La ex directora del organismo, Gabriela Sosa Guerra, manifestó que tras la extinción del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, ahora corresponderá a la Secretaría Estatal de Salud (Sesa) determinar su posible contratación.
Por disposición de la Ley General de Salud, modificada el 29 de noviembre del año pasado, el Seguro Popular dejó de tener relación laboral con 169 personas, que realizaban laborares de afiliación y gestión médica.
Un grupo de ex trabajadores se manifestó en las instalaciones del instituto para exigir su recontratación o liquidación, según lo que convenga.
El ex administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Alfonso Ismael Acosta Narváez, indicó que se había acordado que tendrían tres meses más de trabajo, a partir de enero. O bien, aquellos que desearan, serían indemnizados conforme a la Ley.
Pero a días de haber iniciado el presente año, el personal directivo se ha desentendido del acuerdo.
Por eso se manifestaron afuera de las instalaciones administrativas del Seguro Popular, para exigir lo anterior.
La ex directora general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud dialogó con los inconformes para disipar la inconformidad.
Destacó que el 27 de diciembre pasado el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto de extinción del organismo.
Por ende, se acabó la relación laboral con los trabajadores.
Ahora corresponde a la Sesa analizar la viabilidad de recontratar al personal que pertenecía al Seguro Popular.
Pero insistió que eso ya es labor del Estado, pues la Comisión Nacional de Protección de la Salud, está en proceso de recepción de insumos y materiales pertenecientes al extinto Seguro Popular.
