Proceso

Vinculan a proceso a Raúl Labastida, le embargan vehículo y acciones, pero estará en libertad y firmará cada 15 días

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Chetumal, Quintana Roo a 23 de febrero de 2020.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) logró acreditar esta tarde todos los elementos necesarios para que un Juez de a Control dicte vinculación a proceso de Raúl «N», acusado del delito de peculado por un posible daño patrimonial de 1 millón 187 mil 900 pesos, propiedad del Gobierno del Estado.
Durante la audiencia de formulación de imputación y posterior vinculación a proceso que llevó a cabo este domingo en una sala del Poder Judicial, el Juez de Control dio cabida a todos los elementos del tipo penal que presentaron los fiscales anticorrupción.
Se trata de la carpeta administrativa 227/2017, dentro de la cual se estableció una posible conducta atípica y/o anomalía, específicamente en el traspaso de dinero en efectivo de la cuenta del Gobierno del Estado a la cuenta personal del hoy vinculado a proceso.
Se trata de cuatro depósitos por las cantidades de: 437, 300, 250 y 200 mil pesos que corresponden al gasto corriente del Gobierno del Estado de Quintana Roo a favor de la de la Consejería Jurídica para el pago de diferentes servicios entre los años 2012 y 2016, tiempo en que el imputado laboró como titular de dicha instancia.
El Juez de Control consideró que existe alta probabilidad de que el dinero que dispuso (de acuerdo al numerario antes citado) fue utilizado para fines distintos a los que estaban designados, por lo que hasta el momento se han podido comprobar.

Además de su vinculación a proceso, la FECC solicitó el embargo de bienes, el resguardo domiciliario y la colocación de un brazalete electrónico para que el imputado no pueda sustraerse de la justicia; sin embargo, el Juez dispuso sólo de la primera medida cautelar, que corresponde al embargo.
De esta forma, el organismo decretó el aseguramiento de: un vehículo marca Nissan tipo Pathfinder, color arena, con placas de circulación UTC-805-A; así como 75 acciones de capital fijo de la empresa Industrializadora Maderera de Quintana Roo S.A. de C.V. Dichas acciones tienen un valor estimado a 75 mil pesos.
Finalmente, los Fiscales Anticorrupción solicitaron un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo que fue concedido por el Juez y sin objeción de la defensa del imputado, por lo que deberá fenecer el día 23 de junio de 2020.
Por otro lado, la autoridad penal consideró pertinente que el imputado deba enfrentar el proceso bajo medidas precautorias distintas a la prisión preventiva, por lo que tendrá que firmar periódicamente su estancia en la ciudad los días 15 y 30 de cada mes.

Isabel Arvide Limón, arremetió contra el Semanario Proceso

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En su afán por tratar de aparentar ser víctima y perseguida política ante el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la recalcitrante incondicional del exgobernador Roberto Borge Angulo, Isabel Arvide Limón, arremetió contra el Semanario Proceso.

En lugar de ayudarle, fue criticada en redes sociales, pues durante los dos sexenios estatales anteriores fue beneficiada con onerosos convenios de publicidad y contratos sin licitación, que incluían a sus familiares.

Durante “la mañanera” del Presidente de México, Arvide Limón aseguró que no hay trato igualitario para los periodistas que tienen aceptación entre la ciudadanía y que verdaderamente aportan.

En contraparte, existen medios de comunicación que circulan poco y son beneficiados con publicidad tasada en millones de pesos.

Solicitó a López Obrador una revisión y redistribución de los convenios de publicidad.

“Nosotros que estamos en portales y redes sociales y somos de mayor importancia. No recibimos nada… Contrario hay medios, como la Revista Proceso, que circulan pero no son leídos, y tienen hasta 15 hojas de publicidad”, afirmó.

Asimismo, señaló que medios como esos se dedican a “golpear” para obtener onerosos convenios.

Pero hubo molestia y reclamo de la ciudadanía en contra de Arvide Limón por su doble discurso.

Pues durante el sexenio de Borge Angulo fue de “las periodistas” mejor tratadas.

Devenía convenios de más de 600 mil pesos en la extinta Unidad del Vocero.

Además, tenía convenios para la alimentación de los internos de las cárceles de Chetumal, Cancún y Playa del Carmen.

Para esa labor percibía millones de pesos al mes y utilizaba instalaciones y elementos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), lo cual era evidente desvío de recursos.

Además su hijo y su esposa recibieron un convenio, sin licitación, para la realización de spots y difusión de actividades institucionales de la SESP.

