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Gobierno Mexicano prohíbe importación de cigarros electrónicos para cuidar la salud de la población

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Por decreto presidencial, a partir de mañana queda prohibida la importación de cigarros electrónicos

El aerosol procedente de los cigarrillos electrónicos con nicotina contiene más metales pesados que el humo del cigarro tradicional.

CDMX.- Hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial mediante el cual quedará prohibida la importación de los dispositivos conocidos como cigarrillos electrónicos, como parte de las acciones del Gobierno de México para proteger la salud de los mexicanos, atendiendo a los compromisos internacionales y al derecho fundamental a la protección de la salud de toda persona, previsto en el artículo 4° constitucional y para evitar que el daño en la población, particularmente en jóvenes, sea irreversible.
El comercio de cigarrillos electrónicos se encuentra prohibido en México desde mayo de 2008, fecha en que se expidió la Ley General para el Control del Tabaco. Sin embargo, se requería de una armonización en el marco normativo a fin de evitar que se llevaran a cabo prácticas de comercio ilegales de dichos productos, lo que se concreta hoy con la publicación de este decreto presidencial que, en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 131 constitucional al Presidente de la República, finalmente homologa la Ley General de los Impuestos de Importación y de Exportación con la mencionada Ley General para el Control del Tabaco.
El decreto referido señala las medidas adoptadas por la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y la Secretaría de Economía, para proporcionar certeza jurídica al marco normativo que establece la prohibición de la importación de estos dispositivos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), mejor conocidos como cigarrillos electrónicos o dispositivos vaporizadores; los Sistemas Electrónicos Sin Nicotina (SSSN) y los Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN) pueden contener niveles de sustancias tóxicas y compuestos carcinógenos, en ocasiones superiores a los de los cigarrillos tradicionales.

Asimismo, la OMS ha destacado que los dispositivos referidos constituyen un riesgo para las personas del entorno expuestas al aerosol exhalado por los usuarios de estos dispositivos, ya que las soluciones y mezclas utilizadas suelen estar disueltas en propilenglicol o glicerina, elementos dañinos para el corazón y los pulmones.
El organismo internacional concluye que estos dispositivos electrónicos son indudablemente dañinos y representan una amenaza actual y real para la población en general.
En México, 938 mil adolescentes probaron alguna vez el cigarro electrónico, de los cuales 160 mil lo utilizan de manera habitual (ENCODAT 2016-2017), hecho que alertó al Gobierno de México, ya que representa la puerta de entrada de adicción a la nicotina.
Con estas acciones la Cofepris y la Secretaría de Economía dan cumplimiento a lo dispuesto por el marco legal vigente, eliminando cualquier posibilidad de que se comercialicen en territorio nacional productos distintos del tabaco. Con ello, se protege la salud de todos los mexicanos y se ratifica el compromiso del Gobierno Federal de hacer valer todos los derechos otorgados por la ley.
Consulta el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en: http://bit.ly/2SEv0Im

Indignante: Extranjera corre a mexicanos de “su playa” concesionada en Puerto Morelos

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Después del reciente caso de desalojo de la playa pública por parte de Mamita’s Beach Club a un par de turistas mexicanos, nuevamente intentan despojar a los mexicanos de una playa pública, esta vez en Puerto Morelos.

Resulta que una familia de extranjeros se encontraba jugando con unas herraduras en la playa pública atentando contra la seguridad de los bañistas, por lo que una valiente mujer grabó el hecho y lo compartió a través de su cuenta de Facebook.

En el video compartido, se acompaña un comentario en el que apunta que la mujer le dijo “mexicanita” de forma despectiva y “pinche pendeja”, luego de encararlos para que se fueran al terreno que correspondían, pues al parecer la mujer compró una casa frente a la playa en la que cree que tiene derecho de apropiarse de un lugar público.

“¡No se vale! No se vale que lleguen de otros países y se sientan dueños de nuestro México, después del video quise olvidar y disfrutar, que era a lo que íbamos mi familia, pero no, la señora y otras dos seguían diciendo despectivos y insulto,
“Pinche pendeja” “La mexicanita” y volteaban a mirarme cada que lo decían yo me moleste y les dije que si les entendía y que se siguieran burlándose, me siento muy molesta por que no respetan, “La mexicanita” y a mucha honra y si no te gustan los mexicanos ni nada, para que compras en territorio mexicano. Respeta”, escribió la usuaria Viridiana Azq Ins.

