Bacalar.- El ayuntamiento de Bacalar determinó sancionar a dueños de mascotas que desatiendan a perros y gatos y pongan en riesgo su integridad en la ciudad de Bacalar, ya que a la fecha se contabilizan a más de mil 500 ya en calle lo cual perjudica la salud pública.
La Coordinación de Salud del décimo municipio informó que los caninos ya se volvieron un problema de salud púbica pues además de las heces que dejan a la intemperie en calles, banquetas y avenidas de la ciudad.
Esta determinación del ayuntamiento para sancionar a los dueños de las mascotas que son sacadas a la calle y abandonadas fue gracias a la denuncia pública hecha por el comité de Protección Animal de Bacalar, la cual proporcionó a detalle fotografías de los perros callejeros y quien o quienes son sus presuntos dueños.
La Coordinación de Salud dio a conocer que se les exhortará a los presuntos dueños de estas mascotas abandonadas a recoger a sus animales y regresaros a sus hogares o darlos en adopción si es que por alguna razón ya no pueden cuidarlos y en caso de negarse serán sancionados con una multa, lo que permitirá al Ayuntamiento Bacalarense a trasladar a los caninos a la perrera municipal y decidir sobre su futuro.
Según el comité de Protección Animal de Bacalar, se contabilizan entre mil y mil 500 ejemplares, principalmente, perros, que deambulan por las calles de esta alcaldía, al ser abandonados por sus dueños.
En algunos casos esta organización, también ha denunciado el maltrato de las que son objeto las mascotas al no recibir alimentación o agua, incluso permanecer amarrados bajo el sol.
La Coordinación de Salud informó que la proliferación de perros y gatos callejeros constituyen un serio problema de salud pública en este municipio.
Por lo anterior la Coordinación de Salud promoverá ante el Cabildo la conformación de un reglamento para garantizar el bienestar de las mascotas.
El documento prevé sanciones económicas importantes a los dueños de estos animales que sean sorprendidos cometiendo estas faltas.
Además, de que se dará parte a las autoridades competentes para que se inicie una investigación al respecto.
Por Guillermo Miranda
Bacalar.- Noticias Chetumal publicó hace unos días la demanda social de un alumno del Centro Regional de Educación Normal de Bacalar (CREN), a quien presuntamente se le ha negado el derecho de titulación, aún cuando cumplió con los 8 semestres de la carrera con promedio de 7.1 general y el pago de los derechos por más de 5 mil pesos.
Independientemente de si el joven Juan Antonio Martínez Rosas tiene la razón o no en su reclamo, o la propia institución educativa, lo que es un hecho es que algo está sucediendo y no el 100 por ciento de egresados están al frente de sus grupos como maestros idóneos con plaza federal en el Servicio Profesional Docente.
La profesora Mariana Sánchez Buitrón directamente acusada por el joven Juan Antonio Martínez Rosas, acudió ante este reportero para precisar que ella nunca impidió la titulación, por lo contrario alentó el proceso y recomendó que terminara el “documento recepcional” (una especie de tesis y/o tesina) ya que el trabajo entregado no reunía los requisitos para la acreditación de un maestro de Educación Especial con grado de Licenciatura.
“Yo sé por qué lo hizo, para que todo mundo pensara lo que tú (reportero), yo le hice la observación de que no pagara pues nunca terminó su documento recepcional, requisito fundamental para acceder a la titulación”, afirmó la maestra Mariana Sánchez Buitrón.
Aun cuando el joven Juan Antonio Martínez Rosas tachó de actos de discriminación por su baja condición económica y problema de lenguaje a los directivos y maestros de esta escuela formadora de docentes, la profesora Mariana Sánchez Buitrón precisó que sería la última persona en discriminar, ya que precisamente se preparó como especialista en Educación Especial para tratar a todos por igual, en equidad.
“Todo lo que dice es mentira y yo sería la última persona que discriminaría a alguien por una condición física que yo nunca noté, yo si soy maestra de educación especial por vocación y estoy en contra de todo tipo de discriminación yo soy la primera que estoy a favor de la inclusión”, dijo.
Hasta este momento, salvo las solicitudes en Facebook de bajar la información, por estar aparentemente carente de verdad, ningún directivo de esta escuela normal ha explicado el motivo de su decadencia, es decir, que en los últimos 10 años, se han dejado de producir maestros capaces de sustentar una evaluación de ingreso al Servicio Profesional Docente y mantenerse, de acuerdo a cifras oficiales.
Aun así 1 de cada 10 egresados logró pasar en el primer intento el examen de admisión o postulación a una plaza en el Servicio Profesional Docente, es decir, que en los últimos tres años, hay un rezago del 50% de los egresados del CREN de Bacalar que no han podido obtener la oportunidad de dar clases en una escuela pública federal, ya que no han salido aptos en el examen de oposición.
Asimismo trascendió que de los últimos 80 egresados del CREN, es decir, nuevos maestros para dar clases en educación primaria que han egresado desde el 2014 a la fecha, solamente 50 están ejerciendo la docencia con plazas federales, ya que el resto no han podido sostener su plaza y fueron mandados a estudiar nuevamente y prepararse para poder estar al frente de la enseñanza en el proceso educativo.
El ciclo anterior 2017-2018 la propia tutora de un grupo de docentes practicantes sugirió a los maestros y directivos de la primaria “Andrés Quintana Roo” de Chetumal “sugerir” que no reunían los requisitos, 4 de cinco jóvenes y que probablemente no se recibirían de docentes.
