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Acusan a la FGR de ‘congelar’ investigación contra el IMSS 18 de Playa del Carmen, por caso de niña muerta en el elevador

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Playa del Carmen.- A más de 30 meses de que perdiera la vida una niña de 9 años por una falla en el elevador del IMSS 18 de Playa del Carmen, la Fiscalía General de la República no ha radicalizado siquiera la carpeta de investigación en contra de este nosocomio, por este caso que ocurrió el 10 de julio pasado.
En conferencia de prensa realizada hoy en esta ciudad, Adrián Torres, defensa del padre de la menor fallecida de nombre Aitana, informó que la FGR está actuando de manera ilegal, al no actuar conforme a proceso, por supuestas «instrucciones del gobierno federal».
«En la FGR no han querido avanzar. Lo que nos han dicho es que por instrucciones de México ‘nosotros ya tenemos línea y no vamos a continuar con la investigación y la carpeta nuestra presentada hace más de un mes ni siquiera la han radicalizado», denunció el abogado.
En ese sentido, el litigante señaló que la denuncia correspondiente fue por homicidio y tiene como objetivo responsabilizar penalmente a personal administrativo de este nosocomio.
Asimismo, el abogado informó que el IMSS tampoco ha realizado la indemnización correspondiente, pues solo dio un «paliativo» de los daños inmediatos.
«No hubo indemnización, hubo un paliativo de los daños inmediatos sucedidos a raíz de la tragedia, pero ello no implica reparación de los daños, perdón o indemnización de las víctimas», refirió.
El abogado indicó que esta conferencia brindada esta mañana en la ciudad tuvo como objetivo la delegación de la FGR en Quintana Roo «realice su trabajo apegado a la legalidad y que llegue hasta las últimas consecuencia y castigue a los responsables».
Por su parte, Patricio «D», padre de la menor occisa,
Señaló que pocos días después de la tragedia, pidió a Carlos Tobillo Rodilla, delegado del IMSS, la devolución de la mochila de su hija que sigue en el lugar de los hechos; sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta.
«Toda vez que ya se han realizado las actuaciones pedidas por la fiscalía, pedimos que nos devuelvan las últimas pertenencias de nuestra hija en el elevador», añadió.
Por otro lado, sobre la supuesta inoperancia de la FGR, señaló que esta corporación demuestra que se niega a investigar «la corrupción a más algo nivel que hay el IMSS», cuyo servicio «dista mucho de ser al de Dinamarca».
Recalcó que la FGR se niega a radicalizar la denuncia, así como revisar la carpeta de investigación interna del IMSS sobre los hechos ocurridos ese día.
«Por eso, hacemos un llamado al gobierno federal y al fiscal de la república para que instruya y realicen una mejor investigación y las diligencias pendientes, para llegar a la verdad de los hechos, caiga quien caiga».
Finalmente, el padre de la menor no descartó realizar actos de protesta, si la FGR sigue congelando la investigación contra el IMSS número 18.
«Pido a la ciudadanía que me apoye sobre cualquier acto de protesta que llegue a hacer, porque el cambio que se tiene que hacer en las instalaciones, en cambio que se tiene que hacer en el servicio, pues no solo será para mi familia, va a ser para todos», concluyó.

Entrega FGR rancho saqueado durante aseguramiento en Puerto Morelos

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Entrega FGR rancho saqueado durante aseguramiento en Ruta de los Cenotes en Puerto Morelos.
Un caso más de la rapiña y delincuencia arraigada en la Fiscalía durante el cateo a múltiples propiedades.

