Por Pedro Canché
José Luis Pech Várguez gozó de impunidad total desde principios de 2016 cuando la 4T lo invitó a ser su candidato. El expediente donde su hijo José Luis Pech Galera fue acusado en el entramado de la Estafa Maestra (de la cual Rosario Robles está pagando con cárcel) se empolvó por el calor de su papi y el jr pensó que la habría librado.
Ahora que el juez de control Alberto Torres Villanueva procesó a José Luis Pech Galera, ex rector de la UPQROO, por el delito de uso ilícito a de atribuciones y facultados derivado de una presunta contratación ilegal de 20 millones de pesos, el candidato de Movimiento Ciudadano se hace el tío Lolo y acusa que a inicio de campaña se reviva el caso la cual califica de “guerra sucia”.
José Luis Pech Várguez sin embargo tiene miedo. AMLO le cobrará la factura. Le dio todo en 2016, la candidatura a la gubernatura, la dirigencia estatal de Morena y hasta la senaduría en 2018. El cadáver político resultó ser un ingrato. Con su llegada a Morena en 2018 y su pasado priísta con Joaquín Hendricks y Félix González se fueron los fundadores de la 4T en Quintana Roo y a otros los trató mal y los corrió con la prepotencia que le caracteriza.
Tiene miedo porque ya vio que no tiene impunidad ni él ni su hijo. Mientras que el sustituto de Roberto Palazuelos se volvió millonario cuando entregó en 2007 los terrenos de la Universidad de Quintana Roo en Tulum a Rodolfo Montoya para crear la Aldea Maya, un fraccionamiento de lujo, su hijo Pech Galera tiene denuncias por la Estafa Maestra y por plagio de tesis. Roberto Borge, ex gobernador hoy encarcelado les dio toda la impunidad a este par al igual que lo hizo Morena cuando lo arropó.
Nos están llegando decenas de títulos de propiedad del millonario José Luis Pech Várguez, hoy candidato naranja, de predios, departamentos y casas en Tulum, Riviera Maya y Playa del Carmen además de sus negocios en Chetumal, suficiente para acusarlo de enriquecimiento ilícito.
Pero se cree impune porque a pesar de las pruebas puede voltearse de nuevo y llorarle a López Obrador que lo perdone. Ya la dignidad hace mucho lo dejó cuando él y Hendricks empezaron a endeudar al Estado en el sexenio 1999-2005.
Pero mientras eso sucede sigue atacando con actitudes machistas y misóginos a su ex compañera Mara Lezama. A pesar que le prometió apoyarla en la Ciudad de México cuando fue elegida candidata prefirió irse al baño a llorar como mal perdedor y de ahí levantarse e irse a otro partido, el de Movimiento Ciudadano, cuando el impresentable Roberto Palazuelos simplemente no calificó como candidato a gobernador por sus múltiples delitos que han permanecido impunes.
Esta tarde dijo textualmente: “Mi postura sobre el proceso que enfrenta mi hijo José Luis, y curiosamente en plena campaña prentenda revivir es pública y es la misma desde hace varios años. Yo pido que se aplique la ley, ni más, ni menos llama la atención una vez más de esto ocurre a tres días iniciada la campaña y el momento en que nuestros adversarios han dado muestras de su preocupación por nuestra candidatura”.
En realidad a nadie le preocupa una candidatura como el de Pech que no tiene ningún futuro. Pero siempre habrá incautos que le crean.
José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, y Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Tesorería de la SEDATU son los cómplices del jr Pech Galera.
La imputación se basa en las presuntas ilegalidades de un convenio general suscrito el 29 de septiembre de 2015 por la SEDATU, para que la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) elaborara un diagnóstico para integrar un sistema de información consolidado en la SEDATU y sus órganos desconcentrados.
Reforma y otros medios publicaron que la finalidad era “contribuir al aprovechamiento del potencial productivo del territorio, la generación de vivienda digna y desarrollo agrario”.
Según la FGR, del total de esa suma, la UPQROO usó 6.8 millones de pesos para subcontratar a la empresa Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, en la que Pech Galera era apoderado legal y único facultado para manejar el dinero de la cuenta bancaria.
Con esos recursos, la compañía representada por el entonces Rector adquirió 3 camionetas Mazda CX3 y una camioneta Mazda CX9, por un total de 1 millón 559 mil 800 pesos. Con el resto, hizo transferencias a distintas empresas.
Según la FGR, cinco de las ocho empresas eran probables “factureras”, pues no fueron localizadas en los domicilios que presentaron a la UPQROO; tres no entregaron la totalidad de la información solicitada por la ASF; y la totalidad de ellas pulverizaron los depósitos mediante transferencias a otras cuentas casi de inmediato a la recepción de los recursos.
Todo lo que ha ganado en 30 años como servidor público no le alcanza al dr Pech para justificar su patrimonio.
Y aún así dijo esta tarde: “vamos a darle a Quintana Roo un gobierno decente”.
¿Se mordió la lengua el dr Tocino?
Sin duda será el payasito en estas elecciones y seguramente la 4T le apretará las tuercas porque López Obrador no quiere obstáculos para vestir a Quintana Roo de Morena y menos viniendo de traidores a quienes un día les dio impunidad.