Ante ello los maestros de la primaria Andrés Quintana Roo decidieron apoyar a estos jóvenes en el arte de enseñar y ayudar en su formación y actualización en los nuevos planes y programas, de tal suerte, que estos hoy docentes terminaron entre los primeros 16 de los que sustentaron el examen de ingreso y lograron su plaza como docentes, lo que los tiene ahora dando clases.
El caso de Juan Antonio es sólo uno de tantos, que justo o injusto no termina con el verdadero problema: el desinterés por ser maestro en la juventud de hoy y más aún con estudiar en el CREN de Bacalar que hasta 1986 producía más de 200 maestros en cada generación que iban con la frente en alto a cualquier parte del país, por la Niñez y la Patria.
En el reportaje de la historia de Juan Antonio, la autoridad educativa tendrá que investigar y dar una respuesta por escrito al quejoso sobre su proceso de titulación, tal vez se le obligue a realizar un nuevo documento recepcional o le devolverán el dinero pagado por este derecho, pero deberá tener respuesta.
En este reportaje también corresponderá a la autoridad educativa determinar si realiza una investigación a fondo sobre lo que ocurre en esta escuela normal formadora de futuros maestros, si están produciendo calidad, si están contribuyendo a que los miles de niños y adolescentes reciban una educación que transforme su vida en bienestar y progreso.
Nadie ha desmentido si los profesores en esta escuela tienen la siguiente calidad y preparación para formar a nuevos docentes que el país requiere. Nadie ha señalado si es mentira la herencia de plazas o en su defecto cubren licencias temporales como la del alcalde de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, quien tiene horas de enseñanza en esta institución y no ejerce.
Consultado este joven por las manifestaciones en su contra tras la publicación de el primer reportaje señala que la mayoría de las personas que opinaron tienen una relación de parentesco con personal docente de la Normal y solo una perteneció al grupo de egresados del ciclo escolar 2017-2018, en la Licenciatura en Educación Especial.
Precisó que ha cumplido con todos los requisitos para titularse y reiteró su postura de ir hasta las últimas consecuencias para que le permitan obtener su título profesional y pueda trabajar en la docencia.
Al respecto la profesora Mariana Sánchez Buitrón precisó que todo el expediente y documentos, así como el dictamen de lo que no cumplió Juan Antonio para titularse, está en la Normal de Bacalar en el área académica, dispuesto a revisión por cualquier autoridad, ya que no se obra de mala fé, sino hay todo un sustento en este caso en particular.
Juan Antonio sigue en su postura e hipótesis que noble permiten titularse debido a que el alcalde Alexander Zetina Aguiluz quiere apropiarse del terreno donde vive en la avenida 7 con calle 0, presionando a los maestros de la Normal para estos fin de.
Pésimo estado de vía Cafetal-Majahual
Bacalar.- El pésimo estado de los 55 kilómetros de la vía carretera Cafetal-Majahual, así como su falta de iluminación han proporcionado diversos accidentes, asaltos, secuestros y demás incidentes que pueden influir en la disminución de la afluencia turística.
La vía requiere ampliarse y modernizarse ya que es el principal acceso al gran Puerto Maya y el enlace ideal con el Tres Maya que pasara muy cerca del entronque carretero que enlaza a Chetumal con Cancún.
El Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo hizo un llamado al gobierno de Quintana Roo pues considera necesaria la modernización de la infraestructura carretera, los puentes y los caminos de acceso a balnearios públicos, lagunas y cenotes en el sur del estado antes de que el Tren Maya inicie operaciones.
Amir Efrén Padilla Espadas, presidente del colegio, consideró que en el Presupuesto de Egresos del estado para el 2019 no incluye de forma clara y prioritaria la asignación directa de recursos para modernizar los 55 kilómetros de la carretera Cafetal-Mahahual.
En un recorrido hecho por Noticias Chetumal, se verificó la existencia de baches y demás deformaciones del pavimento en algunas partes y de hundimientos en otras del concreto hidráulico hecho hace más de 20 años, en síntesis no hay un solo kilómetro en buen estado de la carretera.
La Costa Maya es uno de los principales atractivos de playa en la región sur de Quintana Roo, que apoyado con los vestigios arqueológicos serán de gran usufructo económico para los habitantes de la zona.
Arreglar la carretera Mahahual-Cafetao ha sido una añeja demanda que durante años ha sido planteada por los pobladores, pero no han sido escuchados por la autoridad. En los últimos dos años, el sur de Quintana Roo ha experimentado un auge turístico histórico que deja ver la carencia de infraestructura y equipamiento de toda la zona.
En el trayecto a Mahahual se observan diversos detrapones, marcas de llantas, pedazos de las mismas y sobre todo la huella de accidentes carreteros de todo tipo.
Durante los dos últimos años han ocurrido 22 accidentes principalmente por el mal estado de la carretera, así como nm la 9 asaltos y dos levantones o secuestros.
CJ ratifica cercanía con la gente en Bacalar
Bacalar.- Más de 8 mil asuntos resueltos de 11 mil que se han atendido en 18 audiencias públicas, demuestran un gobierno cercano a la gente, señaló el mandatario Carlos Joaquín González en Bacalar.