Puerto Morelos.-La Fiscalía General de la República (FGR), delegación Quintana Roo, entregó una propiedad que tenía asegurada y nuevamente lo hizo totalmente saqueada, con un millonario robo que incluye seis unidades de maquinaria pesada, entre ellas excavadoras, tractores y vehículos, así como caballos finos, perros de raza, alimento de animales, puertas de herrería de las jaulas y caballerizas localizadas en dicho recinto.
Acompañada de policías federales y elementos de la Guardia Nacional, la fiscal asignada para la entrega del rancho, hizo la restitución de la propiedad ubicada en la Ruta de los Cenotes, luego que un juez ordenó su desaseguramiento y entrega al propietario, quien fue exonerado de todos los cargos que se le habían imputado.
La fiscal fue testigo durante la diligencia, de los daños y rapiña que sufrieron los inmuebles al interior del rancho asegurado e incluso levantó un acta de los bienes que fueron sustraídos durante los seis meses que el inmueble estuvo asegurado por la FGR.
El saqueo y daño a cargo de quienes aseguraron dicho recinto, fue contra la propiedad de los empresarios, Florian Tudor y Chakib Naif, quienes durante la entrega del rancho, denunciaron los objetos faltantes y los daños visibles en la finca.
Cabe señalar que el fiscal de la FGR, identificado como Eduardo Cervantes Saavedra, fue quien solicitó el cateo a tres propiedades del empresario Florian Tudor, presuntamente para buscar únicamente armas y droga, que no encontraron, y por lo tanto es el responsable de las diligencias y saqueos.
En las tres diligencias practicadas y encabezadas por Eduardo Cervantes Saavedra y Enrique Pérez García, una en la residencia ubicada en la calle Robalo de la SM 3 de Cancún, otra en la avenida Cobá de la SM 30 y esta última en un rancho de la Ruta de los Cenotes, los policías a su mando, fueron quienes realizaron dichos operativos y saquearon los objetos de valor de las tres propiedades.
En la residencia de Robalo, donde vivía el empresario afectado, se llevaron joyas, relojes finos, obras de arte y tres cajas fuertes con dinero en efectivo, todo con un monto superior a los 40 millones de pesos.
En el domicilio de la avenida Cobá, donde fue cateada una oficina del imputado, los policías y responsables se llevaron seis computadoras E MAC, cinco pantallas de TV de 55 pulgadas, estatuillas, un dispensor de agua, un horno microondas, botellas de vino y licor y hasta una cafetera, entre otros bienes.
En suma el saqueo de policías que participaron durante los cateos a dichas propiedades, supera los 50 millones de pesos, además de los daños y perjuicios que ocasionó a la víctima esta dolosa persecución donde después de seis meses no se comprobó ningún delito y los expedientes han sido prácticamente cerrados y extinguidos.