Y es que el Gobierno del Estado le rentaba cuatro casas en Chetumal, Playa del Carmen, Cancún y la Ciudad de México.

Tenía tres vehículos y 12 elementos, de las desaparecidas Policía Estatal Preventiva (PEP) y Judicial (PJ), con combustible y viáticos a cargo de la SESP.

Además de viajes en avión las veces que deseara.

Al concluir la gestión de Borge Angulo, se incrustó como asesora del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, con el cual también salió conflictuada.

Ahora pretende hacerse pasar por víctima ante el Ejecutivo Federal, a fin de obtener onerosos convenios, como cuando fue incondicional de Borge Angulo.

Vinculan a proceso a Roberto Borge Angulo

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Chetumal, Quintana Roo.- Al desestimar los datos de prueba aportados por la defensa de Roberto Borge Angulo, a las 19:15 horas el Juez de control del distrito judicial de Chetumal, Alex Ramiro Buenfil Ayala decretó el auto de vinculación a proceso y dos meses y medio para el cierre de investigación por su probable participación en el delito de peculado relacionado a la venta irregular de 18 predios administrados por el entonces Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE) que deriva de la carpeta 159/2017.

Tras tres horas y media de haberse reanudado la audiencia inicial de imputación que deriva de la venta de 18 predios situados en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco, mismos que fueron vendidos en algunos casos hasta en cinco pesos el metro cuadrado generando un daño patrimonial que asciende a poco más de dos mil 510 millones de pesos, el Juez determinó la tercera vinculación del ex gobernador que se suma a las carpetas 151/2017 y 159/2017.

La venta de los predios a particulares, incluyendo a la madre del ex gobernador M.R.A., sin los procedimientos requeridos, se considera una distracción de bienes señalado en la Ley del patrimonio del estado pues no se acreditó un beneficio colectivo a favor de los ciudadanos de Quintana Roo.

Nuevamente la defensa del ex gobernador encabezada por Raúl Karim de la Rosa Peláez advirtió iniciar un amparo que intenta sin efecto este proceso.

Vinculan a proceso a mujer que golpeó a Roberto Galán

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Playa del Carmen.- Vinculada a proceso por agresiones quedó María S., quien con su esposo, Rodrigo G., golpearon hasta dejar cuadraplégico a Roberto González, quien acudió a declarar en la audiencia de hoy en camilla, traído por una ambulancia.
Fue el pasado 20 de enero de 2017 cuando este matrimonio atacó a su vecino, quien le reclamó que tuvieran suelto a su perro. La agresión fue captada en video y muestra como ambos le propinaron golpes a este hombre, destrozándole dos vértebras cervicales y condenándolo a vivir postrado en cama, sin uso de sus extremidades.
El caso generó la condena en redes sociales, donde apodaron al agresor “Lord Cobarde”.
El hombre agresor, Rodrigo G., ya había sido vinculado a proceso, por lo que continúa en libertad condicionada, en calidad de acusado, pero la Fiscalía inicialmente se había negado a acusar a su mujer. Incluso, después de varios intentos fallidos en querer hacerla declarar, un agente del Ministerio Público congeló el caso al mandarlo al archivo temporal. La familia de la víctima debió inconformarse con un juez para lograr la reactivación del caso.
Finalmente, lograron una audiencia en febrero de este año, pero la acusada no se presentó, alegando estar embarazada.
Previamente, la cuñada de la víctima declaró que han sido dos años de estar “correteando” a la acusada para lograr que se le acuse de un delito y ahora que el juez considere que hay suficientes evidencias para seguir el caso en su contra.
“Desde el primer día no hemos dejado de atender nuestras denuncias, audiencis y dictámenes. Tenemos todas las evidencias, pero el sistema penal protege demasiado a los delincuentes”, comentó.
“Ellos no han pagado ni un curita; avanza muy lento el tema”, admitió. “Pero hoy, es Roberto quien vino a decir ‘yo soy la víctima, quedé en este estado y ellos son los responsables’”, declaró.
A pesar de que han pasado más de dos años, todavía ninguno de los agresores ha recibido sentencia y, por ende, no hay reparación de daños para la familia, que tuvo que atender a la víctima en la Ciudad de México, con riesgo de muerte, por las complicaciones derivadas del daño medular.
La familia atraviesa fuertes dificultades económicas por el costo de todas sus medicinas (tan solo una sale mil 600 pesos a la semana) además de terapias para ejercitar los músculos o los pulmones, que cuestan cerca de dos mil pesos por semana. El caso ya fue llevado ante el gobernador, en una audiencia pública, y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.