En el domo doble de la Unidad Deportiva Serapio Flota Más, acompañado del presidente municipal Alexander Zetina Aguiluz y gran parte de su gabinete legal.
El objetivo de las audiencias públicas es estar cercano a la gente, escuchar sus problemas, atender y resolver, lo que habla de un gobierno comprometido con la sociedad.
Dijo que se han atendido a más de 7 mil 500 ciudadanos que han acudido a estas 18 audiencias en los 11 municipios de la entidad y agradeció la colaboración y coordinación con el ayuntamiento de Bacalar, ya que dijo que eso espera la ciudadanía.
Somos un gobierno que da respuesta a la ciudadanía, somos un gobierno que atiende de a las personas y ayuda a resolver situaciones de vivienda, de trabajo en incluso de posibilidades de negocios, de becas y de participación en eventos que ponen en alto a Quintana Roo.
Por su parte el alcalde de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz dijo que. Por instrucciones del gobernador se han entregado 4 ambulancias a igual número de comunidades y reconoció que el mandatario está pendiente de la atención de la gente de Bacalar.
Lejos de los protocolos el gobernador es cercano a la gente, atiende y resuelve, se coordina con nosotros y le reconocemos su apoyo a Bacalar, sostuvo.
Rovirosa.- El reportero de Novedades de Q Roo, Carlos Castillo Pech fue atacado para ser silenciado, luego de que identificó a unas personas que presuntamente forman parte de un grupo delictivo, que opera en la Ribera del Río Hondo en la llamada zona cañera.
Mientras realizaba su labor, el reportero Carlos Castillo sufrió intento de homicidio por parte de supuestos integrantes de una célula delincuencial que opera en la Ribera del Río Hondo.
Aproximadamente a las 01:00 horas de este jueves, el reportero circulaba en el tramo carretero Cocoyol-Francisco Botes, pero su vehículo tipo Gol con matrícula UST274-E presentó falla mecánica.
El reportero narró que mientras le revisaba, dos sujetos que se trasladaban en una motocicleta tipo Cross ofrecieron ayuda. Como su familia ya venía se retiraron.
Sin embargo, en un rato divisó una camioneta tipo Ranger de la cual descendieron tres sujetos armados con pistolas, cuchillos y un machete, que le golpearon fuertemente.
Le despojaron de dos teléfonos celulares, un reloj, 600 pesos, una cámara fotográfica, una computadora portátil, batería, llanta de refacción y herramientas.
Los artículos en su mayoría propiedad de la empresa Novedades de Quintana Roo, están valuados en casi 60 mil pesos.
En su intento por resistirse al robo, un sujeto intentó asestar una cuchillada al comunicador, el cual le esquivó pero sufrió una herida en el brazo derecho. Luego le inmovilizaron en intentaron cortarle la cabeza pero le esquivó.
Aún así los sujetos le arrodillaron en el pavimento y le pusieron una pistola en la cabeza porque había reconocido a uno de ellos, que antes había ofrecido a ayudarle cuando pasó con otro en motocicleta.
En su desesperación logró safarse de los sujetos y se tiró en un pequeño barranco aledaño a la carretera y huyó entre el monte. Minutos después retornó al lugar y los delincuentes se habían ido.
Sus familiares acudieron en su ayuda y se solicitó el apoyo de la Policía Rural Estatal, que implementó un operativo pero no se ubicó a los delincuentes.
La mañana de este jueves Castillo Pech acudió a denunciar ante el Ministerio Público adscrito a Pucté, pero el personal se negó a recibirle porque no presentó lesiones de consideración.
Los asaltantes pertenecen a una célula delictiva dedicada al robo con violencia y abigeato en la Ribera del Rio Hondo.
Bacalar.- Un aparatoso accidente aconteció al filo de las 20 horas en la vía carretera de Miguel Hidalgo al crucero en la carretera federal Bacalar-Buenavista.
Siendo las 20:20 horas aproximadamente, se reporta al número de emergencias 911, un hecho de tránsito en la carretera al poblado de Miguel Hidalgo kilómetro 4, acudiendo la policía municipal de Bacalar , al arribar al lugar, observaron la escena donde una motocicleta base impacta de frente a una camioneta estaquitas Nissan.
La Motocicleta es una marca Italika con número de serie 3SCPFTDE1D1032028 color negra con placas de circulación RGK6F del estado de Quintana Roo, mismo que circulaba de oriente a poniente a exceso de velocidad e invade el carril contrario impactándose con la camioneta NISSAN ESTAQUITA con número de serie 1N6SD16S1TC361765 color negro con placas de circulación CW80782 del estado de Chiapas en la parte delantera.
Del fuerte impacto la motocicleta salió prácticamente rebotada quedando en dirección de poniente a Oriente, así como una persona del sexo masculino quién quedó en la carretera bocabajo y vestía playera color morado y short color negro.
El accidentado prácticamente murió en el momento por el fuerte impacto que le produjo salir volando y caer en el pavimento. Hasta el momento se desconoce sus generales, ya que su cuerpo quedó a un costado de la camioneta NISSAN estaquita.
El paramédico Julio Alfonzo con 2 de fuerza, informa que el conductor de la motocicleta ya no cuenta con signos vitales, por lo que se le da parte a la Fiscalia para el levantamiento del cadáver.
