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Periodista de Oaxaca inicia huelga de hambre

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OAXACA, OAX.- Inicia huelga de hambre el director del portal Informativo Evidencias en el Istmo de Tehuantepec, el periodista Jesús Hiram Moreno, en el puerto de Salina Cruz, a raíz de que le haya sido retirada la escolta de elementos policiacos, que cuidaban de su integridad, al haber sufrido un atentado hace apenas un mes.

El periodista pidió a la Secretaría de Gobernación intervenga, para que la Policía Federal le de seguridad y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos le solicitó ayuda, para presionar a las autoridades y siga contando con seguridad personal, asimismo pidió tener resultado de las investigaciones del atentado del que fue víctima el pasado 20 de marzo.

Ha transcurrido un mes de los hechos y la investigación no avanza, y pretenden dejarlo sin seguridad, consideró que es una burla a su persona, motivo que lo llevó a iniciar la huelga de hambre, y así lograr su seguridad personal y que ya no sea la Policía Estatal, quien le brinde escoltas, sino la Policía Federal, comentó Jesús Hiram.

(Tomado de Proceso)

Las balas para periodistas llegaron a Chetumal y en la casa de Rubén Vizcaíno

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Chetumal.- En el caso del ataque a balazos hacia el periodista Rubén Vizcaíno se exige una investigación completa, porque estamos ante una agresión con todos los ingredientes de atentado a la libertad de expresión.

Afirmó Javier Chávez Ataxca, líder moral de los periodistas del sur y defensor de la libertad de expresión, quién agregó que se ha padecido la ejecución de compañeros periodistas en Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen y Cancún, y hoy no tomamos a la ligera un ataque dirigido a la vivienda de Rubén Vizcaíno, aprovechando la madrugada y la oscuridad de la noche.

El gremio está muy preocupado por este ataque a Rubén Vizcaíno, quien cuenta con nuestra solidaridad para emprender las acciones que indique. Por lo pronto ha reaccionado con la obligada seriedad, presentando las denuncias y aguardando las acciones de la Fiscalía General del Estado.

El atentado ha don Rubén Vizcaíno ha sido un ataque criminal y cobarde contra un periodista de línea dura, siempre amparado en un rigor periodístico magistral y que por ello ha acumulado reconocimiento social y mucho respeto, aunque no deja de ser incómodo para muchos hombres del Poder.

Don Rubén Vizcaíno señaló:

«el pasado miércoles 13 de marzo fui víctima de un atentado criminal, a balazos, del cual y por fortuna salí indemne.

La relatoría de los hechos es la siguiente: la madrugada del día señalado, mientras dormía en mi recámara, me despertaron varias detonaciones de arma de fuego. Debo admitir que no les di la importancia debida y seguí descansando.

A la mañana siguiente, recibí llamadas y mensajes de diversos amigos y vecinos preguntando por el incidente.

Fue hasta la tarde del jueves 14 de marzo, al subir al tercer nivel de mi casa que encontré la evidencia del atentado: cristales tapizando la escalera y un bloque de vidrio del tragaluz perforado por un disparo.

La revisión del muro lateral exterior muestra el impacto de al menos dos disparos adicionales al ya referido. De acuerdo a la opinión de expertos en armas, las balas usadas son expansivas, diseñadas para causar el mayor daño posible.

El orificio de entrada es pequeño y definido, en tanto que el de salida es mucho mayor, debido a que el proyectil se fragmenta al tocar su objetivo.

Ante la falta de un organismo local para atender este tipo de situaciones, el viernes 15 de marzo acudí ante el Sub Secretario de Gobierno del Estado, Elías Antonio Prado Laguardia, habilitado como enlace de la instancia federal de atentados contra la libertad de expresión, dependiente de la Secretaría de Gobernación Federal.

