CHETUMAL, Q. Roo.- El 18 de enero se llevará a cabo la audiencia en el Ceferepsi, donde está recluido Roberto Borge Angulo, para desahogar una prueba grafoscópica, por un caso de presunta falsificación de firmas por parte del ex mandatario.
Rosaura Villanueva Arzápalo, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción en la entidad, dio a conocer que se realizará la prueba grafoscópica, que determinará la autenticidad de la escritura o firma manuscrita de un documento de amparo que Roberto Borge Angulo presentó cuando estaba preso en un penal de Panamá, luego de ser detenido por el señalamiento de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en 2017.
Un perito en grafoscopía analizará la escritura o firma del documento, para indicar si pertenece o no al ex gobernador de Quintana Roo, lo que servirá para fincarle responsabilidad o no, en caso que la falsificación haya sido realizada por alguien más.
“Tenemos una audiencia con él, en relación con un amparo que estamos llevando por falsificación de firmas, hace un mes tuvimos una audiencia, él se negó a que se le hiciera la prueba grafoscópica para su firma, se fijó una nueva fecha”.
Rosaura Villanueva Arzápalo, reiteró que hasta el momento no se le ha podido iniciar proceso legal en Quintana Rooporque está en manos de la autoridad federal y se debe esperar ver qué estrategia trae el gabinete legal defensor de Roberto Borge Angulo, para combatirlo y sea condenado a prisión; de no ser así obtendrá su libertad.
Además, está a la espera que un Juez Federal resuelva un amparo para que las audiencias con el ex mandatario estatal sea por «videoconferencias” y no presencial en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Morelos, para facilitar las diligencias; no hay garantía que sea traído a suelo quintanarroense el próximo año.
Por lo pronto, mantienen colaboración con la Procuraduría General de la República para conocer las estrategias que usa para evadir la justicia federal y que pueda replicar en el estado; Roberto Borge Angulo, tiene tres carpetas de investigación iniciadas en Quintana Roo, con órdenes de aprehensión pendientes por cumplir en agravio del erario público por mil millones de pesos.
Detalló que son 321 predios que se han asegurado por el caso “Beto Borge” y los de diferentes funcionarios involucrados en Desempeño irregular de la función pública.
Con información de: Enrique Mena. SIPSE
