CD de México.-En una misiva hecha llegar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la asociación internacional Parlamento Europeo, solicita la no aprobación de las reformas constitucionales que den paso a la creación de la Guardia Nacional en México.
En el penúltimo párrafo de su misiva, está asociación señala que durante los dos últimos gobiernos, la estrategia de militarización de la seguridad pública ha traído como consecuencia cifras alarmantes de asesinatos, tortura, desaparición forzada y detenciones arbitrarias» expresan integrantes del parlamento alemán sobre la GuardiaNacional.
Indican que el camino no es la militarización de las acciones que se deben tomar en Seguridad Publica, ya que tales reformas posibilitaría a los castrenses facultades hasta de investigación y por experiencia en otros lados o países.
Solicitan a los diputados federales que no aprueben dicha iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero solo exponen su preocupación sin argumentar sus razones no temores.
Según el resultado de su participación en diversas audiencias públicas y foros exponen que les preocupa que si bien la Guardia Nacional estará dirigida por un civil, todo en su funcionamiento y operatividad sea la militarización, es decir, al estilo castrense.
El reclutamiento, adiestramiento, capacitación, organización de sus efecrivos, despliegue de operatividad, equipamiento y jerarquía serán de acuerdo al régimen militar, lo que preocupa por la posible trasgresión a los derechos humanos.
El Parlamento Europeo no sustenta con estadísticas o cifras, ni lugares donde la militarización de la Seguridad Publica haya fracasado.
Es preocupante, precisan, que se otorgue poder a esta Guardia Nacional para investigar delitos, perseguir delincuentes y presentarlos antes la policía ministerial.
En el último párrafo de la misiva los firmantes exhortan al desestimiento de aprobar las reformas constitucionales que crearán la Guardia Nacional en México y en su lugar desarrolle un plan gradual para retirar gradualmente a los elementos de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, que en la actualidad realizan.
Ciudad de México.- El Comité de Derechos Humanos de la Organización Nacional de las Naciones Unidas determinó que la activista y periodista Lydia Cacho fue objeto de actos de tortura y discriminación por parte del Estaso mexicano.
Esto debido a que en octubre de 2014 Lydia Cacho y la organización Artículo 19 denunciaron al Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos, por lo tanto, una vez dictaminado el caso y dictada la sentencia, el Estado mexicano reconoció públicamente su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Lo anterior forma parte de la reparación integral que determinó el Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio pasado.
También da la razón a la periodista de que fue sujeta a reiteradas agresiones sexuales, amenazas de muerte y tortura por parte de los agentes policiales durante la detención en la Procuraduría General de Justicia de Puebla. Los actos constituyen una violación del artículo 7 del Pacto.
En las resoluciones finales, el Comité hace notar que los tratos a los que se sujetó la autora tuvieron un objetivo discriminatorio por razón del sexo con violencia de género inflingida. Además, determina que la detención de la periodista violó su derecho a la libertad de expresión contenido en el artículo 19 del Pacto.
«El Comité considera que, en las circunstacias descritas, y a la luz de las declaraciones vertidas por el empresario (Kamel Nacif) en cuestión y por altas autoridades ejecutivas y judiciales del estado de Puebla, no desmentidas por el Estado parte, y por los motivos establecidos, la detención de la autora no fue una medida necesaria ni proporcional, sino más bien una medida de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria, en violación del artículo 9 del Pacto», se lee como parte del resolutivo final.
«El Comité de Derechos Humanos, dictamina que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una vulneración de los artículos 3, en relación con el artículo 7; 7; 9; 19; y 2, en relación con los artículos 3, 7, 9, y 19 del Pacto», determina el documento de la ONU.
*La alcaldesa de Puerto Morelos y presidenta de la Conamm participa en la audiencia pública sobre la Guardia Nacional, realizada en la Cámara de Diputados
*Destaca que la seguridad pública es uno de los temas relevantes en la agenda del país, y por ello todos los órdenes de gobierno y la sociedad en general deben contribuir al diálogo y la construcción de soluciones
*Señala que desde los municipios apoyan la creación de la Guardia Nacional, pero de carácter civil
Ciudad de México, 9 de enero de 2019.- “Las autoridades municipales deben ser protagonistas de una política nacional de seguridad pública que combata en definitiva la violencia y resuelva la propagación de la delincuencia en nuestro país, pero que sea perdurable y en la cual los 2,462 municipios tengan una responsabilidad, un compromiso y una función central, sin exclusiones ni visiones centralistas”, destacó la alcaldesa de Puerto Morelos y presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), Laura Fernández Piña.