Este funcionario me atendió y canalizó mi queja ante la instancia federal señalada, la cual, a través primero del Director de Recepción de Casos y Atención de Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Alejandro López Herrera, escucho mi relato y dispuso que el mismo fuera atendido, de manera prioritaria, por la Agente del Ministerio Público Anabel Cárdenas Castañeda, de la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

En esa instancia se me recomendó acudir a la Fiscalía del Estado a presentar la querella, con el fin de acelerar los peritajes necesarios. Así lo hice la mañana del sábado 16 de marzo a las 7:00 am. Luego de lograr despertar a la agente del ministerio público, esta me indicó que únicamente procedía iniciar un expediente por “daños” y que para hacerlo requería presentar primero dos copias certificadas del título de propiedad de mi vivienda, así como de un recibo de luz, agua o teléfono, además de los originales para cotejarlos. Solo le faltó pedir mi acta de primera comunión.

Ni que decir de la calificación del presunto delito. Definir un atentado a balazos como “daños”, equivale a levantarle una infracción de tránsito a un sicario por intentar atropellar a balazos a su víctima. De todo esto informe al organismo federal que me atiende, en el cual encontré la comprensión y respeto inexistente en el ámbito estatal.

No tengo elementos para señalar a presuntos responsables. No es, tampoco, mi intención hacerlo de manera irresponsable. Sé y reconozco que el mío no es un caso aislado. Basta para ello recordar el incendio provocado en el bar de Pedro Flota Alcocer y el posterior ataque a balazos en su domicilio.

¿Miedo?, me preguntan y respondo que ¡desde luego!, solo quienes padecen un tipo de enfermedad mental especifica no lo sienten. No obstante, la vida me enseñó que valor no es la carencia de miedo, sino sobreponerse a él y seguir haciendo lo que debes y sabes hacer. En mi caso, ejercer el oficio de reportero.

No hay justicia para la prensa, autoridades practican un “protocolo de impunidad” en los casos de agresiones contra periodistas: ARTICLE 19

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• La ineficiencia de las autoridades ha contribuido a que el índice de impunidad en las agresiones contra la prensa se mantenga en un 99.13%
• 3 periodistas han sido asesinados, en relación con su trabajo, en lo que va del sexenio de AMLO.
• ARTICLE 19 considera de suma importancia que la Fiscalía General de la República (FGR) emprenda los cambios necesarios para la atención de estos delitos por medio de la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
• Además, esta organización exije a las autoridades cumplir con el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Ciudad de México.- ARTICLE 19 presenta su informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, en el cual se realiza un análisis cualitativo de 6 casos representativos de la violencia contra periodistas en México, que va desde agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hostigamiento y amenazas, hasta la fabricación de delito y proceso penal, tortura, desaparición y homicidio u ejecución; los cuales además, comparten un patrón de impunidad.

México continúa enfrentando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y niveles críticos de violencia en donde se encuentra desdibujada la frontera entre autoridades y grupos criminales y de índices de impunidad casi absolutos. En los últimos 13 años, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ARTICLE 19 ha observado como una constante los homicidios o ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura, detenciones arbitrarias, fabricación de culpables, represión en protestas, etcétera.

En este escenario, la libertad de expresión y el periodismo en México se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo.

Desde el año 2000 hasta la fecha de la publicación de este informe especial, 123 periodistas han sido asesinados en el país: 48 en el sexenio de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto. A casi 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se ha incrementado en forma alarmante: 3 periodistas han sido asesinados en realación con su labor. Asimismo, desde el año 2003 hasta la fecha, 24 periodistas continúan desaparecidos.

El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones, no sólo de prevención y protección para la labor periodística, sino también en procuración e impartición de justicia. Las investigaciones carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; pero además las Fiscalías o Procuradurías se encargan en un primer momento de desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.

Es en las investigaciones ministeriales donde se encuentran los primeros grandes obstáculos para llegar a la justicia y verdad, donde se omiten diligencias importantes y no se tiene como prioridad la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de las víctimas, descartándola a priori y generando una narrativa estigmatizante que afirma motivos personales (amorosos, problemas con vecinos, drogas, etc.) en los delitos cometidos, asumiendo con ello “verdades históricas”.

Es desde ese momento en que se va alejando el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas, y al partir de estos vicios de origen, en las instancias de impartición de justicia no se arriban a sanciones para personas responsables, mucho menos para quienes fungieran como autores mediatos o intelectuales en los delitos.

