Mérida, Yucatán.- El gobierno federal presentará en febrero, una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para eliminar el Seguro Popular y su mecanismo de financiamiento. Se terminará la descentralización de los servicios que estuvo vigente en los últimos 20 años y se formalizará en la Ley, el Acuerdo general que este viernes suscribió el presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores de ocho estados.
El convenio permite a la federación disponer de 22 mil 500 a 25 mil millones de pesos adicionales al presupuesto -que provendrán de los 90 mil millones que hay en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos- a fin de garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos para las personas que carecen de acceso a la seguridad social.
En la primera etapa de la estrategia participan las entidades donde viven las personas con mayores niveles de pobreza, en particular cinco millones de indígenas de Guerrero, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
“Lo que queremos es un sistema de salud de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos, que se garantice el derecho a la salud establecido en el artículo cuarto de la Constitución pero es letra muerta, porque más de la mitad de los mexicanos no tienen seguridad social”. Un sistema al estilo de los países nórdicos y Canadá, dijo.
Desde temprano, en conferencia, el mandatario dio detalles del acuerdo y nuevo plan de salud. Dijo que cada seis meses se integrarán ocho nuevos estados a la federalización; se asignarán en total, 50 mil millones de pesos adicionales. Expuso: ‘’El convenio significa que los estados trasladan sus servicios de salud a la federación, la cual se hará cargo de los mismos.
Y apuntó además: ‘’Sobre el llamado Seguro Popular, es evidente que no ha funcionado. Ni es seguro, ni es popular. Y será sustituido de forma paulatina. En tanto, los servicios se seguirán prestando “como siempre”.
Para López Obrador, uno de los problemas actuales es la fragmentación, la desintegración del sistema de salud. Hoy tienen responsabilidad sobre éstos, los estados y por el gobierno federal, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Todos tendrán más presupuesto ‘’y lo que queremos es integrarlos, y comenzar dando atención especial a la población que no tiene seguridad social, a los que no son derechohabientes’’, esto es, a más de la mitad de los mexicanos.
Respecto de las medicinas, dijo que es uno de los mayores problemas de corrupción. Hay dinero suficiente pero no hay medicamentos en clínicas y hospitales. Y es que “hacían su agosto los que venden medicamentos. Hasta políticos se dedicaban a venderlos por influyentismo. Y se compraban muy caros, por eso no alcanzaba… todo eso se va a eliminar’’.
Para este fin, trabajarán las secretarías de Salud y de la Función Pública y él mismo estará pendiente de que no se desvíen recursos. Además se pedirá la intervención de la Oficina de Transparencia de la ONU para las compras y si no hay condiciones en el país para el abasto, se abrirán licitaciones internacionales.
Más tarde, en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, los gobernadores de los estados donde inicia la federalización de servicios, ofrecieron su respaldo al nuevo proyecto. Asistieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer y los directores del IMSS, Germán Martínez, y del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, legisladores federales y otros funcionarios del sector.
Ahí, el presidente planteó poder rescatar los servicios sanitarios en todos sus niveles, integrar los centros de salud con las unidades del Seguro Social (IMSS Bienestar), los hospitales para la atención de emergencias y los institutos nacionales de salud para la alta especialidad.
Dijo que se eliminará el llamado cuadro básico de medicamentos porque el derecho a la salud comprende “todos los medicamentos” incluso los de alto costo. “Es un asunto que tenemos que resolver entre todos o, porque cuesta ¿no los vamos a atender?”.
También se refirió a los enfermos terminales para los que propuso diseñar un mecanismo de asistencia para bien morir, lo que actualmente no está considerado en el sistema de salud.
López Obrador reconoció que la reforma en salud es un asunto complejo y se requiere el apoyo de los trabajadores. Enseguida ofreció la regularización de contratos de alrededor de 80 mil de ellos que durante 20 años han laborado como eventuales o por honorarios.
En entrevista por separado, Ivonne Cisneros, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), administradora de los recursos del Seguro Popular, explicó que la iniciativa de reforma a la ley planteará que todo el dinero sea administrado por la federación, desaparecer la estructura de la CNPSS donde trabajan 415 personas en el nivel central y seis mil plazas que se crearon solo para la afiliación a este esquema de aseguramiento.
Ese dinero se destinará a los servicios médicos, dijo, al tiempo que aseguró que la atención médica para personas con VIH/Sida y el resto de enfermedades de alto costo que se pagan con el FPCGC está garantizada. En 2019 se dispondrá de 12 mil millones de pesos para ese fin.
Aglomeraciones y revisión especial en el aeropuerto
En su tercera gira por el país, López Obrador encontró aglomeraciones en los aeropuertos de Ciudad de México y en Mérida. La gente se acercó al mandatario para saludarlo y sacarse fotografías con él.
En la terminal capitalina, para el vuelo 2520 de Interjet, en la línea uno del principal filtro de seguridad se hizo una revisión especial a los pasajeros, lo cual incluyó un test para detectar explosivos.
A su llegada a Mérida, el trío Los Embajadores recibió al presidente con la canción Peregrina que, López Obrador describió en una breve declaración: “esa canción es un símbolo para los luchadores sociales y progresistas”.
