Por Abraham Gorostieta
Cancún, Quintana Roo.- Como una alternativa para evitar la disminución drástica de la inversión, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y preservar el empleo de 21 millones de mexicanos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador un decálogo para paliar lestá situación.
“En el frente internacional, el daño a la economía real ya se muestra por el lado de la oferta, al interrumpirse el comercio y la actividad de diversas cadenas de producción. En el interno, por ahora el problema es primordialmente de demanda agregada. Por ello, las medidas deben enfocarse a fortalecerla”, señaló el organismo encabezado por Carlos Salazar Lomelín.
Las propuestas se agrupan en cinco frentes: asegurar liquidez al mercado interno; estimular el consumo privado; facilitar y estimular la inversión privada; elevar consumo e inversión del sector público; y dar señales positivas a los mercados internacionales.
Dichas propuestas incluyen medidas económicas, fiscales y administrativas que nos permitan fortalecer nuestra economía para sobrellevar la etapa de crisis. Estas son:
1. Asegurar la liquidez en el mercado financiero. La prioridad es que la intermediación financiera sea fluida en el corto y en el largo plazo.
2. Mantener el esfuerzo de austeridad y disciplina en el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, en este momento de retos inéditos, el gobierno debe abandonar el objetivo de lograr el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de superávit primario. Los recursos liberados deben ser utilizados para los apoyos a la reactivación de la economía. Si es necesario, tomar deuda de una forma responsable.
3. Fortalecer el Acuerdo de Inversión en Infraestructura entre el sector privado y el gobierno, y anunciar de inmediato el plan de inversiones del sector privado en el sector energético.
4. Depreciación acelerada automática. Establecer la posibilidad de efectuar la deducción inmediata de las inversiones que las empresas realicen sin limitación geográfica alguna, durante el ejercicio de 2020.
5. Preservar el empleo. En los casos en que sea inevitable el recorte de puestos de trabajo, otorgar apoyos del gobierno a las empresas con recursos fiscales, para que a estos trabajadores se les otorgue al menos un salario de subsistencia.
6. Respetar de forma irrestricta el Estado de Derecho, evitando las amenazas de cambios a las normas ya en operación para empresas que invirtieron en el sector eléctrico, y cambios inaceptables como consultas populares para inversiones que ya están hechas.
7. Acelerar los pagos pendientes a proveedores de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Es urgente el pago de pasivos a proveedores por productos y servicios ya entregados en cualquiera de los tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal.
8. Apresurar las devoluciones pendientes de Impuesto al valor Agregado (IVA) a las empresas y restaurar la compensación universal. Las empresas necesitan más la liquidez que el gobierno, en este momento.
9. Conformar un equipo con representación tripartita del sector privado, trabajadores y el gobierno, para analizar el impacto económico y determinar acciones a seguir en esta crisis económica.
10. Activar programas especiales de garantías para fortalecer algunos de los sectores más afectados. El papel contracíclico histórico de la Banca de Desarrollo en situaciones de crisis ha sido fundamental para preservar la planta productiva.