Se traslada al servicio médico a 2 personas del sexo masculino quienes dijeron llamarse Fernando Peralta Reyes de 34 años de edad con domicilio en la ciudad de Guadalajara y Carlos Cristóbal Salinas de 29 años de edad con domicilio en la ciudad de Guadalajara, quienes informaron que viajaban en la camioneta, quedando a disposición de la autoridad.
Por Guillermo Miranda
Bacalar.- Los terrenos a orillas de la Laguna de Bacalar, que día a día crece y se fortalece su actividad turística han despertado la ambición de desarrolladores, oportunistas, funcionarios municipales y hasta de particulares posesionarios de supuestos terrenos nacionales, a tal grado que parta donde se incline el dinero y el poder se actúa, aun cuando la autoridad sabe y conoce a quién le asiste la razón en diversos predios en disputa.
Todo salió a la luz pública con el desalojo que se hizo de un predio conocido como Rancho Monte Águila, que supuestamente forma parte del Área Nacional Protegida, mismo que se efectuó la tarde del 22 de febrero por la autoridad municipal en cumplimiento de un ordenamiento jurídico, tras judicializarse una denuncia de despojo en la Fiscalía General del Estado.
La orden de desalojo está a favor de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, presidente de la asociación Selva y Laguna bacalar, A. C, quién reclama la invasión de la fracción 3 de 5 Hermanos, orquestada presuntamente por Samuel Aguilar y Celso Catzin en dos ocasiones: julio de 2018 y enero de 2011 supuestamente por la fuerza y con armas de fuego que expulsaron a los investigadores y biólogos de esta zona protegida.
La propia autoridad informó que el predio de 70 hectáreas fue desalojado y en el operativo se detuvieron a cinco personas y el decomiso de dos rifles y cartuchos calibre .12 y .22 mm, armas punzocortantes y equipo de labranza, aun cuando alegaron tener la legítima posesión y mostraron documentos que avalan su posesión de 174 hectáreas.
La versión de la autoridad es que el terreno, ubicado a orillas de la laguna de Bacalar y que está dedicado a trabajos de investigación y preservación de ecosistemas había sido invadido por segunda ocasión desde principios de febrero pasado por un grupo de unas 40 personas, con armas largas, y dos camiones, quienes desalojaron a los investigadores e instalaron un campamento en forma irregular.
La versión de Samuel Huicab Aguilar y Celso Catzin.
Al respecto Celso Catzin uno de los ocupantes de los predios en disputa, primero aclaró que ni son paramilitares ni tienen armas de grueso calibre, sino que son campesinos que tienen rifles para la caza.
Señaló que el pleito por este terreno se originó debido a que una ciudadana de Francia compró parte del terreno denominado “5 hermanos” y de manera astuta el vendedor le dio otras colindancias que mediante la corrupción está afectando 70 de las 174 hectáreas que pertenecen a Rancho Monte Águila.
Denunció que es tal la corrupción, que los tres órdenes de gobierno se coludieron con la francesa para instrumentar el desalojo que ocurrió el 22 de febrero de 2019, aun cuando el posesionario original, Osvaldo Morales Correa, le vende a Samuel Huicab Aguilar, quien solicitó de manera oficial ante la SEDATU el terreno y le otorgaron 174 hectáreas desde el 2014.
Versión de Gustavo Rodríguez
Según lo publicado en Grupo Pirámide, Rodríguez Elizarrarás señala que ha trabajado toda una vida para adquirir el sueño de su vida: un terreno para un proyecto sustentable a la orilla de una de las lagunas más hermosas del mundo en Bacalar.
“Los delincuentes viven en la total impunidad porque saben que, por incapacidad, corrupción o exceso de trabajo, la justicia no actúa. Las víctimas que somos gente pacífica, con reconocimiento desde hace casi 40 años”, agrega.
Rodríguez Elizarrarás señaló a grupo Pirámide que son suyos los predios en disputa desde 1990, sin embargo miente totalmente, pues según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la compra venta de las fracciones del entonces terreno denominado 5 hermanos inició en 1999 con el registro de la fracción 4 a favor de Fernando Betanzos Tenorio y María del Carmen Betanzos Tenorio bajo la escritura número 29431 folio 55 tomo CCCL a fojas 156 a 159 de fecha 22 de noviembre de 1999.
Según el Ayuntamiento de Bacalar en Oficio MB/TM/DC/242/2018 en contestación a solicitud de la SEDATU de abril del mismo año y firmada por Fredy Marrufo Martín, existe un traslape, es decir las 174 hectáreas del terreno denominado Monte Águila están técnicamente montadas en solo 50 hectáreas de la fracción 3 de 5 Hermanos y propiedad de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de fecha 23 de enero de 2009 según escritura número 2955 y folio 99184.
Der acuerdo a las coordenadas estipuladas en la autorización de la SEMARNAT que declaró Área Nacional Protegida el predio fracción 3 de 5 Hermanos a solicitud de Gustavo Rodríguez Elizarrarás (copia en poder de Noticias Chetumal), no tiene colindancia a la Laguna de Bacalar ni tampoco cuenta con acceso hacia la carretera federal, ya que de acuerdo a la imagen satelital dicho terreno se encuentra a cuatro hectáreas de la colindancia con el Ejido Buenavista, es decir, actualmente de acuerdo a la reja puesta, invade parte del predio de Monte Águila.