En el marco de la audiencia pública sobre la Guardia Nacional, que tuvo lugar hoy en la Cámara de Diputados, comentó que la seguridad pública es uno de los temas relevantes en la agenda del país, y por ello todos los órdenes de gobierno y la sociedad en general deben contribuir al diálogo y la construcción de soluciones que permitan mejorar la calidad de vida en todo México. Dijo que apoyan una Guardia Nacional pero de carácter civil.
Por tal motivo, remarcó que los gobiernos municipales deben acompañar todas las iniciativas del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y del Congreso nacional, que se orienten a enfrentar con mayor efectividad el grave flagelo que daña la paz y la convivencia a lo largo de todo el territorio nacional.
Laura Fernández dijo que la solución de fondo y permanente de la problemática de inseguridad debe considerar el respeto al modelo constitucional y político que los mexicanos han adoptado a lo largo de la historia institucional moderna, la preservación del régimen federalista, en el que conviven tres ámbitos de competencia de los respectivos órdenes de gobierno, y la construcción de un consenso sobre las responsabilidades, reparto de recursos y visión integral del fenómeno.
Luego de destacar los nuevos tiempos que vive México, en los que es fundamental la coordinación plena de todas las instituciones, sin importar la filiación partidista de quienes las encabecen, indicó que con motivo de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el esquema de seguridad en el país, y que implica la creación de una Guardia Nacional, se debe respetar la arquitectura constitucional y legal que actualmente orienta las competencias en materia de seguridad.
“La Federación tiene la obligación de atender los fenómenos de delincuencia organizada y combate al narcotráfico (y para ello cuenta con los instrumentos y recursos respectivos), y los municipios tienen la responsabilidad de la seguridad preventiva (y de ella derivan las competencias y los limitadísimos recursos de que disponemos en la materia)”, señaló.
En el marco de la Mesa III: Estrategias municipales de seguridad, Laura Fernández dijo ante diputados, senadores y alcaldes del país, que los municipios elevan la voz para convocar a no militarizar la seguridad pública nacional, sino a propiciar el apoyo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad como una etapa y en un entorno perfectamente acotado. “Deben ser las policías federal, estatales y municipales las que profundicen la profesionalización”, sostuvo.
“A nivel local y municipal debe claramente alentarse un modelo de seguridad ciudadana que anteponga el fortalecimiento de las estrategias sociales, de las policías comunitarias y del fortalecimiento de los cuerpos municipales, a través del establecimiento de estrategias y programas que prioricen la calidad de vida en las localidades”, refirió.
Al respecto, solicitó no recortar los fondos para seguridad pública a municipios que han sido establecidos en los últimos lustros en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que justamente es una iniciativa municipalista y a partir del que fue el emblemático Subsemun y actualmente Fortaseg.
“Desde la perspectiva municipal, está claro que no se puede comulgar con una estrategia centralizadora que otorgue todas las competencias, todos los recursos y todos los instrumentos de seguridad a un cuerpo militarizado, que claramente representa un riesgo para los derechos ciudadanos, para desviar la vocación de las fuerzas armadas y para establecer al ejército en las calles de nuestras ciudades en forma permanente”, apuntó.
“No es cuestión menor el modelo que elija México para su Guardia Nacional. Los legisladores que aprueben los cambios constitucionales tendrán en sus manos el diseño de una cuarta institución con capacidad para el uso de la fuerza”, concluyó.
Ciudad de México.- En la integración de las Comisiones de Trabajo del Primer Receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, la única legisladora de Quintana Roo que quedó incluida es la senadora Marybel Villegas Canché.
De los 37 legisladores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, formada por la primera comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia; la segunda comisión: relaciones exteriores, defensa nacional y educación pública; la senadora Marybel Villegas Canché fue incluida en la tercera; hacienda y crédito público, agricultura y fomento, comunicaciones y obras públicas.
Así, ni los senadores José Luis Pech Várguez (Morena) y Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN); ni los diputados morenistas Luis Alegre Salazar, Mildred Ávila Vera, Patricia Palma Olvera, Ana Patricia Peralta de la Peña y Jesús Pool Moo fueron considerados; como tampoco el pevemista Jorge Emilio González Martínez; ni la del PES, Adriana Teissier Zavala.
• El paquete económico 2019 no contempla reducción del IVA para Chetumal.
• Se mantiene cobro de cuotas sobre combustibles, recaudarán 10 mil millones de pesos más, respecto al 2018.
Ciudad de México. – La senadora Mayuli Martínez refirió que en el paquete económico que presentó el gobierno federal para su revisión y aprobación, no se contempla la reducción del IVA para la zona fronteriza de Chetumal y mantiene el cobro de cuotas a los combustibles.
