abril 2019 - Page 51

Julio César Pérez Vela, Perito de Borge recibe sentencia de 3 años y 10 meses por falso peritaje en contra de Pedro Canché

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Ciudad de México. El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo dictó sentencia de 3 años, 10 meses y tres dias de cárcel para el perito de Borge, Julio César Pérez Vela, que realizó un peritaje que sirvió para el injusto encarcelamiento del periodista Pedro Celestino Canché en 2014.

Canché, fue injustamente privado de su libertad acusado del delito de sabotaje por el simple hecho de documentar y difundir el desalojo violento de un plantón de pobladores de Felipe Carrillo Puerto, a las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado el 20 de agosto de 2014. El 30 de agosto del mismo año, Pedro fue detenido e ingresado a la cárcel de la localidad, donde fue golpeado brutalmente por internos desde la primera noche aun cuando las autoridades en prisión debieron salvaguardar su integridad. Pese a las lesiones graves, nunca fue atendido debidamente en el Hospital General del municipio.

El pasado mes de mayo de dos mil dieciocho fueron detenidas la Agente del Ministerio Público encargada de investigar los supuestos delitos cometidos por Canché en agosto de 2014, así como el Juez que determinó que existían elementos suficientes para dictar formal prisión y seguir proceso contra el periodista maya. De igual manera, el perito Julio César Pérez Vela, quien emitiera un peritaje de criminalística de campo sin que existiera ni siquiera denuncia en contra de Pedro se le inicio proceso el mismo mes de mayo de 2018.

En su momento, el Grupo sobre la Detención Arbitraria de la ONU señaló en la opinión 18/2015 que “[e]l arresto, la detención y el proceso judicial contra el Sr. Canché Herrera son el producto de represalias contra sus actividades.” Calificó la detención de Pedro Canche ́ como arbitraria y solicitó al Gobierno Mexicano “Disponer la inmediata libertad del Sr. Canché Herrera y proveerle con una adecuada reparación, incluyendo, entre otros aspectos, el otorgamiento de una adecuada compensación y la provisión del tratamiento médico necesario”

De la misma manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de la Recomendación 13/2015, señaló que Pedro Canché sufrió violaciones a sus derechos a la libertad de expresión, integridad personal y seguridad jurídica, mediante la detención arbitraria durante más de ocho meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con motivo de una acusación sin sustento del Gobierno de Roberto Borge.

Pedro Canché recuperó la libertad el día 28 de mayo de 2015 tras un arduo esfuerzo de su defensa implementada por ARTICLE 19. En su resolución, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Quintana Roo concluyó que no había pruebas suficientes para determinar responsabilidad por el delito de sabotaje ya que el periodista se encontraba en el lugar de los hechos únicamente para grabar las manifestaciones.

Esta resolución permitió confirmar que la detención de Pedro Canché respondió a un afán de inhibir su libre ejercicio periodístico, además de que en todo momento la acusación en su contra estaba sustentada en elementos sumamente contradictorios e inconsistentes.

Tales inconsistencias vulneraron los derechos de Canché a la libertad personal, la libertad de expresión, el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, y lo convirtieron en víctima de un montaje jurídico en su contra. Derivado de lo anterior, Pedro inició un proceso contra quien resultara responsable de la violación de sus derechos humanos y de los posibles delitos cometidos en su perjuicio ante la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.

El proceso contra Julio César Pérez Vela, un avance en la búsqueda de justicia de Canché.

La sentencia contra el perito Julio César Pérez fue dada a conocer el pasado jueves 28 de marzo, fecha en la cual integrantes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión informaron a ARTICLE 19 – que acompaña legalmente al periodista- el sentido de la decisión.

La sentencia se da luego de que Julio César Pérez Vela fuera procesado en el Estado de Quintana Roo desde el pasado mes de mayo de 2018, en dónde también fueran detenidos en cumplimiento de orden de aprehensión el Juez que giró orden de aprehensión y dictó formal prisión por el delito de sabotaje a Pedro Canché sin pruebas que acreditaran el supuesto delito, Javier Ruíz Ortega, así como la Agente del Ministerio Público Tila Patricia Galera León quien ejerció acción penal en contra de Pedro aún cuándo no existió ningún elemento que acreditara la existencia del delito que se le imputó.

En este sentido, el Juez Sexto de Distrito consideró penalmente responsable por delitos contra la administración de justicia a Julio César Pérez pues emitió un dictamen pericial en criminalística de campo un día antes de que se iniciara investigación por el delito de sabotaje en contra de Pedro Canché, dictamen pericial al que la Ministerio Público y el Juez le dieron pleno valor probatorio, a pesar de que el mismo no tuvo fundamento que sustentara sus existencia.

