Playa del Carmen.- Cansados de la negativa de las autoridades judiciales de resolver los casi 100 casos de fraude en contra de hipotecarias, y ante la inacción de la Profeco y Condusef, un grupo de playenses, agrupados en una “Asociación de Vecinos Unidos”, interpuso una denuncia ante la autoridad federal, en la Ciudad de México, al tiempo que exhortan al gobierno a que interceda y frene los abusos que aseguran sufrir.
Marco Antonio Díaz, presidente de esta asociación, denunció que estas hipotecarias lucran obscenamente al cobrar deudas por un valor muy superior al del valor de la casa, con altas tasas de interés, cargos moratorios impagables y convenios leoninos.
Mencionó, a forma de ejemplo, dos casos, uno de Metrofinanciera, en donde le piden a una propietaria a finiquitar su adeudo de 700 mil pesos, por una casa que no vale más de 300 mil; también hablo de un ciudadano, que tenía un adeudo en UDIs, cuyas mensualidades incrementaban hasta hacerse impagables, y que, al caer en morosidad, tuvo que pagar 45 mil pesos por un “convenio” con el que quedó ya a salarios mínimos, pero debiendo nuevamente una cantidad superior al del costo de la casa, perdiendo así todo lo que había ya pagado en los años que llevaba del crédito.
En los avalúos de estas casas, se marca una vida útil a estas casas de 50 años, lo que para estos ciudadanos es una fantasía, pues en menos de 10 años ya comienzan a mostrar grietas y, en algunos casos, incluso al quedar las varillas expuestas.
“Les asignan un valor muy arriba del real, porque estas casas se caen a pedazos”, se quejó el presidente de esta asociación, quien solicitó mediante oficio al Colegio de Ingenieros que realice su propio avalúo.
“Son viviendas con grietas, así están la mayoría en La Guadalupana, Villas Riviera, Villamar 1 y 2”, añadió. “¿Quién se hizo rico vendiéndonos estas porquerías de casa?”
Como parte de la denuncia, pide que se investiguen los recursos de los seguros de vivienda.
Denuncias por vicios en estas viviendas, interpuestas contra el Grupo ARA, no han procedido, alegó, porque en los juzgados hay “mano negra”, por ello decidieron acudir al orden federal.
Por lo impagable de los créditos, o por la bancarrota de diversas hipotecarias, cuyas carteras vencidas son adquiridas una y otra vez, hay muchas familias que están en riesgo de ser lanzadas de sus hogares.
Estos despachos de cobranza se aprovechan del desconocimiento de estos ciudadanos y presentan sus exhortos como resoluciones judiciales e incluso llegan a expulsarlos, sin que medie alguna sentencia.
“Quedan a merced de las hipotecarias; hacemos un llamado para que puedan hacer con nosotros su queja”, comentó el activista. “Cerró Profeco aquí, y el delegado de Cancún debe ocuparse de lo de acá y lo de su ciudad”.
Según él, el delegado “dejó mucho qué desear” pues se negó a recibirlos, y aunque le entregaron cerca de 100 quejas, ni siquiera les entregó algún número de expediente para acusar de recibido.
