Disculpa

Ofreció FGE disculpas públicas a una ciudadana en observancia a una recomendación de la CDHEQROO

Publicado en

Chetumal.- La Fiscalía General del Estado (FGE), en atención a la recomendación CDHEQROO/10/2019/I emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado ofreció disculpa pública y el reconocimiento de la calidad de víctima a la ciudadana María Félix Perera y Cruz, por actos violatorios ocurridos en el año 2014.

En este marco, se destacó que la disculpa pública ofrecida a la víctima se hizo con el fin de satisfacer el derecho a la reparación del daño y con el compromiso de la FGE, a tomar las acciones necesarias para que no se repitan las malas prácticas de servidores públicos, en casos análogos y futuros.

La denuncia del hecho, se inició el 19 de septiembre de 2014 en la carpeta de investigación respectiva, derivado del deceso de una persona del sexo femenino, sin que hasta la fecha se haya detenido al responsable, dejándose de realizar diligencias, las que no se efectuaron con el enfoque de género, acción que se traduce en una dilación el no acceso a la justicia de manera pronta y expedita.

Cabe destacar que este acto, asistieron representantes de los medios de comunicación quienes dieron cuenta del cumplimiento de la recomendación de la CEDH por la Fiscalía; también estuvieron presentes representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y servidores públicos de Fiscalía General del Estado.

La FGE refrenda su compromiso de atender todas las recomendaciones que emite el órgano estatal encargado de la protección de los derechos humanos, y de procurar justicia conforme a derecho corresponda en estricto apego a lo que establece la normativa vigente.

Víctima de abuso de autoridad debió esperar cuatro años por disculpa

Publicado en

Chetumal.- María Elena Meneses Loría acudió a un supermercado Soriana para tomarse unas fotos, pero acabó siendo detenida por un acto que no había cometido y, lo que es peor, por policías y una agente de la Fiscalía que también sabían que no había cometido. Después de varias horas en la cárcel, la mujer fue liberada, por lo que interpuso una queja. Sin embargo, después de cuatro años, no se ha avanzado con su caso, por lo que la Fiscalía General del Estado hoy tuvo que darle una disculpa pública, aunque todavía sigan sin aplicar la justicia.
La Fiscalía General del Estado hoy debió disculparse con esta ciudadana, por dilación de justicia, por órdenes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo). Al igual que en otros actos similares, el titular, Oscar Montes de Oca, evita dar la disculpa, delegándolo en vicefiscal para la Zona Sur, Carlos Maya Girón.
Este funcionario afirmó que en la presente administración, la celeridad será una prioridad.
Meneses Loría estaba en una tienda de Soriana para tomarse unas fotos, cuando varias pantallas de televisión se cayeron. El personal de la tienda la responsabilizó y llamaron a la autoridad. La agente de la Fiscalía, Clara Ribera Betancourt, vio, junto con los policías, el video de vigilancia, que mostraba que la ciudadana no había tocado las pantallas. Sin embargo, pese a tener la evidencia de su inocencia frente a sus ojos, la agente ordenó la detención de la mujer, la que incluso acabó trasladada a la Cárcel de Chetumal.
Al no existir elementos, la víctima fue liberada al cabo de varias horas, interponiendo ella, a su vez, una denuncia por abuso de autoridad, la que hoy, cuatro años después, sigue sin ser resuelta, en una evidente negación de justicia por parte de la Fiscalía, para proteger a su propio personal.
Incluso, aunque se le haya brindado una disculpa pública a la afectada, que abre el camino a la reparación del daño, continúa sin avanzar la denuncia que interpuso, por lo que la víctima, presente hoy en este acto, afirmó que todavía no ha concluido.
“Quiero que se conozca la verdad. Así como fui detenida y trasladada a la cárcel, quiero que se sepa que no cometí ningún delito”, comentó Meneses Loría.
La agente involucrada continúa en activo, sin ningún proceso administrativo en su contra.