De este modo, el Juez Federal con residencia en Chetumal sentenció a 3 años y 10 meses de prisión y multa por la cantidad de $42,343.28 a Julio César Pérez Vela, decretando además su destitución e inhabilitación para realizar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por el mismo lapso, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos. De la misma forma, el ex funcionario deberá reparar el daño cometido a Pedro Canché por los actos que cometió en su perjuicio.

ARTICLE 19 celebra las gestiones hechas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, al tiempo que exige que continúe investigando a las demás personas que resulten responsables por los delitos cometidos contra Pedro Canché, antes, durante y después de su injusto encarcelamiento.

De la misma forma ARTICLE 19 ve con especial preocupación como el proceso que se ha llevado en contra de las y los funcionarios implicados en el injusto encarcelamiento de Canché en 2014, confirman el uso de los aparatos de procuración y administración de justicia como forma de castigo a las y los periodistas que ejercen su derecho a la libre expresión.

El Poder Judicial Federal debe continuar con las sanciones a los diversos funcionarios detenidos en mayo de 2018, es decir, la Ministerio Público Tila Patricia Galera León y Javier Ruíz Ortega, quien fuera secretario en funciones de Juez al momento de dictar a orden de aprehensión y formal prisión en contra de Pedro Celestino Canche Hérrera.

Por último, ARTICLE 19 hace un especial llamado al Poder Judicial Federal, en particular a las y los jueces y magistrados Federales con residencia en Quintana Roo a que garanticen el derecho a la justicia completa e imparcial a Pedro Canché, pues actos como el que anteriormente cometió el Juez Sexto de Distrito al cambiar su valoración de las pruebas y dejar en libertad a Javier Ruíz Ortega demuestran que la justicia continuará incompleta para el periodista hasta que se reviertan dichos actos que presumen parcialidad.

Nota para prensa

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Recurre Janix a tribunales para frenar Policía Auxiliar

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Cancún.- Para Issac Janix Alanís, décimo primer regidor de Benito Juárez, la descentralización de la recién creada Policía Auxiliar de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública es inconstitucional, motivo por el que hoy presentó un recurso legal ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Fue al filo del mediodía, cuando el regidor independiente presentó la impugnación con la que pretende dar revés a la decisión tomada el pasado 21 de marzo, donde 16 de 17 miembros respaldaron la aprobación.
“Es un recurso que presentaremos ante el Tribunal de Justicia Administrativa porque no se hicieron bien las cosas en la sesión del 21 de marzo, donde se tocaron varios puntos, entre ellos el de la Policía Auxiliar; el querer desconcentrar de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública el tema de la Policía Auxiliar es algo inconstitucional; estuvo mal hecho”, sentenció en entrevista el concejal.
Incluso lamenta que él, como secretario de la Comisión de Seguridad Pública, ni siquiera fue considerado para emitir su opinión al respecto.
Los errores administrativos también son culpa de la falta de un observador ciudadano, el proyecto del “Regidor 16”, que habría permitido a la ciudadanía saber los temas a ser tratados, para corregirlos desde un origen.
Indicó que quien presentó dicha propuesta es el regidor Humberto Aldana Navarro, quien dice, ni siquiera pertenece a la Comisión de Seguridad Pública.
Fue cuestionado respecto a la dicho por Jorge Aguilar Osorio, en el sentido de que la Policía Auxiliar ya ha existido anteriormente. A lo que Janix Alanís responde que sí, pero eso no es lo que está impugnando.
Se trata de la primera sesión de Cabildo que es impugnada ante esta instancia, hecho histórico que Janix indicó que no había sucedido antes porque antes no había existido un regidor ciudadano.

“SEGURIDAD DEBE SER PARA TODOS”
“Desconcentrar la dirección de la Policía Auxiliar es lo que no existía; eso es lo que vamos a impugnar”, acotó.
Retomó el ejemplo que muchos están usando, que es el de la Policía Bancaria de la Ciudad de México, cuyo mando, indica, no está descentralizado. Dice que esto se puede ver en el portal de esta Policía.
“Parece que lo que quieren hacer es simplemente recaudar dinero; no es justo que paguemos impuestos para que nos den seguridad y además los que tengan más dinero van a tener mayor seguridad. Eso incluso va en contra de la policial del presidente de la república y que sea promovido por uno de sus regidores parece que están en contra de lo que él dice”, sentenció.
Reafirma que acudió solo a presentar este recurso, pues fue el único regidor que se pronunció en contra.
Externa que la falla radica en que no hay marco normativo para esta autonomía. Mucho menos porque el municipio es el que paga la capacitación y adiestramiento, y porque además operarían apoyados por el C-4.
“No tiene sentido”, exclamó.
Concluyó al decir que Seguridad Pública debe preocuparse por todos y no solo por un grupo, que en este caso son los empresarios.
“No puede existir un doble pago. Hay una diferencia entre servicio público y función pública. El primero se puede delegar a terceros, la función no”, finaliza Janix Alanís.

