Exhorta Fernández Noroña al gobernador al diálogo

Playa del Carmen.- El diputado federal Gerardo Fernández Noroña, de visita en Quintana Roo, rechazó la toma de la Policía Municipal de Solidaridad, por parte del Gobierno del Estado, pues afirma que desestabiliza el actual proceso electoral, además de dejar entrever que al gobernador le conviene hacer política y dialogar con Morena, que pronto será primera fuerza en el Congreso, en lugar de seguir con su actuar unilateral.
El legislador estuvo al centro de dos ruedas de prensa, rodeado de otras figuras políticas. En la primera, en un conocido café de esta ciudad, acompañado de los dirigentes de Morena y el PT; Ricardo Velazco y Hernán Villatoro, respectivamente; así como el candidato del Distrito 10, Juan Carlos Beristain Navarrete. En la segunda, en el Palacio Municipal, con la edil Laura Beristain Navarrete; el presidente municipal de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia; y el diputado local Emiliano Ramos.
Para Fernández Noroña, la asunción de Seguridad Pública por parte del estado es una decisión arbitraria y profunda que no debió hacerse a días de la jornada electoral, y que hace evidente cuál es su verdadera intención.
Acusó al gobernador de actuar más como “jefe de campaña de su coalición” e ironizó que la seguridad que le preocupa es la “seguridad de perder la elección”.
Contrastó que el presidente ha sido respetuoso con todos los gobernadores, sin pretender socavarlos, pero en la entidad se actuó de una manera “facciosa”.
Indicó que aunque están abiertos al diálogo, no permitirán que se atropelle a sus compañeros, ni pueden permitir que quede como precedente que se vulnere el Artículo 115 constitucional, por lo que el Gobierno del Estado puede incluso incurrir en responsabilidades legales.
Luego soltó como advertencia que Morena será la mayoría en el Congreso del Estado, algo que el gobernador sabe y que debiera obligarlo a hacer política, en lugar de actuar de forma “atrabiliaria”.
“Tenemos la presidencia, seremos primera fuerza en el Legislativo, ¿a qué santo se ampara?, ¿quién va a venir a ayudarlo? ¿Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón, Margarita Zavala, el cabezahueca de Fox? No tiene ningún respaldo político; nosotros tenemos el respaldo del pueblo y todo el poder institucional, y no vamos a actuar de manera facciosa”.
Insistió que es preferible el diálogo a generar efervescencia en el proceso electoral.
Consideró abusivo, incorrecto e insostenible que incluso se amenace con procesos a quienes se opongan al decreto y afirmar que quienes se opongan a él están a favor de la violencia.

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
Por su parte, la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete se quejó del trato de “invisibilidad” que ha recibido, al no haber sido notificada de este decreto, a 24 horas de que se publicaron, y acusó violencia política de género, al no permitírsele ejercer sus atribuciones en plenitud.
“Se me arrebata de forma unilateral el mando de la policía municipal preventiva”, indicó.
Lanzó un exhorto a la ciudadanía a no dejarse engañar con declaraciones falsas en redes y enfatizó que continúan trabajando, como lo han hecho siempre, con las mesas de seguridad, policía, fuerzas armadas y demás instancias.
Señaló que el Artículo 115 es intocable, pero que continúa abierta al diálogo.

OTRO “CHACHAZO”
El diputado local Emiliano Ramos, quien dijo ser independiente pero alineado a la Cuarta Transformación, indicó que debe respaldarse a la autonomía de los municipios y rechazó que se haga el Mando Único de la manera que se pretende, por decreto.
Advirtió del peligro que se opte por hacerlo cuando se vive un proceso electoral, pues trae el recuerdo del “Chachazo” en la época de Joaquín Hendricks Díaz, en referencia al paro policiaco manufacturado por el Gobierno del Estado, cuando Juan Ignacio Zalvidea era presidente municipal en Cancún, generando un ambiente de ingobernabilidad.
“Estamos aquí para apoyar y para sumar”, comentó.
Hernán Villatoro, dirigente del PT, alegó que, si tuviese justificación el decreto promulgado, entonces antes debieran renunciar los del Ejecutivo estatal, los ministerio públicos y los jueces, al haberse cometido ya más de 10 mil actos delictivos en los últimos dos años.

 

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