Por Rony Morales,
Prensacomunitaria.org
12 de diciembre 2019
Guatemala:-La situación en las comunidades de Purulhá Baja Verapaz y Alta Verapaz se ve agravada con desalojos, órdenes de captura, capturas, amenazas, criminalización a los defensores y defensoras de derechos humanos y las muertes, todo esto por las políticas económicas que han empobrecido más a la población, principalmente a los sectores indígenas y campesinos que están a favor del pueblo.
Sabemos que la violencia que se genera al momento de desalojar a campesinos e indígenas solo genera caos y que se pierda el estado de derecho. Pedimos a las instituciones que velan por la seguridad del país; Policía Nacional Civil, Ministerio Público y las instituciones del Estado que defienden los derechos humanos, que accionen en contra de los que de manera ilegal desalojan a las comunidad q’eqchi’ con armas de fuego y generan violencia física y psicológica.
Purulhá, como parte del Tezulutlán, fueron escenario de la presencia de militares españoles, que nunca tuvieron éxito para controlar a las poblaciones que vivían en la región y por eso decidieron llamarlo como “tierra de guerra”, cuando en realidad es tierra de resistencia.
Desde Rafael Carrera hasta Justo Rufino Barrios, se dieron a la tarea de hacer reformas agrarias para beneficiar a la pequeña e incipiente burguesía, esta fue la época, en que los alemanes llegaron a Guatemala huyendo de la guerra de su país, encontrando a un gobierno que estaba quitándoles las tierras a los campesinos, además estaban generando su política para volver ladinos a las próximas generaciones entregando tierras ancestrales a varias familias alemanas entre ellas las Thomae.
La entrada de la familia alemana Thomae a la región, permitió que sus descendientes crearan la empresa Hidro Jumina, S.A imponiendo proyectos hidroeléctricos donde antes la prioridad era las plantaciones de café para exportación, ahora tienen dos proyectos hidroeléctricos: Enerjá y El Cafetal.
El día 11 de diciembre fue desalojada la comunidad poqomchi’ Dos Fuentes en la cual 75 familias vivían por tercera generación, desalojo fue ordenado por el juzgado de primera instancia penal de Baja Verapaz, a petición de Byron Thomae, cafetalero y propietario de la hidroeléctrica Hidro Jumina S.A y supuesto propietario de la finca Pampá
A eso de las 7 de la mañana en el estadio Las Moras del municipio la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (Copredeh) se organizaron para salir por la carretera de terracería a la comunidad que se encuentra a dos horas y media del centro del municipio, al llegar al lugar se dedicaron a resguardar los intereses de la familia alemana.
Los pobladores al notar la violencia con la que llego la PNC decidieron retirarse del lugar y resguardar a mujeres, ancianos y niños en las montañas llevándose lo que podían de sus hogares, varios de ellos se quedaron durmiendo en el lugar por miedo a que le fuera a pasar algo.
Los pobladores comentaron que durante el desalojo violento, los miembros de PNC capturaron al anciano Roberto Can, se intoxicaron mujeres, niños y niñas con bombas lacrimógenas, se perdió el maíz y algunas cosechas de hortalizas que se tenían, además ellos observaron a personas armadas con escopetas que resguardan la finca y los asocian con la seguridad de la familia Thomae.
Muchas empresas nacionales e internacionales, personas individuales o colectivos poderosos que utilizan estrategias de criminalización, persiguen defender los intereses económicos de las élites, de finqueros, empresarios y profundizar el proyecto militar de control y miedo para someter el territorio por medio del saqueo y el despojo. Y finalmente neutralizar y desarticular la lucha de resistencia comunitaria por la defensa del territorio y el descontento social.
Para recordar y hablar sobre desalojos, empezaré por la comunidad nuevo San Valentín, Santa Inés, comunidad poqomchí, además lo sucedido en el valle de Polochic, Lanquín, Samococh, Monte Olivo, La Cumbre en Tactic, Ch’ab’il Ch’och’ y las otras comunidades de El Estor, Izabal.
Aun así, todos los sectores de la sociedad trabajamos para producir los cambios que la situación exige, al mismo tiempo que cultivamos una nueva actitud para enfrentar los retos y desafíos. Como campesinos productores de la riqueza en las fincas de cardamomo, café, caña, palma africana, hule, banano, ganado y en nuestros terrenos el frijol, hortalizas y nuestro sagrado maíz, somos parte fundamental de la sociedad guatemalteca. Sobre la base de esa realidad de productores de la tierra con nuestro trabajo diario, tenemos el derecho a impulsar el desarrollo rural y lograr nuestros derechos laborales.
Las instituciones que administran la justicia y la protección de la ciudadanía del país deben considerar que la vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de la tierra y territorio de nuestro planeta. Asegurar estos derechos son el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud hasta la educación, la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.
Me permití escribir estas líneas, primero como vecino del pueblo de Purulhá, segundo como defensor de los derechos humanos y tercero, como periodista comprometido con los pueblos indígenas y sabiendo que mi abuelita materna nació y creció en la finca de Pampa propiedad de la familias alemanas.
