AGENCIA SIM
Cancún.- Durante la actual emergencia sanitaria, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) se ha mantenido activa, interviniendo ante cinco municipios que habían interpuesto un “toque de queda”, al igual que con la Secretaría de Seguridad Pública, por el filtro vehicular restrictivo instalado en Chetumal.
Marco Antonio Toh Euán, presidente de la Cdheqroo, comentó que “no hemos parado”, aunque debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 priorizan la conciliación telefónica u otras medidas a distancia.
La primera actuación que realizaron, derivado de la actual contingencia, fue dialogar con cinco municipios que habían decretado “toque de queda”, sin tener facultad para ello, pues infringe el derecho a la libre circulación.
En estos casos, se dialogó con las autoridades para que modificaran el lenguaje empleado, quedando finalmente como exhortos.
Los ayuntamientos donde intervinieron incluyen a José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco.
También han tenido que revisar el tema de los filtros vehiculares, que pueden revisar a la ciudadanía, pero no impedirles el libre paso, situación que ocurría en Chetumal y que han visto en otros puntos del estado.
Toh Euán indicó que todavía mantienen diálogo con la Secretaría de Seguridad Pública, ante quien debieron intervenir, al existir ya cinco quejas contra su filtro.
Dijo entender que el derecho a la vida es primordial (argumento utilizado por el titular de la SSP, Alberto Capella Ibarra para justificar el filtro en redes sociales), pero también debe considerarse que ciudadanos de zonas rurales necesitan acudir a la ciudad para abastecerse de alimentos o productos, acudir a bancos o efectuar trámites.
La Cdheqroo, cabe recordar, también tuvo que emitir una medida cautelar contra este funcionario, que a diario publicaba fotos, nombres y apellidos de personas que presuntamente incitaban a saqueos, situación que vulneraba su presunción de inocencia.
Por último, la Cdheqroo ha tenido que atender personal médico o de enfermería que dicen tener problemas con sus centros de trabajo, por no garantizarles medidas de protección, o bien hacerlos trabajar pese a ser vulnerable ante el coronavirus.
También han gestionado atención diligente para enfermos que decían que no la recibían en diversos hospitales.