Inicia Colecta Anual 2019 “La Cruz Roja te llama”.

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*Asiste la presidenta honoraria del DIF Tulum, Celia Aguilar Mas.
*La meta de captación es de 150 mil pesos.
*Se requieren recursos para reparación de ambulancia.

TULUM. Con la meta de captación de 150 mil pesos, inició la Colecta Anual “La Cruz Roja te llama”, ya que la institución requiere recursos económicos para solventar sus gastos de operación y la reparación de una ambulancia que se encuentra descompuesta, afirmó Oscar Carreño Samso, presidente del Patronato de la Cruz Roja en Tulum.
Ante la presencia de la presidenta honoraria del Sistema DIF Tulum, Celia Aguilar Mas y el subdirector de Salud, Orión Novelo Campos, precisó que se requiere de fondos para que la institución brinde servicio a la comunidad, ya que no depende de ninguno de los tres niveles de gobierno, aunque cada año reciben donativos cuando inicia la colecta.
Reconoció la labor que realizan los jóvenes voluntarios que realizan el boteo en las calles, empresas y dependencias del municipio, ya que con los recursos que se obtienen que brinda un servicio a la comunidad en materia de salud. “En la Cruz Roja atendemos a todos los que lleguen a solicitar nuestros servicios, por ello, requerimos de recursos económicos, ya que para su operación mensual se necesitan varios miles de pesos, por ello, exhorto a la ciudadanía a donar para cumplir con esta labor social”, señaló.
Por su parte, el subdirector de Salud. Orión Novelo Campos, señaló que el presidente municipal, Víctor Mas Tah, está atento de la salud de todos los tulumnenses, por lo tanto, apoya la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, ya que es una institución no lucrativa, de interés social y voluntariado que brinda auxilio a toda la población que enfrenta situaciones de emergencia.
“Es de vital importancia que nos unamos como pueblo para apoyar a la benemérita institución en esta colecta anual, de tal manera que pueda operar sin problemas en los próximos meses, por lo tanto, se estarán recibiendo los donativos en los próximos cincuenta días”, señaló al colocar su donativo en las alcancías.

#MeToo causa primer suicidio entre músicos, se suicida Armando Vega Gil

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CD de México.- El cantante y compositor de Botellita de Jerez, Armando Vega Gil se suicidó en la madrugada de este primero de Abril, luego de haber sido acusado de violación de una menor.
En el mensaje póstumo Armando Gil subió a su cuenta un escrito donde reveló su intensión de suicidarse.

El compositor, músico y escritor fue acusado dentro de movimiento #MeToo de haber violado a una niña de 13 años, dicho señalamiento fue realizado de manera anónima.

Las acusaciones anónimas están destrozando vidas en las comunidades artísticas, periodísticas y defensores de derechos humanos.

Moto y auto chocan en la capital del estado

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Chetumal.- Motociclista que se pasó un alto fue impactado por un automóvil en la capital del estado. Quien llevó la peor parte fue el conductor de la moto, que fue trasladado por los paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General.
Se dice que cerca de las 9 am el conductor de la moto Italika de color amarillo iba sobre Heriberto Frías y se pasó el alto marcado en la Ignacio Comonfort, por lo que resultó impactado por un auto Volkswagen Bora color negro.
Los elementos de Tránsito acudieron al lugar para realizar las investigaciones pertinentes.
Se llevaron a ambos vehículos al corralón. Los ocupantes serán puestos a disposición de la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.

 

NO HAY INVASIÓN DE ÁREA NACIONAL PROTEGIDA SINO CORRUPCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE BACALAR EN DISPUTA DE PREDIOS