Cabe destacar que a diferencia del video de Playa Mamitas, aquí la policía intervino a favor de los derechos de los mexicanos y acudió a al llamado del pueblo, explicándole a la mujer extranjera los motivos por los que su actuar era indebido.

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En la grabación se ve el momento en que la policía municipal le hace saber que el límite de su terreno llega hasta unos postes incrustados en la arena, sin embargo la mujer extranjera asegura que tiene una concesión que llega hasta el mar y que la ha tenido por alrededor de 9 o 10 años, según se entiende en la grabación que te dejamos a continuación.

Censo 2020 dará información concreta sobre su población indígena, etnias o culturas

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Chetumal, Q. Roo. – El diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, encargado de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura, trabajan en la activación de un convenio de colaboración sobre estadísticas de la población indígena en el estado de Quintana Roo, que de permita obtener información concreta y con dar un mejor sustento a las reformas y leyes en la materia que se analicen en el Congreso del Estado.

Por tal motivo, el legislador sostuvo una reunión con el coordinador estatal del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Carlos Fernando Novelo Vela, al igual que con representantes del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), y del Poder Legislativo, para lograr formalizar el convenio.

Con esto se pretende dar certeza en las acciones a comenzará el Poder Legislativo a favor de la población indígena, por eso es importante tener los datos estadísticos de las comunidades indígenas de cada municipio, sobre su población indígena, etnias o culturas a las que pertenecen, lengua o dialecto, edad, sexo, auto adscripción.

Dicha información se pretende recolectar durante el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, a realizarse del 2 al 26 de marzo.

Estuvieron presentes Alejandro Fuentes Yañez, director del Instituto de Investigaciones Legislativas, licenciado Arturo Castro Duarte, secretario general del Congreso; Andrés Blanco Cruz, director Jurídico Administrativo del Congreso del Estado, Carlos Caraveo Gómez, jefe de la Unidad de Capacitación de Investigación del TEQROO, Maogany Acopa Contreras, Secretaria Ejecutiva del IEQROO, Claudia Ávila Graham, Directora de Partidos Políticos del IEQROO, y la consejera electoral Elizabeth Arredondo Gorocica.

Maestra de Monterrey hace broma pesada a su pequeña alumna para TikTok

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Monterrey.– Video que circula en redes sociales muestra a una maestra de kínder en Monterrey haciendole una ‘broma’ a su pequeña alumna.

Eo video se realizó en el centro educativo Santa Fe Institute, donde una educadora hizo una mala broma ante a todo el salón.

La instructora subió el video en sus redes, donde se observa a ella mientras graba a un grupo de niños.

La “profa” le dijo a la menor que vería un truco de magia, colocó su ojito en la botella y luego la joven la aprieta mojando a la niña.

Esta grabación causó indignación entre los usuarios de redes sociales, la institución anunció que la despidió a la mujer y existe una denuncia en contra de ella.

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Padre sobreprotector pide bajar a su familia de avión en el que viajarían con AMLO

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México.- Una familia decidió bajar del avión que los llevaría de Ciudad de México a Villahermosa, en Tabasco, al darse cuenta de que compartirían vuelo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Varios videos que circulan en redes muestran al padre de familia solicitando a la tripulación del vuelo 0507 de Aeroméxico bajarse del avión. El señor argumenta que no considera seguro para él y su familia viajar junto a AMLO en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo; sin ofrecer más, el señor se observa reaccionar de forma desmedida interrumpiendo el abordaje y despegue del vuelo.

De acuerdo con el diario Heraldo de México, la anomalía obligó al personal a activar un protocolo de actuación que incluyó una revisión minuciosa de los asientos que ocuparon por unos instantes los pasajeros que bajaron, a fin de descartar cualquier amenaza real que pusiera en riesgo al resto de pasajeros.

Debido a esta situación, el despegue se retrasópor algunos minutos.

Desde su campaña, AMLO prometió trasladarse por el país en vuelos comerciales y vender el avión presidencial TP01 ‘José María Morelos y Pavón’, comprado por Felipe Calderón y estrenado por Enrique Peña Nieto, como parte su política de austeridad.