“En la primera revisión que hacemos del paquete económico que presentó el titular del Poder Ejecutivo Federal, observamos que no cumple con los ofrecimientos que realizo durante la campaña, como la reducción del costo de los combustibles; ante esto, con la interlocución de diputados del PAN pugnaremos por incluir estos temas para mejorar la calidad de vida de las familias e impulsar el desarrollo económico del país” señaló la senadora Mayuli Martínez Simón.
De acuerdo a lo plasmado en el paquete económico, el gobierno federal pretende recaudar el próximo año, 10 mil millones de pesos más respecto al 2018, en lo que se refiere a las cuotas de combustibles.
La reducción del IVA para la ciudad de Chetumal, no se contempló en el paquete y ahora solo resta plantearlo durante la revisión en la cámara de diputados, de lo contrario no se aplicará durante el 2019.
“Lamentablemente para el próximo año no se está contemplando la disminución del IVA para la zona fronteriza de Chetumal, si bien el PAN lo planteó en septiembre del presente año, el titular del Poder Ejecutivo Federal ofreció aplicarlo en un plazo muy lejano, pero vemos que su intención es no aplicarlo durante el 2019”.
Finalmente, la senadora Mayuli Martínez confió en que ambos temas sean consensuados y si el grupo mayoritario de Morena antepone el bienestar de las familias, se podría hacer una realidad la reducción del costo de los combustibles y la disminución del IVA para Chetumal.
• Panistas proponen 10 acciones al Poder Ejecutivo Federal para mantener el crecimiento económico.
• Necesario respetar las atribuciones de los Poderes de la Unión, Estados y Municipios en la conformación del paquete fiscal.
Ciudad de México.- La Senadora Mayuli Martínez dió a conocer que los integrantes de la Comisión Permanente Nacional del PAN, han solicitado al titular del Poder Ejecutivo Federal que contemple diez medidas en diversos rubros para mantener el crecimiento económico de México y sobretodo, respetar las atribuciones de los Poderes de la Unión, Estados y Municipios en la conformación del paquete fiscal 2019.
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“En el PAN no estamos de acuerdo con la clara intención del Poder Ejecutivo de centralizar recursos de manera discrecional, de invadir atribuciones de los Poderes de la Unión y mantener una negativa colaboración fiscal con los estados y municipios en la conformación del paquete fiscal del próximo año” expuso la Senadora Mayuli Martínez.
En este sentido, dijo estar preocupada porque este gobierno federal continúa sin realizar pronósticos serios y metas sobre las perspectivas económicas del año 2019, “los errores que han cometido aún antes de asumir el poder, han impactado en la confianza de los mercados y han afectado los empleos. Ya hoy hay una evidente afectación a la economía del país”.
“Con las mismas responsabilidades con las que hemos actuado siempre, el Partido Acción Nacional en el pleno de la Comisión Permanente Nacional, exigimos al actual titular del Poder Ejecutivo Federal, la definición de diez acciones para el crecimiento económico, que deben ser contempladas en el paquete económico que rija para el próximo año, esto con la finalidad de mejorar el rumbo de la economía de México”.
DIEZ ACCIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (listado)
1.- Bajar el precio de la gasolina, gas LP y energía a partir del 1 de enero de 2019.
2.- Eliminar los topes a la deducibilidad en los gastos de servicios médicos, colegiaturas, servicios de transporte escolar, gastos funerarios, gastos de previsión social y aportaciones voluntarias de retiro.
3.- Reducir el IVA y el ISR en las regiones fronterizas del norte y sur del país.
4.- Cero incrementos a la deuda pública y absoluto respeto a las decisiones del Banco de México.
5.- Ni un peso menos a la educación básica.
Ni un peso menos a la salud pública ni a grupos vulnerables.
Ni un peso menos al campo y al desarrollo rural.
Ni un peso menos a Estados y Municipios.
Ni un peso menos a la promoción turística.
6.- Presupuesto suficiente para labores de Seguridad Pública.
7.- Cumplir con el incremento ofrecido en las participaciones y aportaciones federales para los estados y municipios.
8.- Inclusión equitativa y apartidista en los presupuestos de obra pública y en los proyectos de infraestructura en curso o prioritarios en los estados.
9.- Transparentar los programas sociales.
10.- Incrementar el salario mínimo.
“Con estas acciones garantizaremos el fortalecimiento económico del país, hoy necesitamos decisiones congruentes en beneficio de las familias, no ocurrencias con tintes partidistas, por ello reiteramos nuestro llamado al Poder Ejecutivo Federal, para dejar de enviar señales negativas en materia financiera y hacer a un lado el autoritarismo, trabajemos unidos por el bien de México” concluyó la senadora por Quintana Roo, Mayuli Martínez