Por Pedro Canché
Felipe Carrillo Puerto.- De acuerdo a Luces del Siglo, el ex presidente municipal, José Esquivel «Chac Me’ex» se amparó para evitar ser detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo y solicitó también medidas cautelares contra más actos de tipo penal que le fueran atribuidos por otras autoridades.
De acuerdo con el expediente 28795411 ingresado al Juzgado Segundo de Distrito con sede en Quintana Roo, el ex funcionario demandó también protección contra una eventual orden de presentación y/o citación infundada y/o cualquier otra que llevara a su aprehensión.
En un primer resolutivo se le negó la suspensión provisional por tratarse de hechos consumados porque el juzgador consideró que el caso reunía los requisitos enlistados por la Ley de Amparo para salvaguardar la materia del caso y proteger el interés social.
En un segundo auto dictado resolvió conceder la protección judicial, pero de manera condicionada, con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo el cual establece que cuando se trate de una orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique prisión preventiva oficiosa, la suspensión protegerá al quejoso cuando quede a disposición del órgano jurisdiccional en el lugar que este señale, pero únicamente en lo que se refiere a su libertad.
O cuando se trate de delitos que no impliquen el encarcelamiento, lo protegerá para que no sea detenido siempre y cuando se establezcan las medidas de aseguramiento que se estimen necesarias para evitar que evada la acción de la justicia, así como para garantizar que se presente al proceso penal y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se le conceda la protección federal.
La resolución judicial estableció que el ex edil gozará de medidas cautelares “hasta tanto se comunique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva”, cuya audiencia incidental se fijó para el próximo 14 de octubre.
Esquivel Vargas dejó al municipio ahogado en deudas fiscales con 19 cuentas bancarias intervenidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por falta de pago de 41.5 millones de pesos.
El ex alcalde se convirtió en el segundo en recurrir a la justicia federal para evitar ser detenido, como anteriormente lo hizo el ex alcalde de Isla Mujeres y actual diputado federal, Juan Carrillo Soberanis, quien todavía enfrenta procesos por corrupción.
