Especial | Informe FGE || Procuración de Justicia en Quintana Roo, ¿cómo vamos en cifras?
Por Abraham Gorostieta
La violencia y la inseguridad son dos de los temas que más combate el gobierno de Quintana Roo, pues desde 2016, los niveles de asaltos, homicidios y robos se han disparado hasta el 300 por ciento.
El problema es serio y es por ello que el gobierno ha implementado el Mando Único, por ejemplo, que como su nombre lo indica, unifica esfuerzos entre las diferentes policías municipales para en coordinación combatir el crimen. A ello se suma la Guardia Nacional que tiene la tarea primordial de combatir al crimen organizado y sus secuelas.
Parte fundamental de esta lucha es la que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE), que se encarga de todos los procesos de investigación y procuración de justicia.
Desde hace un año las riendas de la FGE las lleva el Fiscal Óscar Montes de Oca, un abogado graduado de la UNAM, con tres Maestrías y una especialidad en Juicios Orales por la Escuela Libre de Derecho y Doctorado en Derecho Constitucional y Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.
El día de ayer rindió su informe a la Comisión de Justicia del Congreso Local.
Y con ello, arroja muchos datos reveladores para saber como está Quintana Roo en materia de procuración de justicia.
Quintana Roo, ¿cómo vamos en cifras?
Durante el 2019 el Ministerio Público logró la resolución de un total de 12,890 carpetas de investigación, todas ellas iniciadas en el 2019 e incluso en años anteriores.
De éstas se resolvieron 7, 281 por el No Ejercicio de la Acción Penal, esto es, que existe una de las nueve causales de sobreseimiento, es decir, que no se puede continuar con la investigación, previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales son: el hecho no se cometió, el hecho cometido no es un delito, la inocencia del imputado es clara, el imputado está exento de responsabilidad penal, no se cuenta con los elementos suficientes para una acusación, se extingue la acción penal (se agotó el tiempo), una reforma elimina el delito, el hecho fue discutido en otro proceso penal, o muerte del imputado.
Otras 148 carpetas de investigación se resolvieron por Criterios de Oportunidad, es decir, la Procuraduría decide no ejercer la acción penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo.
También 766 por incompetencias, esto es que por falta de aptitud de un órgano jurisdiccional para conocer de una demanda incoativa de un proceso, de una cuestión prejudicial o de una demanda incidental.
Otras 86 carpetas de investigación se resolvieron por acumulaciones, es decir, los culpables de dos o más delitos o faltas, se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas. También 284 por suspensión condicional que es cuando una institución procesal permite que el proceso penal, aún sin sentencia, sea suspendido, bajo condición de que el procesado sea sujeto a un término de prueba, en el que se le someterá a determinadas reglas de conducta, que cumplidas a cabalidad, extinguen la acción penal.
Y 1,687 por otras causas de extinción de la acción penal.
En un informe detallado, el Fiscal detalla que “por lo que respecta a las carpetas de investigación derivadas a los mecanismos alternativos de solución de controversias se resolvieron un total de 2,131 carpetas por Acuerdo Reparatorio”. Mientras que 312 carpetas judicializadas se resolvieron por procedimiento abreviado y 195 por juicio oral.
Una de las tareas en las que se ha enfatizado la FGE es desarrollar formas y métodos que le permitan agilizar los procesos de procuración de justicia y por lo tanto a ser eficientes para impartir justicia mediante órdenes de aprehensión y las sentencias condenatorias.
Tarea nada sencilla tomando en cuenta los vicios de fiscalías pasadas tanto en el tiempo promedio para denunciar un delito, la efectividad en procuración de justicia y la confianza de los ciudadanos en el Ministerio Público.
En un año, se dictaron 535 órdenes de aprehensión; se vinculó a proceso a 1,447 carpetas de investigación; 1,358 personas fueron imputadas en prisión preventiva como medida cautelar y se determinaron 471 sentencias condenatorias.
Los datos del informe
Los delitos que investigó la FGE en Quintana Roo en 2019 resultaron en un total de 58,487 víctimas u ofendidos, de los cuales 22,046 fueron mujeres, 20,935 hombres y 7,753 personas jurídicas. De estos delitos, la Fiscalía inició 42, 247 carpetas de investigación sin detenidos y 3,649 se iniciaron con detenido en flagrancia; de las cuales 29, 313 se encuentran en trámite en la etapa de investigación; 2, 385 en carpetas que fueron derivadas a mecanismos alternativos de solución de controversias, 2, 165 han sido determinadas con no ejercicio de la acción penal, 7, 930 se encuentran en archivo temporal, 2, 501 se encuentran en otras determinaciones de ley. También se lograron 859 vinculaciones a proceso y 1, 193 fueron resueltas por acuerdo reparatorio.
En cuanto a lo que se conoce como delitos de alto impacto (Homicidio doloso, culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte y violación) se denunciaron 8,223 delitos o carpetas de investigación, de los cuales 5, 911 fueron por Robo con Violencia que se dividen en: 3,657 fueron a Negocio y 282 a Casa Habitación.
Se iniciaron 685 carpetas por Homicidio Doloso de las cuales 413 fueron con Arma de Fuego; 276 se iniciaron por Extorsión; 263 por Violación; 1,028 por Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo; 24 por Secuestro; 20 por Trata de Personas y 16 por Feminicidios. Según el informe del Fiscal Montes de Oca, el índice delictivo en el Estado, del homicidio doloso, considerado de alto impacto, demostró una disminución del 8.38%;puesto que en el año 2018 ascendió a un total de 763 casos con un total de 868 víctimas y en el 2019 tuvo 685 casos con un total de 799 víctimas.
En cuanto al secuestro, se investigaron 34 casos de los cuales 25 fueron vinculados a proceso, con 11 personas arrestadas y 5 sentencias condenatorias por juicio oral.
El informe dado a conocer el día de ayer, el fiscal explica que se desactivó una banda delincuencial dedicada al secuestro, con la detención de 5 de sus miembros; así como la liberación de 27 personas secuestradas.
El delito de narcomenudeo es uno de los más frecuentes en los últimos años en Quintana Roo, según el informe es “el origen de diversas conductas delictivas que dañan a la población”. Por este delito se investigaron 1,117 casos resultando 1,106 personas detenidas.
Se lograron 201 vinculaciones a proceso, así como 6 órdenes de aprehensión y 6 sentencias condenatorias por juicio oral. “Como consecuencia del combate a este delito fueron otorgadas 60 órdenes de cateo y se aseguraron 55 inmuebles”. El informe del fiscal refiere a que en 2019 se aseguraron 185 kg y 880.21 gr de narcóticos, distribuidos de la siguiente manera: Marihuana, 102.835 kg; Cocaína 82.611 kg; Clorhidrato de Mentafetamina 386.62 gr; LSD 0.1 grs; MDA 13.9 gr; MDMA 33.59 gr., dice el informe.