La historia del predio 5 Hermanos, parte de la disputa
“5 Hermanos” era un terreno nacional de 363.4 hectáreas y que en sociedad la fracción tercera -69.9 hectáreas y el pedazo de predio -104 hectáreas- colindante con el ejido Buenavista –sin propietario-llenaron de codicia a Osvaldo Morales Correa y a Gustavo Rodríguez quienes se hicieron socios ahí por el año de 1999 y empezaron a planear el usufructo de la misma, incluso que los llevó a talar de manera ilegal diversas especies maderables de la zona.
En la investigación hecha por Noticias Chetumal, Osvaldo Morales Correa rompe la sociedad con Gustavo Rodríguez desde el 2005, cuando se da cuenta que éste decidió titular a su nombre la fracción tercera del predio 5 Hermanos, por lo que sin dinero busca quedarse con las 100 hectáreas –lote vacío en terrenos nacionales- y ahí es donde se contacta con Samuel Huicab Aguilar en 2013, dedicado a comprar predios para cerrar madera.
Aun cuando Gustavo Rodríguez señaló a Grupo Pirámide que hay grandes corporaciones que quieren poner hoteles de muchas estrellas y muchos pisos y destrozar un ecosistema que es demasiado frágil – el de la Laguna de Bacalar- y por ello apropiarse de “Huub’ Sak”, no aclaró que solo es propietario de 70 hectáreas que donó para que fueran convertidas en Área Nacional Protegida, según el certificado de la CONANP 236/2010, es decir, un año después de que lo tituló a su nombre según consta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Osvaldo Morales Correa y sus engaños
Debido a que ahora Osvaldo Morales Correa observó que Gustavo Rodríguez mandó a cercar no solo la fracción 3 del predio 5 Hermanos de su propiedad -70 hectáreas- sino también las 100.4 hectáreas más, por ello desde 2014 hace tratos con Samuel Huicab Aguilar, quien inicia el trámite ante SEDATU para que le asignen 174 hectáreas del predio Monte Águila, por lo cual le asignan número de folio a su solicitud y toma posesión del predio.
Sin embargo el 24 de julio del 2017, tramitó un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito, en Chetumal, contra todas las autoridades, donde aportó como testigos a varias personas para que la autoridad le diera posesión final de 174 hectáreas en el predio denominado Monte Águila, engañando al juez federal, ya que el predio sin ocupar solo es de 100.4 hectáreas comprendidas desde la Zona Marítima Federal hasta la Carretera Chetumal-Bacalar y de su colindancia con el predio fracción 3 de 5 Hermanos hasta el Ejido Buenavista.
Tanto el trámite hecho por Osvaldo Morales en SEDATU como el hecho por Gustavo Rodríguez ante SEMARNAT, tienen imprecisiones y solo reflejan la ambición desmedida de ambos sujetos, ya de la tercera edad, por quedarse con ese predio cuya colindancia a la Laguna de Bacalar es envidiable.
Gustavo Rodríguez tuvo que acudir ante la Fiscalía General del Estado para denunciar que alrededor 50 individuos armados corrieron al vigilante a punta de pistolas y armas largas el 26 de julio de 2017 y le asignaron la carpeta FGE/QR/BA/07/507/2017, que procedió lentamente hasta que el 22 de febrero se ejecutó el desalojo a cargo de policías municipales de Bacalar.
En un video en poder de Noticias Chetumal, durante el desalojo la Policía Municipal no presentó ninguna orden, por ello se observa la resistencia de los ocupantes encabezado por Samuel Huicab, quien posteriormente fue detenido en Bacalar en el tramo conocido como libramiento por supuestas faltas administrativas y quedó en libertad por falta de pruebas 10 horas más tarde.
Quien aún permanece detenido es Osvaldo Morales de 82 años, quien también fue apresado en Bacalar cuando iba a entrar a su domicilio por el delito de daños en propiedad ajena, al aventar una piedra a la patrulla y romperle los cristales, según la explicación que diario a sus familiares, al momento de ser ingresado al CERESO de Chetumal, versión que confirmó el personal de la Fiscalía General del Estado a Noticias Chetumal.
Versión de la segunda invasión
En abril del año de 2018, mientras la delegación de la SEMARNAT solicitaba información al Ayuntamiento de Bacalar y al Registro Público de la Propiedad y el Comercio sobre las 174 hectáreas supuestamente terrenos nacionales superficie sin dueño, ante la solicitud que se hizo en la Reforma Agraria y en esa instancia de gobierno Osvaldo Morales ordenó con Samuel Huicab ingresar nuevamente al predio Monte Águila con un grupo de trabajadores armados con rifles, apoderándose de igual forma de la fracción 3 de 5 Hermanos, aunque en la denuncia Gustavo Rodríguez de manera maliciosa señaló que habían invadido también las fracciones 2 y 4, ya que la 3 estaba resguardada por un séquito de guardias privados.
Aun la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano (SEDATU) no da su anuencia sobre la solicitud de posesión de las 174 hectáreas de Monte Águila, debido a que está sobre el predio fracción 3 de 5 Hermanos propiedad de Gustavo Rodríguez y que ahora es un Área Nacional Protegida, pero a aprovechándose de la lentitud de la ley, Samuel Huicab llevó a sus trabajadores a limpiar dicho predio.
