Cancún.- El consejo estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sesionará esta semana para elegir a José Esquivel Vargas, alias «Chak Meex», como candidato a la presidencia de Felipe Carrillo Puerto, pese al proceso penal que enfrenta por el delito uso ilícito de funciones.
Entrevistado esta mañana en Cancún, Leobardo Rojas López, dirigente estatal del Sol azteca, mencionó que este sábado efectuarán la sesión del consejo, en donde también buscarán nombrar a la hija del ex presidente municipal, a Michelle Esquivel, como su suplente, toda vez que ella ya encabeza los políticos en defensa de su padre.
Esta tarde, un grupo de ejidatarios marchó por el centro de Felipe Carrillo Puerto, hasta la sede del Poder Judicial, con una lona en la que exigen la liberación de “Chak Meex”, a quien tildan un “preso político”.
Desde ayer, destacó Leobardo Rojas, ya han iniciado las manifestaciones en favor de “Chak Meex”, en las que participa su hija, quien podría incluso participar en la campaña electoral, en caso de que no logren la liberación de su aspirante.
El dirigente afirmó que José Esquivel no pierde sus derechos políticos en tanto no exista una sentencia condenatoria. También aseguró que el proceso que se sigue en su contra es inconstitucional, porque el delito que se le imputa no amerita cárcel.
La denuncia, por la entrega de un bono de fin de año a los regidores, aprobado por Cabildo, data de 2022, pero la Fiscalía General del Estado ya había determinado el no ejercicio de acción penal. El municipio se inconforma en 2023, y después de meses de inacción, el día 6 de febrero reacciona la Fiscalía, que es cuando ya se sabía que José Esquivel sería el candidato del PRD.
Seis días después, añadió, obtuvieron una orden de aprehensión, el 12 de febrero, un día inhábil por ser carnaval. El 13, fue detenido en Felipe Carrillo Puerto.
Ayer la defensa de José Esquivel recurrió al amparo, toda vez que es facultad del Cabildo disponer de su presupuesto.
Por último, a pregunta expresa, el dirigente perredista negó pedirle la intervención de la gobernadora en este proceso, pues agregó que los juzgados «no reciben instrucción de nadie».
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