Tan sólo en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contras la Libertad de Expresión (FEADLE), de acuerdo con sus propios informes, de 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron 1,140 investigaciones, de las cuales ha consignado un total de 163, respecto al anterior sistema penal inquisitivo. En cuanto al sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016, ha judicializado un total de 23 carpetas de investigación.

Es decir, un total de 186 acusaciones han sido conocidas por jueces penales, lo cual representa que sólo el 16.3% de las denuncias recibidas por la FEADLE han sido consignadas o judicializadas. Sumado a ello, del total de investigaciones iniciadas, se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que representa que en sólo 0.87% de las investigaciones se arribó a una sentencia contra algún responsable de los delitos. Esto se traduce en un 99.13% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión, sólo a nivel federal.

Respecto a los homicidios contra periodistas, la FEADLE reporta un registro total de 89 casos de 2010 a 2018, de los cuales en 44 no encontró relación con la labor periodística de la víctima, y en 45 sí la encontró. De estos 45 casos, 31 continúan en trámite y sólo se han consignado o judicializado 4 (8.8%). Sin embargo, a reserva de saber las razones puntuales por las que en 44 casos no encontró relación con el ejercicio periodístico,y si están plenamente justificadas y acreditadas, del total de 89 homicidios registrados en ese periodo, habría una efectividad de 4.4% en la consignación de investigaciones por este delito.

Otro de los aspectos preocupantes es el ejercicio sumamente arbitrario y poco claro de la facultad de atracción. Al respecto, la FEADLE sólo ha ejercido esta facultad en 57 casos de mayo 2013 a diciembre 2018, lo cual comparado con el total de las 735 investigaciones que inició durante ese periodo, representa un 7.7%.

En el informe especial damos cuenta de esta situación a través del análisis cualitativo de 6 casos de periodistas que han sido víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos, los cuales han sido acompañados y representados por ARTICLE 19 en los últimos cinco años:

1. Moisés Sánchez, periodista sustraído de su domicilio el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, en Medellín, Veracruz, quien conjugaba su labor informativa con un activismo social en favor de su comunidad.

2. Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México, quien semanas antes se desplazó del estado de Veracruz por actos de hostigamiento y amenazas en su contra.

3. Pedro Canché, periodista detenido el 30 de agosto de 2014 y encarcelado arbitrariamente durante 9 meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, fabricándole el delito de sabotaje, sólo por cubrir una protesta social.

4. Alejandra Rodríguez, periodista víctima de agresiones físicas y sexuales, detenida arbitrariamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, el 1° de diciembre de 2013 durante una protesta social en la Ciudad de México.

5. Aldo Sotelo, periodista víctima de agresiones físicas el 14 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, por parte de elementos policiales capitalinos, quienes además lo obligaron a entregar su material fotográfico donde había documentado sus actos arbitrarios e ilegales.

6. Sinembargo.mx, portal web de noticias, que en 2014 fue atacado y sacado de línea, además de amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de sus colaboradores.

Además, en el informe especial enumeramos una serie de recomendaciones a diversas autoridades como la FEADLE, fiscalías y procuradurías estatales, así como a comisiones de derechos humanos. Por otro lado se emiten recomendaciones a los distintos poderes y niveles de gobierno (Poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto federal como estatales), para que cada uno en el ámbito de las funciones que desempeñan, lleven a cabo acciones que contribuyan a revertir la situación de impunidad que impera en México.

Para ARTICLE 19 resulta apremiante, entre otras cuestiones, que las autoridades se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística. En este sentido, la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria; se debe realizar análisis de contexto sobre la actividad periodística de las víctimas, que conduzca a indicios o datos de prueba para esclarecer los hechos; investigar y juzgar con perspectiva de género e interculturalidad; tratar con respeto y dignidad a las personas víctimas; realizar planes de investigación que brinden una debida conducción y orden en los expedientes.

En este sentido, ARTICLE 19 conmina a las autoridades ministeriales, a nivel federal y estatal, a observar y cumplir con lo establecido en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión. De igual forma, todas las autoridades deben atender los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, aplicando o interpretando todo acto o norma que resulte más favorable a las personas.