Ya en la Presidencia de la República, el mandatario ha cumplido su palabra y realiza todas sus giras por los estados ya sea en vuelos comerciales o por carretera.

Sin embargo, hasta este momento no ha podido vender la aeronave e incluso su gobierno contempla la posibilidad de realizar una rifa para recuperar su costo, una medida que le ha valido muchas críticas pero que parece tomar forma ante la imposibilidad de encontrar comprador.

Pese a que el traslado de un presidente por tierra y vuelos comerciales podría parecer complicada, la realidad es que en estos catorce meses del gobierno de AMLO ha habido muy pocos incidentes: a principios de febrero de 2019, el presidente llegó tarde al aeropuerto de Veracruz y el avión partió sin él, por lo que se vio obligado a volver a la capital del país por tierra; en otro par de ocasiones, el personal de la aerolínea ha voceado su nombre para avisarle que el embarque está por concluir.

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Detendrá INM a migrantes que cruzaron por río Suchiate

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https://youtu.be/3eB5NKPrwlA

Más de medio millar de elementos de la Guardia Nacional cuidan la frontera Sur

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Por Abraham Gorostieta

Chetumal, Quintana Roo.- Elementos de la Guardia Nacional (GN) han arribado a los puntos fronterizos de El Ceibo, en Tabasco, y Suchiate, en Chiapas al registrarse la llegada de cientos de migrantes hondureños que vienen en las caravanas de migrantes centroamericanos.
Para entrar a México, los hondureños tomaron tres rutas distintas: uno de los grupos se decidió por el trayecto de El Petén y esta tarde empezó a arribar al albergue ubicado en el extremo guatemalteco de la garita migratoria conocida como El Ceibo, ubicada en el municipio de Tenosique, Tabasco.
También buscan ingresar por el cruce fronterizo del poblado La Mesilla, que se encuentra en el municipio Frontera Comalapa, Chiapas. Y un tercero empezó a ingresar a la ciudad de Tecún Umán, en el lado guatemalteco que colinda con el río Suchiate.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del estado de Chiapas, Juan José Zepeda Bermúdez, refrendó el compromiso de ese organismo de brindar el acompañamiento necesario y propiciar garantías para un trato digno y la seguridad de las y los migrantes centroamericanos para que, a su arribo a la frontera sur de nuestro país, soliciten la protección del Estado Mexicano, según consignó la Agencia Apro.
Datos emitidos por el gobierno de Guatemala que registran el número de hondureños que cruzan por su país rumbo a México, indican que han cruzado por territorio guatemalteco desde el miércoles pasado, 760 migrantes por el cruce de Agua Caliente, 300 por el de Corinto y al menos otros 400 por vías no autorizadas. Para el viernes ya se tenía el registro de mil 483 migrantes más que buscarían ingresar por Agua Caliente y alrededor de 400 por cruces no autorizados. Es decir, en las próximas horas poco más de 3 mil 500 migrantes esperan cruzar la frontera mexicana.
Desde el viernes pasado han llegado al menos medio millar de integrantes de la Guardia Nacional, algunos de los cuales se desplegaron en las instalaciones migratorias de los cruces fronterizos formales y otros en zonas donde los migrantes pudieran intentar pasar de manera no regulada.
Salvo un conato de violencia registrado en el puente fronterizo de Rodolfo Robles en Chiapas, no ha habido otros intentos violentos de ingreso por parte de las caravanas de migrantes.

Son cerca de 4 mil hondureños los que quieren ingresar a México. Ya hubo un primer enfrentamiento con la Guardia Nacional

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Por Abraham Gorostieta

Chiapas, México.- Nuevamente, como no había ocurrido en meses, se registra otro intento de migrantes provenientes de Centraomérica que intentaron ingresar a México a la fuerza, lo que provocó un enfrentamiento entre migrantes y la policía antimotines de la Guardia Nacional.
Esto sucedió en el puente fronterizo Rodolfo Robles en Chiapas, cuando la caravana de migrantes intentó romper el cerco fronterizo e ingresar de manera irregular y violenta a México. Elementos de la Guardia nacional lograron contener el ingreso de los migrantes sin embargo sí lograron ingresar alrededor de 20 personas de manera ilegal al país.
A través de un comunicado, la Oficina de Migración del gobierno de Guatemala, ellos llevaron el registro de 760 hondureños que se dirigían al cruce de Agua Caliente, mientras poco más de 300 hondureños se dirigían al cruce de Corinto, y más de 400 por vías no registradas.

