AGENCIA SIM
Cancún.- Las cárceles del estado y del país son una “bomba de tiempo” por su vulnerabilidad ante el coronavirus COVID-19, al carecer de recursos financieros, humanos o de infraestructura para lidiar con un brote interno, concordaron expertos, quienes estiman que hay cerca de 200 casos de esta enfermedad al interior de los penales, sin que se informe de ello.
Integrantes de asociaciones civiles y directivos del sistema penitenciario participaron en una mesa de análisis, titulada “Violencia, Seguridad y Derechos Humanos ante el Covid-19 en México”, realizada por medio de videocoferencia con integrantes de la prensa quintanarroense.
Allí, Saskia Niño de Rivera, directora general de la asociación civil Reinserta dijo que es preocupante las falta de confiabilidad de las cifras de contagios, por ejemplo con el alza de casos de neumonías atípicas, y es en las cárceles donde más puede darse este ocultamiento de datos, al no poder saberse con certeza lo que ocurre en su interior, salvo por lo que las autoridades decidan dar a conocer.
Indicó que en la Ciudad de México deben existir cerca de 60 casos de COVID-19, razón por la que ya se han adecuado dormitorios especiales, igual que en el Estado de México, pero todavía no se dotan de suficientes cubrebocas o equipo a nivel nacional, donde se estima los casos pueden ser 200.
En Quintana Roo, ya se tiene un interno confirmado con COVID en Playa del Carmen, además de un custodio en Cancún y un médico adscrito al Centro de Readaptación Social de Cozumel.
Apolonio Armenta Parga, titular de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario de Coahuila, concordó en que las cárceles son una “bomba de tiempo”, pues únicamente los Ceferesos tiene condiciones para lidiar con una emergencia.
“Se pueden habilitar áreas de aislamiento, pero no hay ventiladores o equipo para los casos graves”, advirtió, añadiendo que solo 200 casos para una población de 200 mil reos es un alivio.
“Nuestra apuesta como sistema penitenciario es evitar que ingrese. No hay ni recursos médicos y personal para atender esta contingencia”, señaló,
Eduardo Guerrero Durán, asesor en materia penitenciaria, también enfatizó en la necesidad de aislar a esta población, suspendiendo visitas, incluso de jurídicos, además de acuartelar a todo el personal, quienes pueden traer esta enfermedad desde sus hogares.
También descartó que exista una falta de coordinación en los penales, pues la realidad es que lo que hay es una falta de recursos.
“Hay mucho esfuerzo en una labor muy complicada, porque sin recursos, esto no funciona; se necesita para infraestructura, sueldos, buena alimentación”, comentó.
Son pocos los estados que han demostrado voluntad política para mejorar las condiciones al interior de los penales.
LA CONDICIÓN DE LAS MUJERES
También se abordó en este foro virtual la situación del las mujeres internas, incluidas aquellas embarazadas o viviendo con niños, vulnerables ante la actual situación.
Saskia Niño de Rivera comentó que en marzo se organizaron para entregarles a estas internas víveres y materiales, como leche, pañales y artículos de higiene básica. Posteriormente, revisaron con autoridades las medidas a ser tomadas, pues hubo algunas separaciones forzosas.
Después de denunciar esto a la prensa, la activista habló con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien se le explicó que se carece de apoyo federal en esta materia, acordándose habilitar, para 18 estados un penal federal para las mujeres vulnerables que voluntariamente quieran transferirse de manera temporal, para evitar el riesgo de contagio.
También se suspendieron las separaciones previstas para niños que cumplen los seis años, hasta que se pueda realizar un taller en la materia, una vez superada la actual emergencia sanitaria.
“Lo que proponemos es que las mujeres entiendan que si hay casos de infección el penal, lo mejor es que se vayan temporalmente al penal federal 16, pero que también se cumpla lo que marca la ley en cuanto a los espacios exclusivos para mujeres”, comentó.
Ello, porque, como lo explicó Ana Pecova, directora ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres, las internas se enfrentan a la disyuntiva de quedarse en una cárcel mixta, sin garantías y sin forma de satisfacer las necesidades exclusivas de las mujeres, o bien trasladarse a una cárcel federal, que sí cumple estos requisitos, pero que se encuentra lejos de su población.
En su opinión, las cárceles mixtas (las únicas con las que se cuenta en Quintana Roo) ni siquiera debieran llamarse así, porque no son aptas para hombres y mujeres, sino únicamente están habilitadas para una población femenil, pero sin tener infraestructura para ellas.
A pesar del riesgo de contagio, esta activista se pronunció en contra de cortar con las vías de comunicación, que equivale a una doble condena, en un sistema que en lugar de reformar, solo castiga, creando así nuevas víctimas.
Por su parte, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, indicó que no se podrá tener seguridad en el país en tanto no se arregle el sistema penitenciario, el último eslabón en la cadena que inicia con la prevención del delito y que por ello es visto como el “último vagón” de este tren, casi como el compartimiento de la basura,
“No arreglar esto es no tener sentimiento humanitario o empático. No podemos esperar que salgan como mejores personas si no se destina presupuesto para mejorar sus condiciones”, afirmó.