ARTICLE 19 considera de suma importancia que en la construcción actual dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), se establezcan todos aquellos cambios estructurales que resultan totalmente necesarios, comenzando por garantizar su plena autonomía; capacitar al personal en materia de derechos humanos, en técnicas de investigación, relación y trato con personas víctimas, así como aplicar una perspectiva psicosocial, entre otras diversas. Esta organización observa una oportunidad importante en las próximas semanas para emprender este tipo de cambios con el establecimiento de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que formará parte de la FGR.

Resulta apremiante que todas las autoridades cumplan sus obligaciones en materia de libertad de expresión, prevención y protección para el ejercicio periodístico, y abatir la ominosa impunidad que impera en este tipo de delitos, debiendo demostrar total capacidad y voluntad para revertir esta situación de violencia contra la prensa, y que finalmente las y los periodistas desempeñen su labor con plena libertad y seguridad, lo cual hablará de un verdadero sistema democrático en México.

El informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas” estará disponible para su consulta y descarga a partir del día de hoy en el enlace articulo19.org/informeimpunidad

Nota para prensa

Para mayor información y agendar una entrevista con alguno/a de los/as integrantes de la organización o las personas mencionadas en este informe, favor de contactar a Juan Vázquez, Oficial de Comunicación, al teléfono celular 55 4588 1166, al teléfono de oficina (55) 1054 6500 ext. 110, o al correo jvazquez@article19.org

Ejecutan a periodista en Baja California Sur, culpan a presidente muncipal de Mulegé

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Baja California.- El periodista Rafael Murúa Manríquez, director de una radio comunitaria en el noroccidental estado mexicano de Baja California Sur, fue encontrado muerto ayer domingo con signos de violencia, informaron hoy organizaciones gremiales.
Con ello, las organizaciones de periodistas pidieron justicia por el artero asesinato, tipo ejecución, del primer periodista asesinado en México en 2019, ocurrido en Baja California Sur, cuyo cuerpo fue encontrado en una brecha camino a San Ignacio, muy cerca del municipio de Mulegé.
Trascendió que pudiera ser un crimen de estado, ya que el periodista Rafael Murúa Manríquez, en vida denunció agresiones contra su persona y su actividad de parte del presidente municipal de Mulegé, Felipe Prado.
El periodista fue director de Radiokashana y había sido reportado desaparecido desde el pasado viernes cuando se encontraba realizando investigaciones de corrupción en el municipio de Mulegé, lugar donde se le vio por última vez el 19 de enero.
La organización Alertas Periodistas Desplazados México en Twitter, indicó en breve texto que Murúa Manríquez había sido amenazado presuntamente por el presidente municipal de Mulegé, Ricardo Parado, por lo que exigió a las autoridades de Baja California Sur hacer justicia en torno a este atroz asesinato.
En este sentido, la entidad Periodistas de a Pie también lamentó la muerte del reportero, alertando que había recibido amenazas en su contra cuando realizaba investigaciones por presuntos actos de corrupción.
El senador y promotor de los derechos humanos Emilio Álvarez Icaza señaló que este fallecido supone “un periodista más asesinado en México, el primero en 2019.”.
De acuerdo con las primeras versiones, el reportero fue visto por última vez la noche del sábado en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.
El domingo se dio a conocer la desaparición del periodista.
Artículo 19 tiene conocimiento de la desaparición del director de la radio comunitaria Radiokashana, Rafael Murúa Manríquez, en Santa Rosalía, este domingo 20 de enero”, indicó la ONG en Twitter.
El organismo de defensa de los periodistas pidió una investigación “diligente” y la activación de los protocolos para la localización con vida del reportero.
Además, exigió que se aplicara el mecanismo federal de protección a periodistas.
Horas después de este llamado, el periodista, de 34 años, fue encontrado muerto y con signos de violencia.
De acuerdo con medios locales el reportero había recibido amenazas ligadas a su labor periodística y a finales del 2016 fue incorporado al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas de México.
FUENTE AGENCIA EFE

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