Ayuntamiento de Benito Juárez ofrecerá disculpa pública a periodista Luciano Nuñez

Publicado en


Cancún.- El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de su presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, deberá ofrecer una disculpa pública en la que se establezca la verdad de los hechos, la aceptación de la responsabilidad y se restablezca la dignidad de la víctima, el periodista y escritor, Luciano Antonio Nuñez, de origen argentino.
Esta disculpa pública obedece a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEQOO) número CDHEQROO/01/2019/II dirigida a la presidente municipal de Benito Juárez por hechos violatorios atribuidos a Gregorio Sánchez Martínez, por la transgresión a los Derechos Humanos de Luciano Antonio Núñez y en contra la libertad de expresión.
Greg Sánchez calificó en diversas conferencias de prensa y entrevistas al periodista Luciano Nuñez de mentiroso y delincuente y lo amenazó con meterlo a la cárcel.
Lo anterior derivado de la autoría de un Libro, que el comunicador escribió cuando el empresario, político y pastor Sánchez Martínez y que éste se adjudicó indebidamente cambiándole el nombre y unos pasajes de la historia, lo que los llevó a un juicio de derechos de autor que ganó Luciano Nuñez.
A través de diversos elementos probatorios, Derechos Humanos encontró que hubo violación a los Derechos Humanos en contra del periodista y escritor, a quien realizó diversas amenazas públicas: meterlo a la cárcel, además de calificarlo de mentiroso y delincuente.
Entre otros puntos, el Ayuntamiento deberá girar instrucciones para que directores, subdirectores y jefes de departamento, se abstengan de intimidar o violentar el derecho a la libertad de expresión de la víctima, así como de cualquier otra persona; además de diseñar un programa de capacitación en Derechos Humanos, cultura de la legalidad y libertad de expresión.
Por otro lado, el municipio deberá iniciar un procedimiento para determinar si existieron faltas que constituyan infracciones en materia de responsabilidad administrativa.
En su medio de comunicación Pirámide, el periodista Luciano Nuñez expuso su postura:
Después de sufrir amenazas por defender mi libro: El Beso de Judas; de gastar mis ahorros en acciones legales, de ver llorar tantas veces a mi hija; después de tantos días en incertidumbre, me he preguntado no pocas veces si ha valido la pena arriesgar tanto. La respuesta es sí. Y esta recomendación no sólo reivindica mis derechos: sirve para que, tanto Gregorio Sánchez Martínez como cualquier otro funcionario público, que deberían velar por la observancia de la legalidad y los Derechos humanos, no actúen como si estuvieran exentos o por encima de la Ley.
Carpetazo inexistente
Al acudir al Ministerio Público, Gregorio Sánchez Martínez dijo que a mis expedientes les habían dado “carpetazo”. Y lejos de entablar un diálogo como se le propuso desde el comienzo, y contra todo mandato cristiano, ha utilizado una violencia que jamás empleó para denunciar a los que verdaderamente lo encarcelaron. ¿Será que un periodista es más fácil amenazar, incluso matar? PRG y Ministerio Público siguen investigando.
PGR
La Procuraduría General de la República, PGR, ha notificado bajo el oficio con registro 607, que ha iniciado una carpeta de investigación: FED/QR/CUN/0000286/2018, en contra de Gregorio Sánchez Martínez, por su probable participación en la comisión de hechos que la ley señala como delito en materia de derecho de autor, previsto y sancionado en la fracción I del artículo 424 Bis del Código Penal Federal.
Es paradójico que empecé a escribir El Beso de Judas en campaña, motivado por lo que consideré en su momento una injusticia; ahora me pregunto cuántas banderas nos mueven a mares que después intentan tragarnos bajo sus tormentas de poder. Seguramente, debo aprender algo de todo esto que todavía no ha terminado, pero bajo la convicción de que defenderé mi libro con la tenacidad con que se defiende a un hijo.
Los más vulnerables
México tristemente es el cementerio más grande de informadores en América y el Mundo.
De 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado el asesinato de 122 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 2 en el actual de Andrés Manuel López Obrador. El año pasado, Quintana Roo perdió a tres compañeros en circunstancias todavía no esclarecidas.
El último caso es el de Rafael Murúa, asesinado el 20 de enero de 2019, en Baja California Sur.
Escribir
Desde que mi padre me regaló una Olivetti Verde, siento que nací para empuñar la pluma y no he parado de hacerlo. Después de ver lo que se hizo con mis derechos de autor: el fruto de años de formación y trabajo, no podía más que apelar a la justicia y encomendarme en Dios. Porque también nos definimos por las batallas que libramos día a día.
Para los magistrados en la materia, la autoría intelectual es considerada como la extensión del ser, es parte y fruto de nuestra esencia. Y nadie puede apropiarse de eso, al menos no debemos permitirlo.