También en un comunicado del gobierno de Estados Unidos advierte a los gobiernos centroamericanos que endurecerá y no dudará en aplicar las leyes migratorias, en respuesta a los grupos que podrían intentar cruzar la frontera mexicana este domingo.
Desde el viernes, grupos de hondureños comenzaron a concentrarse en dos pasos fronterizos con México, principalmente en Tecún Umán, al suroeste mexicano, una ruta que utilizaron caravanas anteriores para entrar al territorio mexicano.
Según cifras del gobierno mexicano son casi cuatro mil hondureños los que salieron en caravana. También el viernes, durante su conferencia diaria por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay cuatro mil empleos disponibles en la frontera sur para quienes lleguen al territorio nacional.

Iniciativa para reconocer el “derecho al olvido” abre puerta a la censura y es contraria a los derechos humanos

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Ciudad de México 14 de enero de 2020.- La iniciativa con proyecto de decreto, impulsada por el Senador Ricardo Monreal, para reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante, “Ley Federal”) y así instrumentalizar el mal llamado “derecho al olvido”, interpreta equivocadamente los derechos a la privacidad y protección de datos personales, restringe de forma ilegítima la libertad de expresión y debilita las garantías para ejercer los derechos humanos a través de las tecnologías.

Dicho instrumento propone reconocer, de manera expresa, la ampliación del derecho a la cancelación de datos personales, en principio, estableciendo que las plataformas digitales, los motores de búsqueda y los medios de comunicación sean responsables del tratamiento de datos personales y estén obligados a la supresión de los mismos, y habilitando a que toda información concerniente a una persona sea eliminada de Internet a petición de ésta. Lo anterior es un atentado directo a la libertad de expresión e información y puede afectar de manera directa la memoria histórica de nuestra sociedad.

Responsables de tratamiento

 La iniciativa busca establecer que las plataformas digitales y los motores de búsqueda sean responsables del tratamiento de datos personales no en términos de la Ley Federal, si no por el contenido creado y compartido por sus usuarias y usuarios. Lo anterior contradice los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los cuales explícitamente señalan que “ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo”[1].

Además, propone que los medios de comunicación sean sujetos a responsabilidad por tratamiento de datos personales si en los contenidos que comparten (noticias, investigaciones, editoriales, entre otras) existe información que identifique o haga identificable a una persona; lo cual va en contra de los estándares interamericanos, los cuales señalan que “[l]as plataformas digitales de los medios informativos no son controladores de datos personales, sino fuentes públicas de información y plataforma para la transmisión de opiniones e ideas sobre temas de interés público, y como tal no pueden ser susceptibles de una orden de desindexación, ni tampoco la supresión de un contenido en línea de interés público”[2]; y contradice lo estipulado en el Artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal, que considera fuentes de acceso público a los medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología (siempre que el sitio donde se encuentren los datos personales esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la consulta general), así como a los medios de comunicación social.

 La responsabilidad que les corresponde a las plataformas digitales, los motores de búsqueda y los medios de comunicación respecto a los datos personales que recaban y tratan, por ejemplo, para fines de publicidad, comercialización o estadísticos, es legítima y proporcional porque efectivamente configura un tratamiento de datos personales en términos de la Ley Federal. Sin embargo, no existe ni debe de existir responsabilidad por parte de plataformas y motores por el contenido que sus usuarias y usuarios compartan en sus espacios, ni por parte de los medios de comunicación por el contenido que divulgan como parte de su actuar profesional. Esta diferenciación es sumamente importante, pues su desconocimiento puede derivar en un mal entendimiento de los alcances de la protección de datos personales frente al ejercicio de otros derechos y en una mala interpretación del derecho de cancelación, como en la presente iniciativa.

