Para los estados turísticos como Quintana Roo, que han sido los más afectados por el cese de actividades con la pandemia de Covid-19, es crucial que la federación retome sus facultades en la reactivación segura de puertos, aduanas y aeropuertos, infraestructura de la que depende no sólo la recuperación de la industria turística sino la seguridad de la población en los destinos que reciben visitantes de diversas partes del mundo.
“El regreso al turismo deberá llevarse a cabo con protocolos especiales para el transporte aéreo, marítimo, terrestre… Este será un trabajo que llevaremos de manera coordinada con el gobierno de México”, señaló el gobernador Carlos Joaquín durante la mañanera del miércoles ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Quintana Roo es el estado turístico más afectado en su economía durante la pandemia. En 2019 había recibido 26.4 millones de pasajeros en sus aeropuertos y 7.2 millones de cruceristas en sus puertos. Ahora el aeropuerto internacional de Cancún, el segundo en importancia a nivel nacional, perdió más del 80% de sus operaciones y los puertos cancelaron la recepción de cruceros.
En la conferencia del miércoles el gobierno federal presentó el plan progresivo para el regreso a la “nueva normalidad del país” y la reactivación de las actividades sociales, educativas y económicas que se cancelaron por la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, en ninguna de las tres etapas de las que consta dicho plan, se mencionó alguna estrategia para asegurar la reactivación segura de puertos, aduanas y aeropuertos.
La opinión de autoridades y empresarios en los estados que dependen del turismo es que la reactivación en estas actividades debe ser gradual y depender de condiciones que garanticen la seguridad de turistas y residentes frente a cualquier riesgo de posible contagio.
Eso requiere una reconfiguración de instalaciones, compra de equipo de sanitización, de medición de temperatura y pruebas de detección. Algunos grupos empresariales estiman que la adaptación de sus instalaciones a la “nueva normalidad” les costará entre 5 y 10% de su presupuesto anual de inversión.
El gobierno federal es, sin embargo, el concesionario de esos servicios y como tal, tiene la facultad y responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los protocolos ante la próxima apertura de fronteras, reactivación de vuelos y cruceros, y llegada de visitantes extranjeros a los destinos turísticos del país.