Acepto esta disculpa y exijo justicia para todas las víctimas, a quienes seguiré dando voz: Lydia Cacho

Publicado en

Gobierno federal se disculpa públicamente con Lidia Cacho
Por Guillermo Miranda
Chetumal.- Este jueves, el Estado Mexicano reconoció públicamente su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro y le ofreció una disculpa, en presencia de la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Reconoció que la periodista Lidia Cacho Ribeiro fue hostigada, criminalizada, privada de su libertad, torturada, abusada sexualmente por policías ministeriales de Quintana Roo y Puebla y personal de seguridad privada del empresario Kamel Nacif en un amplio operativo para su detención ilegal en el 2005.
“Estoy aquí por este país que niega asumir su realidad. Acepto sus disculpas y exijo justicia para todas las víctimas a quienes seguiré dando voz” dijo la periodista Lydia Cacho.
En el evento, la periodista Lidia Cacho aseguró que hace casi 14 años dio la batalla más importante de su vida.
“emprendí una batalla para mantenerme con vida ante los diferentes mandos de gobierno en diferentes estados”, dijo.
Gracias al trabajo periodístico de Lydia Cacho se descubrieron a bandas delictivas que operaban en el país dedicados a la pederastia y la trata de blancas.
“No hay solución a la persecución de periodistas, la impunidad es lo que intenta silenciarnos”: Lydia Cacho
Autora del libro «Los Demonios del Edén» en el que da cuenta de una red de pederastas de la que formaban parte empresarios y políticos, entre ellos, Kamel Nacif y Jean Succar Kuri, quienes eran amigos del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín.
La represaría vino de inmediato y sin orden de aprehensión fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en Cancún, en amplio operativo donde participaron personal de seguridad del empresario Kamel Nacif y cinco agentes judiciales del estado y otro tanto de Puebla.
Por espacio de 20 horas la trasladaron al estado de Puebla como represalia de lo publicado y durante el trayecto fue golpeada, torturada, agredida sexualmente y demás vejaciones que trasgredieron sus derechos humanos. Tras pagar una fianza de setenta mil pesos fue liberada.
El 13 de marzo de 2006 denunció penalmente a Nacif Borge y al gobernador de Puebla, Mario Marín, entre otros funcionarios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso pero desechó pruebas como la grabación de una conversación entre el gobernador de Puebla, Mario Marín y el empresario, Nacif donde se escucha el agradecimiento por la detención de la periodista.
La tibieza de la justicia mexicana en este agravio a la libertad de expresión y la subyugación del poder político al poder económico, el caso tuvo que ser ventilado en los organismos internacionales, lo que dio paso a ratificar los delitos violatorios de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
Además en octubre de 2014 Lydia Cacho y Artículo 19, organización internacional en defensa de la libertad de expresión, denunciaron al Estado Mexicano por violaciones a los derechos humanos.
Por esta razón y por recomendación internacional del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, se emitió dicha orden de la disculpa pública hacia la periodista Lidia Cacho, la cual le fue comunicado el pasado 31 de julio de 2018 a la Asociación Civil Articulo 19 que apoyó a la comunicadora.
Lydia Cacho aseguró que si las mujeres, como ellas, se han jugado la vida por los derechos humanos, lo menos que esperan es que “el gobierno de este país tenga la mitad de valentía que nosotras hemos tenido”.
“Ni torturadas ni perseguidas vamos a someternos al poder del periodismo machista ni al poder patriarcal. Queremos que haya justicia para las mujeres de Atenco, las víctimas de la Guardería ABC”, expresó.
En esta disculpa pública estuvo presente Olga Sánchez Cordero; secretaria de gobernación, Marcelo Ebrad, secretario de relaciones Exteriores, Alejandro Encinas, Iliana Cristina Rueda presidenta de la asociación Artículo 19 y Juan Ramón de la Fuente representante de México en la ONU.
Lo anterior forma parte de la reparación integral que determinó el Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio pasado.
Olga Sánchez Cordero, dijo que el gobierno de López Obrador no estará supeditado a intereses particulares, el poder político y el poder público no estará al servicio del poder económico y que el gobierno mexicano estará protegiendo a quienes con su pluma o su voz denuncien los atropellos que sufra la sociedad mexicana.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció que el Estado Mexicano falló en proteger los derechos a la libertad de expresión y a la no tortura de la periodista.
“Ciudadana Lydia Cacho, a nombre del Estado Mexicano le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de libertad de expresión”, fueron las palabras de Encinas quien aseguró que las autoridades asumen la responsabilidad de los hechos “ocurridos hace 13 años”, dijo.
Es un punto de partida para otras medidas, que el Estado mexicano en su conjunto debe adoptar para resarcir el daño. Una parte muy importante es continuar con las investigaciones para sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales, y además adoptar medidas estructurales para que no se repitan hechos como los ocurridos con Lydia Cacho, pero también con el gremio periodístico y las personas defensoras de derechos humanos», explicó a diferentes medios de comunicación, Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19 en México.