Igualmente problemática resulta la siguiente redacción en la iniciativa: “[e]l responsable digital tendrá la obligación de realizar las operaciones necesarias para cancelar de manera inmediata y definitiva los datos personales digitalizados que hayan sido objeto de la solicitud del titular, así como las copias de seguridad y demás respaldos electrónicos existentes.” La responsabilidad que la iniciativa busca imponer a las plataformas digitales y motores de búsqueda para que éstas eliminen o des-indexen[3]directamente contenidos contraviene el Artículo 13.3 de la Convención Americana de los Derechos Humanosel cual señala que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos” que impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Lo anterior, a su vez, podría dar lugar a una aplicación extraterritorial de una norma nacional de cuestiones administrativas y así plantear cuestiones complejas sobre el futuro de la jurisdicción en Internet y su interacción con la soberanía nacional.[4]

Eliminación y desindexación de contenidos como restricción ilegítima a la libertad de expresión

La iniciativa propone que toda información que se encuentre disponible en el entorno digital sea eliminadaa petición de quien titule datos personales referidos en dicho contenido, aunque éste no haya sido obtenido ni utilizado a través de un tratamiento. Según “Los Principios Globales sobre la Protección de la Libertad de Expresión y la Privacidad” de ARTICLE19, una vez que la información se pone a disposición del público, la presunción es que debe permanecer accesible en el dominio público indefinidamente, y dicha presunción no extingue ninguna reclamación por violación del derecho a la privacidad o la aplicación de principios de protección de datos.[5]La noción de que sea la persona titular de los datos la que deba mantener el control final sobre cualquier información que le haga referencia no es solo un enfoque limitado respecto a la ponderación de derechos humanos, sino que también ignora el derecho más amplio del público a recibir y compartir material que está legítimamente disponible en el dominio público. “La información removida no circula, lo que afecta el derecho de las personas a expresarse y difundir sus opiniones e ideas y el derecho de la comunidad a recibir informaciones e ideas de toda índole. Un efecto similar […] es el que produce la desindexación de contenidos, en tanto los mismos se hacen más difíciles de encontrar y se invisibilizan. Ambos tienen un efecto limitador en la libertad de expresión en tanto restringen la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por parte de todas las personas, sin consideración de fronteras nacionales.”[6]

 De hecho, según señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Organización de los Estados Americanos, “[c]on base en la doctrina originada por el caso Costeja y las normas de protección de datos personales existentes en América Latina, en la región se han registrado solicitudes de remoción y desindexación de contenidos a administradores de motores de búsqueda. También se ha documentado solicitudes que expanden significativamente el concepto del “derecho al olvido” para exigir a periódicos, blogs y periodistas, la remoción o eliminación de contenidos en lugar de su desindexación por motores de búsqueda. Organizaciones de la sociedad civil también han denunciado que funcionarios públicos de diversos países estarían utilizando el derecho al olvido para cancelar información de interés público, instaurando en muchos casos la práctica de reemplazar acciones de calumnias e injurias ante los tribunales por acciones de oposición ante la autoridad de protección de datos personales”[7]. En ese sentido, ante distintas experiencias donde el “derecho al olvido” ha sido irresponsablemente reconocido, éste ha sido invocado para limitar o restringir la circulación de información de interés público[8].

Ante este escenario, las causales y limitantes descritos en la iniciativa que deben configurarse para ejercer el “derecho al olvido” se refieren a principios ya existentes en materia de protección de datos personales, los cuales son insuficientes para evitar un uso ilegítimo del derecho a la cancelación y la limitación exacerbada de la libertad de expresión en línea. De hecho, la RELE estima que la aplicación de un sistema de remoción y desindexación privada de contenidos en línea, con límites tan vagos y ambiguos como los aquí referidos, resulta particularmente problemático a la luz del amplio margen normativo de protección de la libertad de expresión bajo el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[9]

Las restricciones a la libertad de expresión solo resultan admisibles cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen que ésta (i) se encuentre establecida por medio de leyes en sentido formal y material, y dichas leyes deben ser claras y precisas; (ii) busque una finalidad imperativa (orientada al logro de objetivos imperiosos, interpretados de acuerdo a los principios de una sociedad democrática); (iii) sea necesaria, idónea y proporcional para alcanzar la finalidad perseguida; (iv) se someta a garantías judiciales; y (v) satisfaga el debido proceso.[10]

