregados a la Comisión de Justicia. Se trata de un fallo de un juez federal, acompañado de varios peritajes, incluso uno de la PGR, en donde se comprueba que Aguilar Laguardia entregó documentos apócrifos ante un juzgado federal, para intentar engañar a la justicia.
Det´ras de este caso hay un presunto despojo de un terreno de 32 hectáreas, de nombre “El Dzalam”, por parte del magistrado en contra de Peza Romero, quien ya obtuvo una sentencia a su favor, pero se ha topado con dos intentos de amparo. El primero fue rechazo, al presentar el magistrado documentos falsos. El segundo está estancado hace un año en el Tribunal Colegiado de Cancún, pues “se extravió el expediente”.

Cabe destacar que Aguilar Laguardia acudió a tribunales para obligar a la Legislatura a que se considerara su reelección, luego de ser rechazado por los diputados, con el argumento de que tuvo bajo rendimiento y falta de actualización.
El empresario afirma que no es una persona apta para el cargo, pues carece de ética, al haberlo despojado de su predio, en el que ya ha deforestado y extraído material pétreo, lo que ya denunció ante la Fiscalía, la entonces PGR y Profepa, sin que nada avance, lo que presume es un tráfico de influencias.
“Ha usado su cargo para su beneficio. Si es capaz de falsificar documentos ante una instancia federal, ¿qué puede esperarse de él?”, comentó.

Borge falsificó firmas de su amparo y juez lo desecha; girará FGE nuevas órdenes de aprehensión para que devuelva lo robado

Pagará Roberto «N» los daños ocasionados a los quintanarroenses: Fiscalía Anticorrupción*
CHETUMAL. – La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logrará que Roberto “N”, ex Gobernador del Estado, pague por los daños ocasionados a los quintanarroenses, esto, luego de que un Juez Federal determinó sobreseer los juicios de amparo 1895/2017 y 1897/2017, tras comprobarse la falsedad de sus firmas en dichos documentos.
En consecuencia, el Juez Federal dio instrucciones a la Fiscalía Especializada para llamar a comparecer al ex Gobernador en las carpetas de investigación que tiene pendientes en Quintana Roo, a través de nuevas órdenes de aprehensión.
En consecuencia, se formularán las imputaciones correspondientes, continuarán con la secuela del procedimiento hasta lograr una sentencia condenatoria y repare el daño ocasionado al patrimonio de los quintanarroenses.

Con esta determinación, la Fiscalía Anticorrupción tiene la posibilidad, además, de abrir investigaciones en contra de los abogados del ex Gobernador por faltar a la autoridad, es decir, que mintieron al órgano federal y se logró comprobar a través de procedimientos periciales.
En la audiencia celebrada en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, se declararon fundados los respectivos incidentes de objeción por falsedad de documento, promovidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) con apoyo de peritos en grafoscopia.
De acuerdo con la determinación del Juez Federal, la firma que calza en la demanda de amparo no fue puesta por el quejoso Roberto “N”, aunque el nombre del mismo aparece en el escrito inicial, así como en el apartado respectivo, la firma o rúbrica que aparece al calce de la solicitud no correspondió a su puño y letra.
El Juez de Distrito estimó fundado el incidente de objeción de dicho documento, efectuado en tiempo y forma por la Fiscalía Anticorrupción, por lo que no existió motivo de manifestación de voluntad y aceptación con el contenido de dicho escrito.
El órgano federal advierte que, derivado a que dicho amparo no fue firmado directamente por el quejoso, se validó en la audiencia que no existió el cumplimiento con el principio de instancia de parte agraviada, debido a que no se encuentra plasmada la voluntad (del quejoso) en la promoción del procedimiento.
Al concluir dichos criterios del orden federal, el Juez decidió sobreseer los juicios de amparo antes citados, sin necesidad de entrar al estudio del acto reclamado, por lo que solicitó la protección de la justicia para que se concreten las órdenes de aprehensión libradas en su contra.