Fiscalia

Chetumal.- Por considerar que se violan diversos preceptos constitucionales, así como diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la que fuera impulsada por el ex presidente de la Gran Comisión, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y aprobada en los últimos días de la XV Legislatura.
El 17 de octubre del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 111/2019 promovida por Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, en contra de la citada ley publicada el 13 de septiembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado.
De acuerdo con las consideraciones vertidas por la CNDH, se violentan los artículos los artículos 1, 5, 14, 16, 18 y 20, inciso B fracción I, 32 y 35, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los artículos 1,2,8,9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 2, 14.2, 15 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 2,4 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Y es que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, establece facultades a las unidades administrativas de la Fiscalía para ordenar el aseguramiento de bienes “motu proprio” sin que exista control judicial previo, vulnerando los derechos de seguridad jurídica y debido proceso.

Además, establece como requisito para ocupar cargos públicos en la Fiscalía el “no estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa”, así como “haber sido destituido o inhabilitado” por resolución firme como servidor público, lo que a consideración de la CNDH vulnera los derechos de igualdad y no discriminación de trabajo y de acceso a un empleo, al excluir de manera injustificada a aquellas personas que cometieron una falta administrativa y que hayan sido sancionadas.
Por si fuera poco, la CNDH considera que la nueva Ley Orgánica de la FGE vulnera el principio de presunción de inocencia, al impedir el acceso a cargos dentro de la Fiscalía a personas que se encuentran sujetas a un procedimiento, sin que haya sido acreditada su responsabilidad administrativa.
La acción de inconstitucionalidad promovida por el ombudsperson nacional, considera que se vulnera los derechos de igualdad, no discriminación y a dedicarse a cualquier profesión, industria, comercio o trabajo lícitos; al establecer como la calidad de mexicano por nacimiento para ocupar cargos en la fiscalía, excluyendo a aquellas personas cuya nacionalidad es adquirida por naturalización.