Memoria histórica

La historia de México está marcada por la falta de garantía del  derecho a la verdad y del acceso a la justicia. Las violaciones graves de derechos humanos se han ocultado pese a los intentos por investigar los crímenes del pasado.Por lo anterior, desde ARTICLE 19 consideramos que, aún con el establecimiento de las salvaguardas necesarias para resguardar el derecho a la libertad de expresión e información, el “derecho al olvido” no debería implementarse en México, debido a que el acceso a la información y el combate a la impunidad -sobre hechos graves de violaciones a derechos humanos y de corrupción- es una lucha contra el olvido y apuesta por la recuperación de la memoria histórica que el Estado mexicano ha querido enterrar. Más que olvidar, nuestra sociedad necesita saber, reconocer y recordar.[11]

Una mala interpretación y, consecuentemente, una mala aplicación del derecho de cancelación de datos personales puede llegar a explotarse de forma inconstitucional para restringir la circulación y flujo de información relevante y útil para la sociedad bajo argumentos centrados en la privacidad y protección de datos personales, atentando contra los Artículos 6° y 7° constitucionales, así como el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto a la libertad de expresión e información. A la luz de los derechos humanos, el “derecho al olvido” no constituye una medida de restricción del derecho a la libertad de expresión idónea, necesaria y proporcional. El interés público y los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Mexicana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano ha ratificado, deben prevalecer respecto del derecho de cancelación de datos personales de terceros interesados.

Desde ARTICLE 19 hacemos un llamado al Senado de la República, particularmente a las Comisiones Unidas a las que fue turnada la iniciativa (de Anticorrupción, de Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos) para advertir sobre los riesgos de la iniciativa y evitar su aprobación, a fin de enfatizar la garantía de los derechos a la libertad de expresión, información,  memoria y verdad. ARTICLE 19 confía en que senadoras y senadores concuerden con estos argumentos para que pueda verse detenida tan lesiva iniciativa.

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Nace nieto de AMLO en Houston y lleva por nombre Salomón Andrés

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El primer nieto del presidente de México se llama Salomón Andrés López Adams. Nació hace unos días en Houston.

La madre del pequeño Salomón Andrés, Carolyn Adams, radica en la ciudad texana desde hace seis meses; su padre, José Ramón, es el primogénito de Andrés Manuel López Obrador y Rocío Beltrán Medina.

La madre de Carolyn, Catarina Solano, es brasileña, de Río de Janeiro, y su padre, estadounidense, es de Kentucky. La nuera de AMLO llegó a México en 2016 y se instaló en Monterrey. Para 2018 vivía en la Ciudad de México, en Polanco. Su relación con el hijo mayor de López Obrador coincidió con la etapa de transición, refieren amigos del joven abogado. Viajaba constantemente a San Diego, California, donde radican algunas amigas.

A mediados de septiembre del año pasado, después de acudir a un evento en Washington D.C. se trasladó a Woodlands, un suburbio de Houston. En su casa, el 12 de diciembre, celebró su cumpleaños y, simultáneamente, el baby shower de su hijo, que organizaron su madre y su abuela.

Carolyn y el empresario tabasqueño de 38 años comenzaron una relación sentimental hace más de un año. La nuera del Presidente de México tiene 35 años de edad y Salomón Andrés es su segundo hijo; la primera tiene 15 años.

Carolyn trabaja en una empresa regiomontana proveedora de Petróleos Mexicanos. Llegó a México contratada por Cava Energy, un fondo de inversión que forma parte de Stella Holdings, enfocado al desarrollo de proyectos de infraestructura, particularmente gasoductos. Ella se dedica al cabildeo, entre otras actividades.

Stella Holdings tiene su cuartel general en Monterrey, donde radican sus directivos: Carlos Álvarez de Alba, Jaime F. Cantú y Rodrigo Peña. El grupo está integrado por las firmas Diestel, Capital Agrícola, Stella Inmobiliaria y Cava Energy.

Carolina Adams, como también la llaman en los medios, trabajó en British Petroleum y vivió en Dubai hasta 2015. En ese lapso realizó una decena de viajes a México, donde conoció a Juan Carlos Ganem, directivo de Cava Energy, quien la invitó a colaborar.