Tras el proceso de seis meses que ha llevado recuperar los inmuebles asegurados y saqueados de manera injusta, la víctima inicio ya un proceso judicial en contra los responsables del descarado saqueo a sus propiedades, para que devuelvan lo robado y se les castigue conforme a la ley por robo, abuso en el ejercicio de la función pública, corrupción y delincuencia organizada.
Ex delegada Bertha Córdero y fiscales los operadores.
El modus operandi de estos fiscales y policías federales, de convertir los cateos en saqueos con total impunidad, imperó durante todo el tiempo que “la maestra”, Bertha Cordero Reyes estuvo como subdelegada de la FGR en Cancún, es decir desde el 28 de julio de 2013 que asumió el cargo hasta el pasado mes de agosto en que fue destituida.
Cordero Reyes, llegó a la FGR Cancún junto con la delegada a Aurora Mora Morales el 28 de junio de 2013, misma que fue relevada por Gerardo Mejía Morales, el 9 de septiembre de 2015 y este a su vez sustituido por Antonio Mendoza Chávez el 19 de febrero de 2018, quien seis meses después cedió el cargo a Javier Ocampo García, quien fue designado delegado de la FGR en Cancún el 1 de agosto de 2018.
Javier Ocampo García fue renunciado como delegado de la FGR en Quintana Roo el pasado 31 de agosto de 2019, misma fecha en que se le solicito la renuncia a la eterna subdelegada, Bertha Cordero Reyes, ambos por probables delitos de corrupción y delincuencia organizada, acusados de conformar una red de operaciones al interior de la Fiscalía.
A raíz de las denuncias interpuestas por empresarios en la Visitaduría General de la FGR, Fiscalía Federal Anticorrupción, Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre una presunta red de corrupción al interior de la FGR en Quintana Roo, dedicada a extorsiones y saqueos mediante ordenes de cateos, la Seido mantiene abierta una investigación contra de los fiscales responsables de dichos casos y los ex funcionarios de esta dependencia que fueron cesados en agosto pasado.
Otro de los delitos en los que se vincula a la ex subdelegada de la FGR es el escandaloso caso de las mil 500 cajas de seguridad que fueron incautadas por la Seido en octubre de 2017 a la empresa Firts National Security (FNS) en Cancún y en la que algunos empresarios denunciaron extorsiones desde el interior de la entonces (PGR) para que se les devolvieran sus bienes, en un caso que se denunció, estuvo plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, según se establece en la carpeta 839/2018.
En dicho caso, las cajas de seguridad también fueron ordeñadas y saqueadas, “yo puedo calcular que mucho de lo que se robaron ya se los gastaron”, afirmó en su momento Santiago Ancona Teigell administrador único de la empresa FNS.
El caso del centro nocturno Dassan Golden Palace de la zona hotelera de Cancún, donde también hubo saqueo de una caja fuerte, computadoras, teléfonos celulares y dinero en efectivo, es otro más de los delitos y atropellos cometidos por fiscales, policías y autoridades de la FGR.
La presunta extorsión al líder cetemista Isidro Santamaría, que lo tiene preso por presunta trata de personas, es otro caso fabricado en la misma FGR, durante la pasada administración de la Fiscalía que encabezaban Bertha Cordero y Javier Ocampo García.
De hecho el cateo realizado al bar Dassan en marzo pasado de forma gansteril, ya fue anulado por un juez y calificado de ilegal, ya que el propio fiscal, Enrique Pérez García, quien solicitó el cateo al centro nocturno no estuvo presente en la diligencia a pesar de que el juez que autorizó el operativo lo hizo a el responsable de todos los actos que ahí se suscitaran.
En resumen, la PGR llamada ahora FGR, se convirtió durante los últimos años en una máquina desde donde se fabricaban expedientes, delitos, extorsiones, amenazas, cateos y saqueos a propiedades, abusos que han lastimado a muchos empresarios cancunenses y que continúan bajo investigación de la nueva administración federal que de entrada ya cortó la cabeza al delegado y subdelegada que fueron heredados del anterior gobierno en la delegación de Quintana Roo.

Obliga juez a FGR a compartir investigación contra El Cid

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Cancún.- Luego de varias negativas recibidas, los activistas de Guardianes del Manglar tendrán acceso al expediente de la investigación contra el Hotel El Cid, ahora que un juez de Tribunal Unitario instruyera a la Fiscalía General de la República facilitarles copia de estos documentos a los denunciantes, en su calidad de víctimas. Aseguran que continuarán con su lucha hasta detener las obras, pues la afectación es del doble de tamaño que Tajamar, cerca de 200 hectáreas.
“Desde el 2017 nosotros ingresamos una denuncia formal por los hechos que se han venido documentado, de daño a ecosistemas de Puerto Morelos; se actualizaron los hechos el 20 de agosto, en donde ya hay construcción en las áreas donde había clausuras; Durante toda esta odisea, hemos presentado inconformidades porque el fiscal a cargo de la carpeta nos negaba el derecho legítimo de calidad de víctima” señaló en entrevista Katerine Ender Córdova, apoderada legal de la asociación.
Esta calidad de víctima, que la autoridad les había negado, pero que ayer en audiencia obtuvieron por órdenes del juez, da muchos mecanismos de defensa, asegura.
“Sabemos que tenemos esta calidad desde que hicimos las denuncias, pero ese fiscal seguía en la negativa de hacernos acceder al expediente; agotamos las quejas vigentes en el órgano interno y ahora que se actualizaron los hechos y solicité copias de la investigación de los policías donde dan fe como se ha venido devastando el manglar, tuvimos acceso por otro fiscal a la carpeta; nos llevamos la sorpresa que no estábamos reconocidos como víctima” lamentó.
El no tener reconocida esta calidad de víctima era el argumento que les daban para negarle el acceso a la carpeta. Tras ello la activista acudió e interpuso una queja.
“El juez nos dio a una audiencia el 25; fue muy claro y le ordenó al fiscal que nos reconozca la calidad de víctimas y que se nos concedan las copias solicitadas; tenemos un juicio de amparo en donde ponemos integrar estas investigaciones que nos estaban negando; eso ayuda a los infractores y no a las víctimas”, detalló.