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BACALAR.- Luego de que en febrero pasado el propietario de un Área Nacional Protegida solicitará el auxilio de la fuerza policial de Bacalar para desalojar a unos supuestos invasores, a quienes acusó de ser paramilitares, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (SEDATU) dio a conocer los planos en los cuales se demuestra la equivocación o corrupción del ayuntamiento del Pueblo Mágico.
Cómo se recordará todo se originó por la disputa de tierras nacionales entre dos particulares Gustavo Rodríguez Elizarrarás y Juan Osvaldo Morales Correa por 170.4 hectáreas inició en la década de los 90´S y que se ubican a un costado del ejido Buenavista y cuya superficie se volvió un botín político y económico por colindar con la carretera federal y la Laguna de Bacalar, ahora que el Tren Maya pasará por la vía Chetumal-Cancún.
Esta disputa derivó de un extraño apoyo hacia Gustavo Rodríguez Elizarrarás, quien agarró parte de estas 170.4 hectáreas –aproximadamente 69.9 h- para titular a su nombre y después reclamó una invasión que terminó con un desalojo a cargo de la policía municipal del ayuntamiento de Bacalar, sin que mediara orden de juez alguno.
El tercer interesado, Samuel Huicab quien compra las tierras a Juan Osvaldo Morales Correa, es el afectado al ser desalojado por la policía municipal de toda la superficie de 170.4 hectáreas y no de las 69.9 hectáreas que ocupa un Área Nacional Protegida titulada a nombre de Gustavo Rodríguez Elizarrarás y no tiene colindancia ni a la Laguna de Bacalar ni a la Carretera Federal, por encontrarse el polígono dentro de las tierras propiedad de Samuel Huicab.
La corrupción de parte de autoridades del Ayuntamiento de Bacalar es eminente, ya que hicieron planos a modo para favorecer a Gustavo Rodríguez Elizarrarás en este conflicto, el cual parece llegar a su fin, al rectificar las medidas de los predios por parte de la SEDATU y en los cuales se establece la “injustica” cometida por parte de quienes con el uso de la fuerza pública desalojaron a los campesinos encabezados por Samuel Huicab.
Un dato curioso es que precisamente el predio denominado 5 Hermanos no tiene títulos otorgados por el gobierno federal, sino escrituras avaladas por el Ayuntamiento de Bacalar y registradas ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio por sus diferentes fracciones que han sido vendidas, pero que ante la SEDATU no aparecen como tal, de acuerdo a los documentos en poder de este medio de comunicación.
Entrevistado al respecto Samuel Huicab dijo que todo salió a la luz pública con el desalojo que se hizo del predio conocido como Rancho Monte Águila, que supuestamente forma parte del Área Nacional Protegida, mismo que se efectuó la tarde del 22 de febrero por la autoridad municipal en cumplimiento de un ordenamiento jurídico, tras judicializarse una denuncia de despojo en la Fiscalía General del Estado.
La orden de desalojo está a favor de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, presidente de la asociación Selva y Laguna bacalar, A. C, quién reclama la invasión de la fracción 3 del Rancho 5 Hermanos, orquestada presuntamente por Samuel Aguilar y Celso Catzin en dos ocasiones: julio de 2018 y enero de 2011 supuestamente por la fuerza y con armas de fuego que expulsaron a los investigadores y biólogos de esta zona protegida.
La propia autoridad informó que el predio de 70 hectáreas fue desalojado y en el operativo se detuvieron a cinco personas y el decomiso de dos rifles y cartuchos calibre .12 y .22 mm, armas punzocortantes y equipo de labranza, aun cuando alegaron tener la legítima posesión y mostraron documentos que avalan su posesión de 174 hectáreas.
Según el Ayuntamiento de Bacalar en Oficio MB/TM/DC/242/2018 en contestación a solicitud de la SEDATU de abril del mismo año y firmada por Fredy Marrufo Martín, existe un traslape, es decir las 174 hectáreas del terreno denominado Monte Águila están técnicamente montadas en solo 50 hectáreas de la fracción 3 de 5 Hermanos y propiedad de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de fecha 23 de enero de 2009 según escritura número 2955 y folio 99184.
Razón por la cual resulta extraño que el Ayuntamiento de Bacalar siga resguardando con la fuerza pública dicho predio, aun sabiendo que la supuesta orden jurídica proveniente de la Fiscalía General y no de un juez competente, es solo sobre la superficie de 69.9 hectáreas del Área Nacional Protegida “Huub’ Sak” y no sobre todo el polígono que pertenece a Samuel Huicab y Celso Catzin, lo que es calificado como corrupción.
De acuerdo al testimonio de Samuel Huicab, luego de ser desalojado y de retenerle de manera injusta dos vehículos en el corralón municipal por más de 15 días, el asunto legal lo vio en la SEDATU en una solicitud legal para la corrección de medidas de colindancia, lo que derivó en una investigación hecha y la cual le da la razón de la legítima ocupación de al menos 100.4 hectáreas.
Otro dato interesante es que todos los predios aledaños a Monte Águila cuentan con un título ante la SEDATU excepto el predio 5 Hermanos, donde supuestamente en su fracción tercera con 69.9 hectáreas se ubica el Área Nacional Protegida “Huub’ Sak” propiedad de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, esto conforme a los planos oficiales aprobados por la SEDATU.

 

 

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