“Yo tengo la documentación y no pueden reclamarse estos terrenos como nacionales”, dijo a Grupo Pirámide Gustavo Rodríguez e informó que quien se presentó en diciembre de 2018 a los terrenos fue Samuel Aguilar, que le explicó que quien le cedió los derechos de Monte Águila es Osvaldo Morales. “Yo mismo le dije que eso no tenía valor, porque los terrenos no son nacionales”, recordó.
Es decir Gustavo Rodríguez reconoce la existencia de 100.4 hectáreas de terrenos nacionales denominada la extensión Monte Águila.
Lo que indica el satélite
Noticias Chetumal consultó con un topógrafo, que durante 20 años laboró en la dirección de Catastro del Gobierno del Estado, quien certifica que existe un traslape, tal y como lo reconoce el propio Ayuntamiento de Bacalar, ya que al ingresar las coordenadas geográficas del predio Fracción 3 de 5 Hermanos ahora ANP las 70 hectáreas se ubican claramente dentro de la superficie de Monte Águila, y no tiene ni salida a la Laguna de Bacalar ni a la carretera Federal Chetumal- Carrillo Puerto.
Asimismo existe una extensión de aproximadamente 100 hectáreas que no tienen dueño, es decir, aparecen como terrenos nacionales según la cartografía de la Reforma Agraria consultada vía satélite, por lo que es evidente que tanto Osvaldo Morales (representado por Samuel Huicab) como Gustavo Rodríguez quieren apropiarse de tierra que no les corresponde.
Ayuntamiento parcial
El ayuntamiento de Bacalar que encabeza Alexander Zetina Aguiluz sabe desde abril de 2018 del conflicto de intereses en estas tierras y de manera tramposa cobró los derechos en la Zona Marítimo Terrestre a Osvaldo Huicab por la colindancia de 174 hectáreas con la Laguna de Bacalar, y al mismo tiempo avaló el desalojo vía Seguridad Pública Municipal por este total de tierras presuntamente invadidas, cuando debió ordenar que quedasen libres las 70 hectáreas de la Fracción 3 de 5 Hermanos propiedad de Gustavo Rodríguez.
Lo extraño de todo este caso es el hostigamiento de parte de elementos de Seguridad Pública Municipal contra Samuel Huicab que sin mediar falta administrativa alguna (exceso de velocidad, manejar ebrio o bajo influjo de enervantes, placas o documentos irregulares, etc) le fue retenido su vehículo un carro tipo chevy en las calles de Bacalar.
Seguridad Pública reguarda las 174 hectáreas
Pese a que ya se judicializó el proceso de la denuncia por el delito de despojo y amenazas y lo que se acumule, la Fiscalía General del Estado solo pidió el auxilio de la Policía Municipal de Bacalar para desalojar la Fracción 3 de 5 Hermanos donde se ubica la APN, pero de manera irregular y con alguna intención (que según Samuel Huicab denuncia dinero sucio y corrupción) Seguridad Pública Municipal resguarda las 174 hectáreas y ha decomisado vehículos y armas de cacería de los trabajadores – no invasores-, de los campesinos, no paramilitares que ahí se encontraban y que fueron sacados hace ya tres días.
En este sentido la omisión de información por parte de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Bacalar es clave, ya que saben exactamente de donde a donde debe operarse el desalojo – de las 70 hectáreas Fracción 3 de 5 Hermanos- y no de todo el predio de 174 hectáreas que indebida y mañosamente mandó a cercar Gustavo Rodríguez, supuestamente para hacer un desarrollo turístico con una ciudadana originaria de Francia aprovechando la colindancia de Monte Águila con la Laguna de Bacalar y que no tiene su ANP.
¿Quién está detrás de Samuel Huicab?
Para Gustavo Rodríguez aparentemente hay dos personas: José Ramón Martínez López y Gabriel Soto Pozos; que están vinculados al ex gobernador y hoy presidiario Roberto Borge Angulo, por el modo de operar y que así fraguaron numerosos casos de invasiones en el municipio de Tulum, apoyados por SEDATU y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, según denunció a Grupo Pirámide el propio Gustavo Rodríguez.
Sin embargo quien acusa está obligado a probar su dicho y en la investigación hecha por Noticias Chetumal la única vinculación de José Ramón Martínez López y Gabriel Soto Pozos es que ambos aparecen como propietarios de una facción de 5 Hermanos según Catastro Municipal de Bacalar.
Gaspar Amelio Rosado Gamboa en abril de 2018, como Director de Catastro Municipal de Bacalar señala que en la revisión echa existe el predio fracción inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio a nombre de José Ramón Martínez López y Gabriel Soto Pozos, bajo folio 27-39 del Tomo XXIX-A fojas 37 y 38, con fecha 6 de junio de 2011, es decir, exactamente dos meses y un día después de que tomara posesión como gobernador Roberto Borge Angulo.
¿Quién tiene la razón?
Finalmente deben ser las autoridades Reforma Agraria y la SEDATU, la SEMARNAT por el tema de la fracción 3 convertida en APN y el ayuntamiento de Bacalar a cargo de Alexander Zetina Aguiluz, vía Catastro Municipal, quienes mediante el uso de la tecnología con las coordenadas geográficas hagan una medición exacta de cada fracción del predio 5 Hermanos y decidan si se otorga o no el predio sobrante de 100.4 hectáreas de terrenos nacionales con colindancia a la Laguna de Bacalar, denominado Monte Águila a Osvaldo Morales o simplemente se le niega la posesión y se informa al Poder Judicial de la Federación para resolver el juicio de amparo promovido por éste último por el arrebato de las supuestas 174 hectáreas indebidamente reclamadas.