 

IRREGULAR, 90% DE PROYECTOS
Expuso que en el caso Ynfinity, de Malecón Tajamar, hay una situación similar. No descarta que pueda haber corrupción en todos estos casos. Asegura que el 90 por cierto de los proyectos con aval de Semarnat presentan alguna irregularidad y deben ser evaluados.
“Nosotros ya dimos parte nuevamente al órgano interno, visitaduría, y ellos ya canalizaron el tema porque no descartamos que exista corrupción, complicidad; suma las malas prácticas de Profepa y la Fiscalía en materia ambiental; está claro que así trabajan; lo vivimos nosotros; insisto y no acepto un no, pero hay otras personas que tiran la toalla en materia ambiental porque es impresionante cómo vienen violando los derechos de ambientalistas”, subrayó.
Dice que incluso piensan acudir ante el Consejo de la Judicatura Federal, porque la juez tercero de Distrito les niega la suspensión de todo lo que está pasando en Puerto Morelos.
Sobre el caso de El Cid, asegura que el hotel no tiene los permisos para la ampliación de la obra que ya se lleva a cabo, pero nuevamente la corrupción de las instituciones permite que esto ocurra.
“Algunos jueces con la Fiscalía y Profepa se coluden con los empresarios; les pagan para hacerse tontos, ganar tiempo para que les autoricen y nos niegan la suspensión”, comentó.
Lo que busca la juez que es no se supiera que no existe manifestación de Impacto Ambiental, que siguiera avanzando la obra y luego dijera que es delito consumado, pero, aunque sea así, no se debe permitir que el infractor construya. La afectación es de casi el doble que Tajamar, unas 200 hectáreas, finalizó Ender Córdova.

Regresa FGR propiedades a rumano radicado en Cancún

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Cancún.- Más de cuatro meses después que fueran aseguradas, producto de un cateo, dos casas y un rancho fueron devueltos por la Fiscalía General de la República (FGR) a su propietario, el rumano Florian Tudor, aunque su abogado alega que hubo un saqueo y que faltan 40 millones de pesos en dinero y valores.
Una lujosa casa en la avenida Róbalo, en la Supermanzana 3, fue la primera en ser devuelta, lo que sería seguida por un edificio en la avenida Cobá, con número 38, entre la Yaxchilán y Palenque, y un rancho en la Ruta de los Cenotes, en Puerto Morelos.
Estos lugares fueron cateados por agentes de la FGR, con apoyo militar, el pasado 11 de mayo, quedando los lugares asegurados. En ese entonces, se señaló extraoficialmente que el propietario encabezaba una red de clonadores de tarjetas, siendo incluso detenido en posesión de un arma y una fuerte cantidad de dinero, un mes antes.
Sin embargo, su defensa alegó y comprobó ante un juez, que este aseguramiento violó los derechos de su cliente y su familia, además de no respetar las formalidades del proceso, por lo que se decretaron ilegales y se anularon todas las pruebas obtenidas de estos operativos.

Tanto Tudor como otro implicado, Chakib Naif, acusaron haber sido víctimas de amenazas, gritos y hasta agresiones, por parte de los agentes que directamente acudieron en busca de dinero. Su queja fue llevada ante las oficinas centrales en la Ciudad de México.
El rumano residente en Cancún también acusó que un agente de la FGR le pidió un millón de pesos para frenar el hostigamiento que sufría desde hace dos años previo a este cateo.
El abogado Javier Nicolás Hernández señaló que se trató de un aseguramiento simulado, a través de un cateo, alegando supuestas actividades ilícitas.
“Se tenía que hacer la devolución. La fiscalía interpuso diversos recursos para únicamente retrasar la entrega, pero se tuvo que cumplir la ley. Aunque no quiso, tuvo que acatar”, explicó.
Ahora tendrán que hacer un inventario del daño, pues no hay cajas fuertes, dinero, faltan joyas y relojes. En el rancho, se tenían 22 perros y tres caballos, que fueron retirados sin que se sepa su paradero.
“La nueva administración de la Fiscalía es la que cumple la ley. La anterior, con diverso delegado fue quien orquestó este saqueo”, acusó el abogado.

