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Cancún.- Mientras que el dirigente municipal del PRI pidió darle el beneficio de la duda a Isidro Santamaría Casanova, dirigente estatal de la CTM, detenido hoy por la Fiscalía General de la República, pues no puede descartarse un uso político de la procuración de justicia, para el secretario general de Benito Juárez y para la diputada independiente por Solidaridad, el caso muestra que la justicia ahora aplica para todos.
Pedro Reyes Pérez, dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo haberse enterado de este hecho a la hora de la detención, pero que ignoraba más detalles.
Negó que esto pudiera manchar la imagen de su partido, pues es como en las grandes familias “hay de todos”, pero además dijo que tenía que darle el beneficio de la duda al líder sindical.
“Una cosa es que lo acusen, pero quedará en los tribunales seguir la litis y él defenderse”, comentó.
Tampoco descartó algún trasfondo en este asunto, pues la ley y las fiscalías “han sido los brazos ejecutores” de figuras políticas, y Santamaría estaba en un negocio muy vulnerable (centros nocturnos) además que litigaba los problemas con uno de sus bares en medios de comunicación.
Por su parte, Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez comentó que lo ocurrido muestra la dinámica de que nadie está por encima de la ley, pero que esperaba que el hoy detenido pueda resolver sus temas legales pronto.
“Los mexicanos eso quieren, justicia pronta y expedita. Somos respetuosos”, añadió.
El funcionario negó que esto manche la imagen de Cancún, pues cada quien es responsable de sus actos.
Para la diputada Sonia López Cardiel, la detención es muestra de la nueva época que se vive en el país, ya sin acuerdos de impunidad.
Por décadas, líderes sindicales estaban por encima de la ley, por manejar el voto corporativo; esto fue aprovechado malamente por políticos e incluso empresarios para esconder allí actividades indebidas. De ahí la importancia de democratizar y transparentar estas instituciones, que deben regresar a su labor de defender a la clase trabajador.
“Todavía falta que se lleve a cabo todo el proceso judicial, en donde se verá si efectivamente hay alguna responsabilidad penal, pero sí es celebrarse que se investiguen estas presuntas conductas, como la trata de personas, pues antes no se hacía”.

Cancún.- En la sede del Congreso del Estado en la zona norte, diputados locales se reunieron tanto con activistas y organizaciones que están a favor de que se mantenga como está la Ley de Bienestar Animal, así como con los ganaderos y personas que viven de las peleas de gallos y corridas de toros, y quienes piden que se derogue.
Allí, el diputado Eduardo Martínez Arcila, quien votó en contra de esta legislación, quiso calmar a los galleros, al indicarles que la ley no contempla sanción alguna, por lo que sería inoperante.
“¿Cuál sería la sanción para alguien que organice una corrida de toros? Pues no hay sanción. La autoridad no puede sancionar algo, si la ley no le faculta para sancionar; una multa, lo que sea; el tema del reglamento no es algo que un Ayuntamiento pueda reglamentar, a menos que en la ley ya esté contemplado que sean los Ayuntamientos, que tampoco está contemplado, no se contempló”, explicó en su intervención Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión.
Aclaró que un reglamento no puede estar por encima de la ley ni sustituirla.
“Yo, en el reglamento, no podría definir lo que es una corrida de toros, porque eso lo debí haber hecho en la ley; la ley establece los puntos generales y es un marco para que cuando se haga el reglamento no se salga; si se sale del marco, entonces empieza a asumirse como la ley, y no puede estar por encima de la misma”, complementó.
La ley, aclara, no está vigente pues no ha sido publicada, pero explica que sí hay un problema, dado que no se fijaron sanciones. Y por lo mismo, cuando se publique, como no hay sanciones no habría cómo amonestar a quien no cumpla con la ley.
Dice que entiende que no le pueda gustar a algunos, pero si el día de mañana se publica así, la gente va a pensar que “se le está viendo la cara” porque acudirán a denunciar a la autoridad que alguien viola la Ley de Bienestar Animal, pero no podrán hacer nada pues la ley no contempló sanciones.
A la reunión, asistieron como representantes del Congreso los legisladores Eduardo Martínez Arcila, Eugenia Solís Salazar y Yanina Rosado Ibarra. Del lado de quienes están a favor de la ley asistieron médicos veterinarios, psicólogos e integrantes de organizaciones como Opus Mágnum, quienes defendieron la ley, pues dice, combate la violencia contra los animales. Para estos activistas, las prácticas de generar sufrimiento y matar a animales por espectáculo no son usos y costumbres
De acuerdo a la Red de Bienestar Animal, el decir que son tradiciones es un argumento erróneo, que los propios dignatarios mayas han desmentido, y que es fomentado por empresarios foráneos. También confían en que los diputados no se dejarán presionar por estos grupos minoritarios y que se respete el compromiso asumido por el gobernador en 2017 de poner fin a estas prácticas. Incluso, entregaron una lista de 25 mil firmas que respaldan la iniciativa.
Por su parte, de los que se oponen a la legislación asistieron grupos de galleros y ganaderos de diversas partes del estado, incluidos municipios de la zona maya como José María Morelos, quienes reiteraron que se atenta contra sus fuentes de ingresos y que las corridas y peleas sí son sus tradiciones.