LA NOVIA DEL HERMANO

El 1 de diciembre de 2018, José Ramón López Beltrán acudió sin acompañante a los eventos de la inauguración del sexenio de AMLO. A la toma de protesta –en el recinto legislativo de San Lázaro–, al banquete en el patio de honor de Palacio Nacional y a la verbena popular del Zócalo, sus hermanos fueron vistos con sus novias: Andrés Manuel Jr., ahora de 32 años,acudió con la modelo y actriz venezolana Irene Esser, y Gonzalo Alfonso, con una joven cuya identidad aun se desconoce.

En la víspera, circuló profusamente en redes sociales la versión de la boda entre Andrés Manuel Jr. e Irene Esser, que se habría celebrado en una hacienda henequenera propiedad del banquero Roberto Hernández. Esa información, retomada por “influencers” y articulistas políticos, entre ellos el publicista Carlos Alazraki, fue desmentida por el entonces presidente electo.

“A Carlos Alazraki lo obnubila su conservadurismo y su fobia anti-AMLO”, respondió el político tabasqueño en Twitter, el 12 de noviembre de 2018, “al grado de inventar una supuesta boda de mi hijo en un hotel de lujo en Campeche. Lástima porque me alegraría mucho llenarme de nietos. ¡Ojalá se animen mis vástagos!”.

LA APARICIÓN PÚBLICA DURANTE EL EMBARAZO

José Ramón y Carolina Adams tuvieron su primera aparición pública como pareja el 1 de septiembre del año pasado. Ubicados en la primera fila, en el patio central del Palacio Nacional, escucharon el mensaje del presidente de México, por la entrega de su Primer Informe de Gobierno al Congreso de la Unión.

La vestimenta de Adams –un outfit que incluyó una bolsa Chanel y zapatillas Valentino– generó una oleada de comentarios en redes sociales. No pasó desapercibido su embarazo. La pareja había confirmado su asistencia a la ceremonia del Grito de Independencia, pero canceló de última hora y, desde entonces, no han vuelto a ser vistos juntos nuevamente en público.

Carolyn es aficionada a los deportes y a los zapatos, según describen sus redes sociales. «Always chasing sunshine», es una de sus frases preferidas.

El 1 de diciembre pasado, sus hermanos Andrés Manuel Jr. y Gonzalo Alfonso, de 28 años, acudieron acompañados de sus parejas a un evento en el Zócalo capitalino, donde el presidente de México ofreció un mensaje a propósito de su primer año de gobierno. A José Ramón pudo vérsele sin su novia, al lado de su hermano menor, Jesús Ernesto López Gutiérrez, de 12 años, hijo de Beatriz Gutiérrez Müller, quien, por cierto, este lunes 13 de enero cumplió años y fue festejada por el presidente con una comida en el restaurante El Cardenal, según lo publicó AMLO en su cuenta de Twitter.

DE LA POLÍTICA A LA VIDA EMPRESARIAL

López Beltrán acompañó a su padre en la conformación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), enfocado a la región centro del país. Junto con sus hermanos Andrés y Gonzalo es propietario de El Rocío, una finca cacaotera ubicada en Teapa, y de una fábrica de chocolate artesanal que en abril del 2019 lanzó sus primeros productos al mercado gourmet.

Los hijos de AMLO se incorporaron a las actividades políticas hasta la campaña presidencial del 2012. A la muerte de su madre, en 2004, eran menores de edad, y entonces recibieron como herencia las propiedades del matrimonio López Beltrán: dos departamentos ubicados en Copilco Universidad.

Hace dos meses, durante una visita a Teapa, López Obrador admitió que su finada esposa fue responsable de la formación de sus hijos, durante sus primeros años en la oposición. “Yo andaba en la lucha y quien se hizo cargo de formarlos fue ella y me los dejó bien formados. Por eso ahora no batallo”, recordó ante los asistentes a la asamblea ejidal, a quienes presentó el programa Sembrando Vida, acompañado por los gobernadores de Chiapas y Tabasco.

“No es fácil para ellos su situación. Están acechados, vigilados”, subrayó el Ejecutivo federal, en alusión a sus hijos mayores. “Tienen que actuar con rectitud, pero no les cuesta trabajo, porque la mamá los formó de esa manera. Y eso me ayuda mucho”.

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