Trasciende destitución de delegado y subdelegado de la FGR

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Cancún.- Esta tarde, trascendió la destitución del delegado, Javier Ocampo García, y la subdelegada, Bertha Cordero Reyes, de la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo, luego de una investigación de las oficinas centrales, con base en una denuncia penal en su contra.
Dos empresarios, Florian Tudor, de origen rumano, y Chakib Naif, de origen libanés nacionalizado mexicano, denunciaron ante la FGR en la Ciudad de México haber sido extorsionados por personal de la delegación cancunense, quienes realizaron cateos en sus domicilios, en los que extrajeron dinero y joyas, según su testimonio, y que después les exigían más sumas de dinero para dejar de hostigarlos.
Desde la semana pasada, se sabe que personal de la Visitaduría General (VG) de la FGR y de la Fiscalía Federal Anticorrupción realizaban indagatorias por estos hechos. Incluso, la subdelegada, Bertha Cordero Reyes, acudió a declarar a la Ciudad de México.
Tanto ella como el delegado, Javier Ocampo García, ya habrían sido destituidos, según fuentes al interior de esta corporación.

SEDENA y FGR queman 512 kilogramos de cocaina

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La SEDENA en coordinación con la F.G.R., llevó a cabo la incineración de cocaína puesta a disposición del Ministerio Público Federal.

Chetumal, Q. Roo.- La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la Trigésima Cuarta Zona Militar (Chetumal, Q. Roo), da a conocer a la población en general, que en el marco de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico y en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, esta fecha lleva a cabo la incineración de 512.609 Kilogramos (quinientos doce kilos, seiscientos y nueve gramos) de peso neto en cocaína, asegurado en distintos eventos aplicados por personal militar en esta jurisdicción y en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República, durante operaciones de vigilancia y reconocimiento.

El presente acto de incineración se realizó en las instalaciones del Subcentro de Operaciones en Selva (Xtomoc Q. Roo), siendo presenciado por autoridades civiles y militares, así como representantes de medios de comunicación.

Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República, ratifican su compromiso con la sociedad en general de preservar el Estado de Derecho y continuarán realizando obras sociales que tiendan al progreso del país, así como mantener la tranquilidad y bienestar que demanda el pueblo de México.

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FGR obtuvo sentencia condenatoria contra Mimenza

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Cancún.- El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de una juez federal, sentencia condenatoria de ocho meses dos días de prisión y otras medidas cautelares contra Carlos Mimenza por el delito de amenazas agravadas por ataques a Amir Hibraim y a la libertad d expresión.

Fue la Juez Verónica Gutiérrez Fuentes, quien emitió la condena de 8 meses de prisión sin derecho a fianza.

En las medidas cautelares dictadas en esta sentencia también están la de reparación del daño integral; caución de no volver a amenazas; suspensión de derechos civiles y políticos; amonestación pública para que no reincida; y subsistencia de medidas cautelares impuestas, en contra de Carlos Mimenza, líder de los Autodefensas de Quintana Roo.

Esto sienta un precedente histórico en todo el país y deja en claro que la justicia puede y debe alcanzar a todos aquellos que amenacen, violenten y intenten atentar contra la Libertad de Expresión en México.

En cuanto a la reparación del daño, la juzgadora Verónica Gutiérrez señaló que se deberá dar rehabilitación (tratamiento sicológico para víctima, pareja e hijos), que no haya repetición (curso de derechos humanos, que no se acerque al domicilio ni se comunique) y se dé una compensación.

Por lo que hace al mecanismo de protección de periodistas, el representante social federal obtuvo que se pague lo que el estado mexicano gastó en la protección y en atención a la figura de sufragación, además de que se reintegre al mecanismo lo erogado.

De acuerdo con los hechos asentados en el expediente, en julio de 2017 el ahora sentenciado envió mensajes telefónicos al periodista con contenidos amenazantes de atentar contra su integridad física y la de su familia.

Al valorar las declaraciones de testigos, pruebas documentales y periciales presentadas por la fiscalía, a lo largo de seis días de audiencia de juicio oral, la Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, Verónica Gutiérrez dictó la sentencia condenatoria al considerar que la agresión se gestó por la actividad periodística de la víctima y tenía el objeto de limitar así como menoscabar su derecho a la libertad de expresión.