Lo cierto es que mañosamente a ambos posesionarios, tanto a Gustavo Rodríguez como a Osvaldo Morales, el ayuntamiento de Bacalar cobra anualmente los impuestos como predial, uso de suelo y Zona Marítimo Terrestre tanto por la Fracción 3 de 5 Hermanos –donde está la ANP- como por las 174 hectáreas de Monte Águila aunque esté traslapado.
AGENCIA SIM
Chetumal.- Si bien ayer el encargado de despacho del Ayuntamiento de Othón P. Blanco prometió la llegada de los cinco primeros camiones que empresa Amex Eco Solutions se comprometió a enviar, para resolver el problema de la recoja de la basura, en realidad llegaron cuatro, dijo la regidora María Hadad Castillo, pues hay uno en pésimas condiciones.
“Los camiones llegan dos semanas después y solo cuatro de los 10; la empresa le dio un camión medio destartalado y ese no cuenta; en realidad solo llegaron cuatro y dejan mucho que desear; la gente solo quiere que se normalice el servicio; desgraciadamente, estamos tan mal como municipio, que la gente ya ni siquiera quiere camiones nuevos, sino que pasen por la basura”, externa la concejala en entrevista.
Distinta es la postura de ellos como regidores, pues ellos saben que existe un contrato y ven que no se está cumpliendo, alegó, pese a que no se les ha permitido verlo.
“Al firmar un contrato, comprometes recursos públicos y comprometes la razón legal y jurídica del municipio”, declaró. “Ahí se estipula que, si bien no camiones nuevos, sí en perfectas condiciones, que permitan que el servicio sea ágil y que cubra todas las rutas”.
Actualmente, el problema de la basura es tan grave que hay zonas por donde no han pasado los camiones desde hace 15 días. Y por eso requieren camiones modernos y eficientes.
Además de las unidades, la empresa debía instalar un centro de transferencia, en una hectárea dispuesta en el relleno sanitario, para que ahí se procesara la basura y se la llevarán hasta Veracruz.
Ante la larga distancia que hay entre ambas entidades, Hadad Castillo cuestionó al director de Obras y al encargado de despacho, quienes le dijeron que no se iba a llevar toda la basura, sino que parte de la misma se vendería en el mismo municipio.
En su opinión, el que desde un principio no se cumpla el contrato sienta un mal precedente y le hace pensar que así seguirá, tal como se vivió con Intrasiso, que todavía no construye el relleno para reemplazar el que está colapsado.
“El municipio debió rescindir el contrato y buscar, ya sea una asignación directa o hacer una licitación abierta para que vinieran las mejores empresas, que fue lo que pedimos”, señaló.
Aclara que no niegan que la empresa exista, pero sí cuestionan su seriedad, porque ni siquiera tiene una página de internet para ofrecer sus servicios.
«Originalmente a nosotros, como regidores, al hablarnos de la empresa Amex Eco Solutions nos habían dicho que iba a ser 10 camiones nuevos y que al final del contrato de ocho meses podrían dejarlos al municipio», detalló.
Cabe recordar que este contrato por ocho meses tiene un costo de ocho millones de pesos. De acuerdo a lo indicado por el encargado de despacho, este contrato era más barato para la Comuna que comprar directamente los camiones, pues cada uno vale 1.7 millones de pesos.
Respecto a por qué el costo era bajo, se decía que la ganancia de la empresa sería en la venta de los residuos, pero como se menciona, originalmente sería en Veracruz, no en el mismo municipio.
Por si esto fuera poco, la concejala indica que, al exigir que se les permita ver el contrato, recibieron la misma respuesta que la prensa el día de ayer: que hiciera la solicitud a Transparencia.
“¿Cómo le vas a responder así a un miembro del máximo órgano de gobierno? Tal vez a un ciudadano o periodistas, pero incluso así, es información que debe ser pública. De todos modos, ya se solicitó, pero ¿por qué la opacidad?, ¿qué quieren ocultar?”, declaró.
Dice que, si bien se va a empezar la recoja, vigilarán que se cumpla con todo lo que dice el contrato y que le den un buen manejo a los desechos, porque parece que lo van a vender tal como la haría cualquier pepenador.
Solicitarán recursos de revisión incluso contra el encargado de despacho.
DUDAS EN TORNO A EMPRESA
Amex Eco Solutions, empresa que se supone es de Veracruz, y cuyo director es Óscar Armando Báez Romero, ha sido cuestionada desde el principio por varios regidores, incluidos Hadad Castillo, ya que no se encuentran registros en línea de dicho negocio. Es decir, no hay página de internet, ni redes sociales, así como alguna nota periodística o algún sitio que hable de ellos. De ahí la desconfianza de muchos.
Sin embargo, en entrevista, Murrieta Bautista defendió a la empresa diciendo que no tener cuentas en redes sociales no significa que no existe y puso de ejemplo los negocios de sus padres, quienes pagan impuestos, pero tampoco aparecen en Facebook.
Finalmente desalojan predio en Bacalar ocupado “ilegalmente”
BACALAR,- Finalmente el predio Rancho Monte Aguila, que forma parte del Área Nacional Protegida en Bacalar fue desalojado y en el operativo se detuvieron a cinco personas y el decomiso de dos rifles y cartuchos calibre .12 y .22 mm, armas punzocortantes y equipo de labranza, aun cuando alegaron tener la legítima posesión.
