Por Pedro Canché
Ante los recientes hackeos que se han perpetrado contra instancias federales, caso Guacamaya, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha creado, mediante decreto, una comisión de tecnología y ciberseguridad, a través de la cual se busca establecer acciones para crear políticas federales en materia de tecnologías de la información y comunicación.
El decreto fue publicado el pasado 10 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el cual se creó con “carácter permanente” la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación, y de la Seguridad de la Información, adscrita de manera directa a la oficina de la Presidencia de la República.
La preocupación de AMLO es fortalecer los mecanismos de protección y seguridad de la información que aguardan las instancias y dependencias federales para evitar más fugaz de la misma.
Pese a que se ha publicado en el DOF, lo que apremia es la inmediata instalación de la misma para que pueda empezar a trabajar en la protección de la información, plataformas y portales de la Presidencia, Gobernación, SEDENA, SEMAR, Hacienda, entre otros. Así como de instituciones cómo el SAT, IMSS, ISSSTE, CFE y PEMEX.
Con esto, AMLO también debe considerar a los Estados y sus dependencias dentro de las estrategias y funciones que implementará la nueva Comisión, pues no están excentas de sufrir ataques virtuales.
Quintana Roo no es la excepción de este problema, claro ejemplo es el recién hackeó a la plataforma de denuncias digitales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Este hecho puso en riesgo la identidad de más 7 mil víctimas cuyos expedientes presuntamente fueron expuestos públicamente por un hacker identificado como «Scorpion».
Es así que López Obrador no debe centrarse únicamente en la información del gobierno sino también de los ciudadanos que confían sus datos personales a las autoridades cuando se les requiere.
La nueva Comisión de Tecnología y Ciberseguridad debe tener cobertura nacional, estatal y municipal, es decir, debe ser de beneficio colectivo y no solo un capricho que ayude a proteger información a modo y en beneficio de unos cuantos.