No hay justicia para la prensa, autoridades practican un “protocolo de impunidad” en los casos de agresiones contra periodistas: ARTICLE 19

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• La ineficiencia de las autoridades ha contribuido a que el índice de impunidad en las agresiones contra la prensa se mantenga en un 99.13%
• 3 periodistas han sido asesinados, en relación con su trabajo, en lo que va del sexenio de AMLO.
• ARTICLE 19 considera de suma importancia que la Fiscalía General de la República (FGR) emprenda los cambios necesarios para la atención de estos delitos por medio de la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
• Además, esta organización exije a las autoridades cumplir con el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Ciudad de México.- ARTICLE 19 presenta su informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, en el cual se realiza un análisis cualitativo de 6 casos representativos de la violencia contra periodistas en México, que va desde agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hostigamiento y amenazas, hasta la fabricación de delito y proceso penal, tortura, desaparición y homicidio u ejecución; los cuales además, comparten un patrón de impunidad.

México continúa enfrentando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y niveles críticos de violencia en donde se encuentra desdibujada la frontera entre autoridades y grupos criminales y de índices de impunidad casi absolutos. En los últimos 13 años, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ARTICLE 19 ha observado como una constante los homicidios o ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura, detenciones arbitrarias, fabricación de culpables, represión en protestas, etcétera.

En este escenario, la libertad de expresión y el periodismo en México se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo.

Desde el año 2000 hasta la fecha de la publicación de este informe especial, 123 periodistas han sido asesinados en el país: 48 en el sexenio de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto. A casi 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se ha incrementado en forma alarmante: 3 periodistas han sido asesinados en realación con su labor. Asimismo, desde el año 2003 hasta la fecha, 24 periodistas continúan desaparecidos.

El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones, no sólo de prevención y protección para la labor periodística, sino también en procuración e impartición de justicia. Las investigaciones carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; pero además las Fiscalías o Procuradurías se encargan en un primer momento de desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.

Es en las investigaciones ministeriales donde se encuentran los primeros grandes obstáculos para llegar a la justicia y verdad, donde se omiten diligencias importantes y no se tiene como prioridad la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de las víctimas, descartándola a priori y generando una narrativa estigmatizante que afirma motivos personales (amorosos, problemas con vecinos, drogas, etc.) en los delitos cometidos, asumiendo con ello “verdades históricas”.

Es desde ese momento en que se va alejando el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas, y al partir de estos vicios de origen, en las instancias de impartición de justicia no se arriban a sanciones para personas responsables, mucho menos para quienes fungieran como autores mediatos o intelectuales en los delitos.

Tan sólo en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contras la Libertad de Expresión (FEADLE), de acuerdo con sus propios informes, de 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron 1,140 investigaciones, de las cuales ha consignado un total de 163, respecto al anterior sistema penal inquisitivo. En cuanto al sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016, ha judicializado un total de 23 carpetas de investigación.

Es decir, un total de 186 acusaciones han sido conocidas por jueces penales, lo cual representa que sólo el 16.3% de las denuncias recibidas por la FEADLE han sido consignadas o judicializadas. Sumado a ello, del total de investigaciones iniciadas, se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que representa que en sólo 0.87% de las investigaciones se arribó a una sentencia contra algún responsable de los delitos. Esto se traduce en un 99.13% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión, sólo a nivel federal.

Respecto a los homicidios contra periodistas, la FEADLE reporta un registro total de 89 casos de 2010 a 2018, de los cuales en 44 no encontró relación con la labor periodística de la víctima, y en 45 sí la encontró. De estos 45 casos, 31 continúan en trámite y sólo se han consignado o judicializado 4 (8.8%). Sin embargo, a reserva de saber las razones puntuales por las que en 44 casos no encontró relación con el ejercicio periodístico,y si están plenamente justificadas y acreditadas, del total de 89 homicidios registrados en ese periodo, habría una efectividad de 4.4% en la consignación de investigaciones por este delito.