El operativo desplegado por elementos de la Marina, el Ejército, así como policías estatales fue para recuperar un predio de unas 70 hectáreas ubicado en el kilómetro 40 de la carretera Bacalar-Cafetal y que fue invadido por un supuesto grupo paramilitar, cuando en realidad eran campesinos que trabajaban con el supuesto dueño Don Samuel Huicab Aguilar.
La versión de la autoridad es que el terreno, ubicado a orillas de la laguna de Bacalar y que está dedicado a trabajos de investigación y preservación de ecosistemas había sido invadido por segunda ocasión desde principios de febrero pasado por un grupo de unas 40 personas, con armas largas, y dos camiones, quienes desalojaron a los investigadores e instalaron un campamento en forma irregular.
Sin embargo otro de los dueños del predio Celso Catzin, señaló que el pleito por este terreno se originó debido a que una ciudadana de Francia compró parte del terreno denominado “5 hermanos” y de manera astuta el vendedor le dio otras colindancias que mediante la corrupción está afectando 70 de las 174 hectáreas que pertenecen a Rancho Monte Águila.
Denunció que es tal la corrupción que los tres órdenes de gobierno se coludieron con la Francesa para instrumentar el desalojo que ocurrió este día, aun cuando el posesionario original Samuel Huicab Aguilar le vende a Osvaldo Morales Correa, fue quien solicitó de manera oficial ante la SEDATU el terreno y le otorgaron 174 hectáreas desde el 2014.
“nosotros ni somos paramilitares ni somos ricos, somos campesinos que adquirimos el terreno con mucho esfuerzo y sacrificio y no vamos a permitir que nos despoje una extranjera y mucho menos que las instancias estatales ahora desconozcan los documentos expedidos en 2014 y que avalan y delimitan con exactitud tanto el predio “5 Hermanos” como el adjunto Rancho Monte Águila, que no son lo mismo y ante lo cual se finge demencia por parte de la autoridad”, dijo Celso Catzin-
Informe oficial
La primera invasión, según los reportes, ocurrió en julio del año pasado cuando un primer grupo invadió la superficie de unas 70 hectáreas -catalogadas como de alta plusvalía por su ubicación a la orilla de la laguna y su orientación a trabajos de investigación y preservación de ecosistemas- con rifles y equipo de labranza y desalojó a los investigadores y comenzar al desmonte de la selva. Incluso el terreno estuvo resguardado por elementos de seguridad privada.
Durante la inspección que los elementos policiacos realizaron en el lugar constataron la destrucción de mangle y árboles de maderas preciosas.
La superficie invadida está registrado como Área Natural Protegida ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp) y los infractores pretenden efectuar desarrollos turísticos sin los permisos correspondientes y la propiedad de la tierra.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República de la zona sur luego que los investigadores procedieron a interponer la denuncia ante el Ministerio Público (MP), por los presuntos delitos de despojo, lesiones, amenazas, daños al ambiente y lo que resulte.
Después del medio día, el predio fue recuperado por los elementos sin necesidad de recurrir a la fuerza. El inmueble quedó bajo resguardo de la Policía Municipal de Bacalar.
(FUENTE: Noticaribe)
Bacalar.- Esta mañana tropas de la Policía Militar, Marina, policía Estatal y agentes Ministeriales, se movilizaron en un predio en el Área Natural Protegida de Bacalar, mismo noticiero Aristegui Noticias reveló había sido invadido por gente armada en días pasados.
Gustavo Rodríguez Elizarrarás, propietario y es además presidente de la asociación Selva y Laguna Bacalar AC, declaró a este portal de noticias que esta es la segunda ocasión en menos de dos años que este predio es invadido.
La valía de estas tierras se debe a que colindan con “la laguna de los siete colores”.
Trascendió que la invasión, que comenzó a inicios de febrero, fuer encabezada por una persona de nombre Salvador Huicab Aguilar, y quien lidera a un grupo de 40 personas armadas, aunque se dice que quien está detrás de la misma es Juan Osvaldo Morales Correa, quien pidió a la Sedatu le fueran asignadas 174 hectáreas, dentro de las cuales están las 70 de Rodríguez Elizarrarás.
Aunque se reportó el hecho en su momento, las autoridades optaron por no intervenir, al ver la fuerza de este grupo.
Hoy, auxiliados por la Marina, agentes de la Policía Federal acudieron a recuperar en predio y agentes ministeriales colocaron sellos de clausura en el Rancho Monte Águila, donde quedaron ropas colgadas y una olla de frijol en el fuego y mercancía en las rústicas chozas cerca de la carretera 307.
Cabe recordar que la primera invasión se realizó el 27 de julio de 2017 cuando un supuesto grupo paramilitar se apoderó del lugar hasta diciembre del 2018. Una vez que se fueron el propietario volvió a tomar posesión. Sin embargo, personas volvieron a ingresar en diciembre, dejando incluso amenazas contra él. Para enero regresaron e incluso expulsaron del sitio a los empleados de Rodríguez Elizarrarás, también con amenazas. Y desde febrero no se han ido de dicho predio.
Otros terrenos vecinos custodiados por guardias de seguridad armados, vestidos de civil y con perros alemanes no fueron molestados.