Denuncian “tortuguismo” del TJA en proceso contra Aguakan
AGENCIA SIM
Playa del Carmen.- Denuncia el Ayuntamiento de Solidaridad “tortuguismo” por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, por la lentitud con la que marcha su caso para revocar la concesión del servicio de agua potable con la empresa Aguakan.
René Medrano Ríos, director jurídico del gobierno municipal indicó que tienen dos litigios activos, en los que esperan dar marcha atrás a una concesión que, asegura, fue impuesta de manera ilegal, proceso que está detenido por un amparo ingresado por esta empresa en un juzgado de la Ciudad de México.
“Ahorita el amparo sigue en estudio en un Juzgado de Distrito de la Ciudad de México y estamos en espera de su resolución, porque lo que busca Aguakan es que mientras se va a un arbitraje internacional al organismo con sede en Francia no pudiéramos hacer nada, promover nada”, explicó el funcionario.
El Ayuntamiento no está de acuerdo con el argumento de Aguakan, pues ellos tienen derecho a demandar, como cualquier persona, proceda este recurso o no.
Sin embargo, paralelo a este litigio por vía de amparo, también hay una segunda estrategia.
“El otro procedimiento es una controversia administrativa que está en el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Quintana Roo”, relató el abogado. “Originalmente se radicó en la Segunda Sala, pero el magistrado, una vez que lo recibió, se declaró con un conflicto de intereses”.
Esto retrasó el proceso que había iniciado el entonces síndico municipal Juan Carlos Beristain Navarrete, hermano de la actual alcaldesa y hoy director del DIF municipal, en el cual se había demandado al gobierno del estado, a CAPA y al Congreso de Quintana Roo. Y el procedimiento se trasladó a Chetumal.
“Hay que decirlo como tal, hay un tortuguismo en la sala, porque no se ha avanzado en el tema. Ya deberíamos de pasar a las pruebas, pero no está pasando nada. Lo que pedimos es la nulidad de la concesión, porque el bando de Gobierno de Solidaridad lo dice: el agua potable no es concesionable”, sentenció.
Es decir, según la ley este servicio tiene que prestarlo un organismo público, que, en este caso, pudiera ser CAPA.
“La concesión nunca debió haber nacido; va contra el mandato de ley; basta leer; no hay interpretación, expresamente lo señala el Bando de Gobierno”, remarcó.
Respecto a la intención del gobierno del estado de también ir contra Aguakan, como ya lo ha establecido incluso el director de CAPA, y quien dijo que no fueron apoyados por los Ayuntamientos de Cancún y Playa, considera que todo se debió a dinero, pues se dieron cuenta que estos recursos no llegaban al gobierno.
Sin embargo, señala, que este mismo problema se originó desde la administración estatal cuando se dio la concesión.
“El gobierno estatal fue el que creó este monstruo al haber hecho una concesión a modo para los beneficios de ex funcionarios”, concluyó.