Otro de los aspectos preocupantes es el ejercicio sumamente arbitrario y poco claro de la facultad de atracción. Al respecto, la FEADLE sólo ha ejercido esta facultad en 57 casos de mayo 2013 a diciembre 2018, lo cual comparado con el total de las 735 investigaciones que inició durante ese periodo, representa un 7.7%.

En el informe especial damos cuenta de esta situación a través del análisis cualitativo de 6 casos de periodistas que han sido víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos, los cuales han sido acompañados y representados por ARTICLE 19 en los últimos cinco años:

1. Moisés Sánchez, periodista sustraído de su domicilio el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, en Medellín, Veracruz, quien conjugaba su labor informativa con un activismo social en favor de su comunidad.

2. Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México, quien semanas antes se desplazó del estado de Veracruz por actos de hostigamiento y amenazas en su contra.

3. Pedro Canché, periodista detenido el 30 de agosto de 2014 y encarcelado arbitrariamente durante 9 meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, fabricándole el delito de sabotaje, sólo por cubrir una protesta social.

4. Alejandra Rodríguez, periodista víctima de agresiones físicas y sexuales, detenida arbitrariamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, el 1° de diciembre de 2013 durante una protesta social en la Ciudad de México.

5. Aldo Sotelo, periodista víctima de agresiones físicas el 14 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, por parte de elementos policiales capitalinos, quienes además lo obligaron a entregar su material fotográfico donde había documentado sus actos arbitrarios e ilegales.

6. Sinembargo.mx, portal web de noticias, que en 2014 fue atacado y sacado de línea, además de amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de sus colaboradores.

Además, en el informe especial enumeramos una serie de recomendaciones a diversas autoridades como la FEADLE, fiscalías y procuradurías estatales, así como a comisiones de derechos humanos. Por otro lado se emiten recomendaciones a los distintos poderes y niveles de gobierno (Poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto federal como estatales), para que cada uno en el ámbito de las funciones que desempeñan, lleven a cabo acciones que contribuyan a revertir la situación de impunidad que impera en México.

Para ARTICLE 19 resulta apremiante, entre otras cuestiones, que las autoridades se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística. En este sentido, la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria; se debe realizar análisis de contexto sobre la actividad periodística de las víctimas, que conduzca a indicios o datos de prueba para esclarecer los hechos; investigar y juzgar con perspectiva de género e interculturalidad; tratar con respeto y dignidad a las personas víctimas; realizar planes de investigación que brinden una debida conducción y orden en los expedientes.

En este sentido, ARTICLE 19 conmina a las autoridades ministeriales, a nivel federal y estatal, a observar y cumplir con lo establecido en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión. De igual forma, todas las autoridades deben atender los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, aplicando o interpretando todo acto o norma que resulte más favorable a las personas.

ARTICLE 19 considera de suma importancia que en la construcción actual dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), se establezcan todos aquellos cambios estructurales que resultan totalmente necesarios, comenzando por garantizar su plena autonomía; capacitar al personal en materia de derechos humanos, en técnicas de investigación, relación y trato con personas víctimas, así como aplicar una perspectiva psicosocial, entre otras diversas. Esta organización observa una oportunidad importante en las próximas semanas para emprender este tipo de cambios con el establecimiento de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que formará parte de la FGR.

Resulta apremiante que todas las autoridades cumplan sus obligaciones en materia de libertad de expresión, prevención y protección para el ejercicio periodístico, y abatir la ominosa impunidad que impera en este tipo de delitos, debiendo demostrar total capacidad y voluntad para revertir esta situación de violencia contra la prensa, y que finalmente las y los periodistas desempeñen su labor con plena libertad y seguridad, lo cual hablará de un verdadero sistema democrático en México.

El informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas” estará disponible para su consulta y descarga a partir del día de hoy en el enlace articulo19.org/informeimpunidad

Nota para prensa

Para mayor información y agendar una entrevista con alguno/a de los/as integrantes de la organización o las personas mencionadas en este informe, favor de contactar a Juan Vázquez, Oficial de Comunicación, al teléfono celular 55 4588 1166, al teléfono de oficina (55) 1054 6500 ext. 110, o al correo jvazquez@article19.org